edición: 2763 , Jueves, 18 julio 2019
05/06/2019

El Plan de Reformas del Gobierno de Sánchez enviado a Bruselas propone pensiones por capitalización

La propuesta “simplifica” la contratación, elimina indemnizaciones e incorpora la gestión privada
Carlos Schwartz
Perdido en la página 31 del Programa Nacional de Reformas que el Gobierno de Pedro Sánchez ha enviado a Bruselas, como enunciado de los cambios estructurales que se propone, se afirma de un lado el objetivo de reducir “la segmentación del mercado laboral” mediante la simplificación y reordenación de los contratos de trabajo con el objetivo de establecer tres categorías: “contrato indefinido, temporal estructural y formativo”. En segundo lugar, “abordar la implantación gradual de un sistema de cuentas individuales de capitalización para la movilidad (CSR 2.2.3) a través de la creación de un Fondo que permita a los trabajadores hacer efectivo el abono de las cantidades acumuladas a su favor en los supuestos de despido improcedente, de movilidad geográfica, para el desarrollo de actividades de formación o en el momento de su jubilación”. De acuerdo con el texto de la propuesta de reformas, esta ”tiene potencial para contribuir significativamente al dinamismo laboral y a la productividad española, y se abordará en el marco del diálogo social para que su diseño y aprobación cuente con los mayores consensos posibles”. Por si acaso, esta hipótesis carece de fundamentación, es un mero enunciado. El Gobierno ha gestionado el apoyo del 'Structural Reform Support Programme', aprobado por el Consejo Europeo bajo la presidencia austriaca en 2017, para la elaboración de un estudio sobre este instrumento. Según anunció en su momento el Ministerio de Economía lo haría la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Es decir que el futuro Gobierno del PSOE se propone, una vez se constituya, hacer la transición del sistema de reparto en el que se funda el sistema de pensiones públicas actual hacia un sistema de pensiones por capitalización en el que se vuelque una parte del sueldo bruto de los trabajadores, pero nada se sabe de las cuotas sociales de los empleadores, con el criterio de una cuenta personal por trabajador en la que se acumularían dicha parte del sueldo a lo largo de la historia laboral. 

Un sistema de esta naturaleza requiere de una gestión profesional, que quedaría en manos de la banca. La propuesta encaja además con el denominado Plan Europeo de Pensiones Privadas (PEPP) convertido en una realidad jurídica tras un acuerdo entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea en febrero de este año. El objetivo del Gobierno es uno de los pasos más audaces en la larga historia de los intentos de liquidación por transformación del régimen de pensiones de la seguridad social cuya defensa ha generado una fuerte movilización entre el colectivo de pensionistas españoles.

Pero el plan va bastante más allá de la transformación de un régimen público de pensiones en un régimen privado, basado en los aportes del trabajador y/o las cuotas sociales a cargo de los empleadores. Este es un asunto que no queda claro, ya que es probable que de momento sea objeto de controversia. Su contrapartida es la eliminación de las indemnizaciones por despido improcedente, o al menos una parte de ella, ya que el diseño de este plan está concebido como forma de incluir en él el concepto de indemnización, puesto que el trabajador podría disponer de los recursos acumulados en su “mochila” individual en caso de esta forma de despido, y al mismo tiempo se borraría la frontera entre los contratos indefinidos y los temporales estructurales, lo cual equivale a sacar de las estadísticas a la precariedad laboral. 

La idea de la “implantación gradual” viene a cuento de que, durante un periodo de transición, deberá existir una convivencia entre el sistema público actual y la introducción de esta “novedad” por la que vienen empujando las entidades financieras desde “el principio de los tiempos”. Nadie ha dicho que el sistema público se vaya a extinguir, pero desde luego en el razonamiento liberal de personajes como la ministra de Economía Nadia Calviño, una funcionaria de carrera de la Unión Europea, esta será una cuña para reducir el sistema público de pensiones a un mecanismo testimonial, proveedor de pensiones mínimas ya que las cuotas sociales de los empleadores irán a parar al Fondo de gestión privada. 

Que esto no es un ejercicio intelectual lo demuestra el hecho que el departamento de Asuntos Económicos de La Moncloa, dirigido por Manuel de la Rocha, se ha dedicado a reunir a empresarios de distintos sectores para recabar su opinión y proponerles que aporten sus respectivos estudios al proyecto. La Moncloa se ha aficionado a reunir a colecciones variopintas de empresarios, en cónclaves que el presidente de Gobierno aprovecha para soltar algunas de sus ideas, o las que su equipo ministerial pergeña. Aunque en este tema el presidente se ha ahorrado las apariciones personales, quizá por estrategia, si se tiene en cuenta lo conflictivo del tema.

Los escarceos preliminares sobre este asunto, que han detonado las diferencias entre carteras en el actual Gobierno, como la oposición de la ministra de Trabajo, Margarita Valerio, no alcanzan a ocultar sin embargo que hay una voluntad profunda de llevar adelante esta reforma. Este no es un invento español, existe una presión sistemática a escala internacional por parte de las grandes entidades financieras con el afán de echar mano de la gestión de los recursos de las seguridades sociales. La triste experiencia de países como Chile y Argentina en torno al fracaso de los sistemas de pensiones privados no obsta para que cíclicamente esta opción se reactive. 

La caída del beneficio de la banca europea provocado por los bajos tipos de interés es un motor decisivo de este empuje, en la medida que la gestión de los inmensos recursos que supone cualquier sistema previsional nacional implica unas comisiones “salvadoras” para las cuentas de explotación bancarias. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ya anunció su voluntad de privatizar los sistemas de pensiones públicos en el país para introducir el modelo de “pensiones miseria” imperante en Chile. El debate está abierto en España, pero el proceso de diálogo con los “interlocutores sociales” no ha adquirido aun velocidad de crucero, sino que ha sido de momento una toma de contacto. La cuestión recién tomará cuerpo una vez que se constituya el gobierno en esta legislatura. Habrá que ver cual es la reacción social.

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