edición: 2746 , Martes, 25 junio 2019
30/11/2018
Pretenden que el plan sirva de aval en Bruselas

El `plan trampa´ del Gobierno italiano para burlar a la Comisión Europea

La pretensión de cubrir el déficit recaudando del 1% del PIB por el plan de desinversiones obliga a `calentar ´ el inmobiliario para incrementar el valor de los inmuebles
Juan José González
La Comisión Europea advierte al Gobierno italiano de los peligros de elevar el déficit pactado con Bruselas y recibe una respuesta equivalente a una larga cambiada, esto es: "planeamos ventas y desinversiones inmobiliarias equivalentes al 1% del PIB". Así piensa el díscolo socio europeo y Ejecutivo italiano hacer frente a las demandas de Bruselas para evitar que el país entre en una dinámica de déficit peligrosa. El 1% del PIB italiano equivale a 1.731 millones de euros, cantidad verosímil pero lejos de convertirse en real. Lo que no resta para las autoridades del país, Luigi Di Maio y Matteo Salvini, hagan sus cuentas e, incluso, sobre el papel, les salgan. Aseguran que con las ventas y privatizaciones del Estado en edificios, solares, fincas y demás, el 1% del PIB es posible y además suficiente para rebajar la deuda en el ejercicio presente en un 0,3%; del 1,7% el próximo año; del 1,9% en 2020 y el 1,4% en 2021. Estos son los últimos cálculos que salieron de Roma para Bruselas y que cuentan con bastantes posibilidades de que sean aceptados, si bien, todavía la Comisión alberga todas las dudas sobre la medida estrella -ventas inmobiliarias- y otras colaterales como suavizar la presión fiscal sobre los ciudadanos, control y racionalización de los gastos corrientes de la Administración, entre otros. Desde que el Gobierno italiano comunicara a Bruselas sus planes, no han parado de salir voces escépticas respecto a las posibilidades -escasas o nulas- de éxito de los planes del Gobierno. Otras voces más optimistas tienen en cuenta el valor estimado del millón cien mil inmuebles que posee el Estado por un valor aproximado de 300.000 millones de euros. Lo que sucede es que las ventas de inmuebles están sujetas al precio y a la velocidad que suelen marcar los mercados y que, en este caso, se antojan escasos de demanda.
Pero la idea del Ejecutivo cuenta con fuertes resistencias de observadores expertos y también de algunos informes del ministerio de Economía que advierten -y documentan- que la venta de inmuebles, las privatizaciones y demás, no han funcionado en el pasado y es muy difícil que funcionen en el presente y futuro. La materialización de inversiones inmobiliarias suele estar sujeta a precios y tiempos que marca el mercado. Si se trata de propiedades estatales los plazos pueden cambiar pero para mal, es decir, las negociaciones entre oferta y demanda no son precisamente un modelo de rapidez y eficacia. De ahí que hacer planes a corto o medio plazo puede resultar inútil o muy aventurado.

Porque, entre otros asuntos, el Gobierno ha confirmado a Bruselas que, si bien cuenta con un censo de inmuebles disponibles (y no alquilados) así como con un programa de posibles privatizaciones, tanto de participaciones empresariales como de servicios públicos, el plan del Ejecutivo de ventas necesitaría tomarse un tiempo, no inferior a seis meses. De esta forma, los plazos, la dudosa liquidez de algunas inversiones o propiedades, pone en tela de juicio la eficacia a corto y medio plazo de los planes del Gobierno.

Recordar, por otro lado, que los observadores del mercado inmobiliario tienen presente que la idea de ventas inmobiliarias y desinversiones empresariales tiene un antecedente histórico y no precisamente positivo: anteriores Gobiernos ya contaban con un detallado plan de privatizaciones que nunca llegó a ver la luz, entre otros porque los proyectos de desinversión no despejaban las dudas sobre el patrimonio histórico que, en el caso de Italia es tan numeroso como limitado y protegido por ley. 

La idea, o plan del Gobierno italiano es una larga cambiada para ganar tiempo, aprobar medidas legislativas de su programa político y confundir a Bruselas. La historia muestra que el país ha sido siempre deficitario en el balance de privatizaciones de inmuebles y empresas. Atrás quedan los planes de Gobiernos anteriores cuando estimaban ingresos por estos conceptos superiores a los 10.000 millones de euros en cinco años y que a la postre se quedaron en 2.000 millones.

Lo peor no es que las autoridades de Bruselas no se lo crean, o que a los expertos inmobiliarios les cuesta admitir que una demanda de tal tamaño vaya a encontrar compradores en un espacio de tiempo limitado, en menos de tres años. Lo peor es que los mercados financieros no se creen la solución como tampoco se creen que el resto de socios, con problemas similares o peores, no vayan a presionar para que Bruselas active y ejecute un proceso sancionador. En esta ocasión será muy difícil que Bruselas se quede sólo en la amenaza y el amago de multas a Italia por incumplir los objetivos fiscales, pues de lo contrario, seguirían el mismo camino varios países de la Unión Europea, entre ellos, España. 

Sospechan en Bruselas -y no deben andar muy despistados- que el Gobierno italiano pretende `calentar´ el mercado inmobiliario con una venta masiva de propiedades, lo que teóricamente subiría el valor del paquete del Estado y, por tanto, las posibilidades de reducir el déficit. Y si llegado el momento de cumplir plazos con la reducción del déficit no sale el plan, al menos, piensan los italianos, contarían con un aval. En todo caso, la experiencia advierte que en cuestión de privatizaciones, las cuentas de los Estados nunca salen bien y acaban por agravar el mal que pretenden corregir, casualmente, incrementando el déficit.

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