edición: 2637 , Viernes, 18 enero 2019
11/12/2018
LA OREJA DE LARRAZ

El Poder Judicial obligará a jueces y magistrados al empleo de medios informáticos en los procesos

Xavier Gil Pecharromán
El Boletín Oficial del Estado ha publicado una Instrucción que determina las condiciones técnicas que deben reunir los programas y medios técnicos que se implanten en los juzgados y tribunales para determinar que su uso sea obligatorio y en evolución constante.
En segundo lugar, establece las condiciones de formación en la utilización de los programas que se deben satisfacer para determinar que el uso de los programas pueda establecerse como obligatorio, así como el establecimiento de políticas de prevención de salud profesional con relación al uso de pantallas de visualización de datos conforme a la normativa vigente y al Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la Carrera Judicial.

En tercer lugar, establece los procedimientos para la verificación de que los programas reúnen las condiciones que permiten al Consejo imponer su obligatoriedad a jueces y magistrados, implicando en dichos procedimientos a los servicios del Consejo y a los órganos de gobierno interno del Poder Judicial, con especial consideración y aprovechamiento de las facultades que el artículo 160.7 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) atribuye a los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia para adoptar acuerdos en situaciones de urgencia.

Finalmente, en cuarto lugar, se concretan las consecuencias derivadas de no superar el test de requisitos técnicos, de gestión y de formación mínimos para que el programa pueda imponerse como obligatorio. La superación de la normativa técnica supondrá la obligatoriedad del uso de los programas por parte de los jueces y magistrados. Una vez establecida su obligatoriedad, la negativa injustificada al uso de los programas determinará los efectos que correspondan en el ámbito disciplinario.

No se establece ninguna nueva tipicidad, sino meramente se recuerda que los artículos 417 a 418 de la LOPJ establecen tipicidades que sancionan el cumplimiento de los deberes del cargo. La eficiencia que proporcione el programa desde la perspectiva del trabajo del juez o magistrado no deberá ser en ningún caso inferior a la que les proporcione la tramitación de los expedientes en papel. Las Administraciones que implanten los programas de gestión procesal deberán facilitar a los jueces y magistrados la formación necesaria para el uso de las herramientas informáticas procesales.

La Comisión Permanente del CGPJ validará la corrección y adecuación de dicha formación al ejercicio de la función judicial (por tiempo, contenidos y calidad), previo informe del Servicio de Formación Continua y, en caso de considerarse necesario, de la Sección de Informática Judicial.

La Administración que vaya a implantar el programa de gestión procesal o cualquier modificación de este deberá remitirle el programa de formación previsto para los jueces y magistrados. También lo remitirá a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, que elevará un informe al CGPJ expresando su parecer. Igual informe elevará la Sala de Gobierno al CGPJ sobre la ejecución y resultados del programa de formación.

Debe incluirse dentro de los equipos de los distintos Centros de Atención al Usuario personal formador que permita dar una respuesta inmediata a las necesidades que el juez o magistrado/a pueda tener en el uso de las herramientas y equipos, tanto en el despacho oficial como en el trabajo en remoto.

El uso de los programas de gestión procesal o de los instrumentos informáticos no será obligatorio mientras no se imparta la formación necesaria en los términos indicados. Se deberá garantizar que las personas que son miembros de la carrera judicial y los delegados/as de prevención reciban una formación e información adecuadas sobre los riesgos relacionados con la seguridad y salud derivados de la utilización de los medios telemáticos puestos a su disposición y sus programas, así como sobre las medidas de prevención y protección que hayan de adoptarse. 

Cada miembro de la carrera judicial recibirá una formación adecuada sobre las modalidades de uso de los equipos con pantallas de visualización, antes de comenzar este tipo de trabajo y cada vez que la organización del puesto de trabajo se modifique de manera apreciable.

Al tiempo de la implantación de los programas o, de ser posible, con carácter previo, deberá llevarse a cabo una evaluación inicial práctica de su funcionamiento por los jueces y magistrados que designe la correspondiente Sala de Gobierno.

La Sala de Gobierno emitirá un informe con las incidencias de funcionamiento que advierta en relación con las exigencias del anexo técnico, sin perjuicio de que puedan señalar cualesquiera otras incidencias que se adviertan.

El informe de la Sala de Gobierno será remitido a la Sección de Informática Judicial, que evaluará las incidencias detectadas a los efectos de determinar su relevancia. A la vista de los informes de la Sala de Gobierno y de la Sección de Informática Judicial, la Comisión Permanente del Consejo, previo informe del Comité de Protección de Datos determinará mediante Acuerdo el alcance de la obligatoriedad para los jueces y magistrados del uso de los programas correspondientes.

Una vez establecida su obligatoriedad, la negativa injustificada al uso de los programas determinará los efectos correspondientes en el ámbito disciplinario.

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