edición: 2579 , Lunes, 22 octubre 2018
28/06/2018

El precio de las leyes

La praxis legislativa vive días de máxima exigencia, quizá por las prisas que hay y las que vienen. O puede que por algún tipo de carencia sobrevenida por las exiguas mayorías minoritarias que escupen las urnas de un tiempo a esta parte. Tiempos de neurosis que median y condicionan como nunca los relatos, hasta el punto en que se ignora si gobernar a golpe de decreto es normal o no. Si no lo es, debe averiguarse la razón; por incompetencia técnica, por incapacidad intelectual, o por imposición irracional política. Da igual. El asunto tiene su aquel, pues de estas situaciones nacen las leyes que luego van al BOE.

Y lo que va, o llega, a la primera editora estatal lo hace de cualquier manera. Leyes despeinadas, con escasa reflexión y mínimo debate, surgidas y motivadas por la calentura puntual de uno o varios políticos dominantes -los llaman líderes- que no encuentran más solución a los problemas que legislar a toda velocidad. Pero esto, en sentido estricto, no es legislar, sino decretar. A golpe de decretos se han cubierto legislaturas enteras, construido aeropuertos y autopistas que de nada sirven, etcétera, etcétera.

Ahora se quiere poner remedio a las pensiones con decretos de subidas de impuestos y otras figuras para gravar a las grandes empresas. Este parece ser el modelo que seguirá el Ejecutivo de hoy, cautivado por el anterior, master en la producción industrial de decretos, y en tiempo récord; en apenas 24 horas se viste, se piensa y se calza un decreto, se aprueba un viernes y el lunes ya está publicado y vigente. Por cierto, nos habíamos olvidado del Parlamento, donde según parece se hacían, tiempo ha, las leyes. Sigamos.

Se diría que hacer una norma en forma de decreto, lleva eso, 24 horas, y que tras ser publicada en el BOE ya está todo hecho. Pues no, por desgracia no. Porque a partir de la publicación comienza el seguimiento de la norma, su utilidad, si resuelve o no, si es útil o no, en fin, si el decreto ha sido o no rentable. Medir la eficacia de una ley en términos económicos, de rentabilidad, lleva a pensar en los efectos de las leyes, en si perjudica a todos, a alguien, o a quién beneficia. Cabe preguntarse quién paga la norma o cuánto cuesta. De ahí que sus nuevas (y viejas) Señorías deberían pensar en eso y establecer (vaya, también por ley) la obligación de que cualquier nueva ley y decreto ley vaya, venga o nazca con su memoria económica correspondiente. Ahorraríamos dinero y se aprobarían la mitad, o menos, de las leyes.

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