edición: 2619 , Miércoles, 19 diciembre 2018
01/04/2018

El precio de las malas artes

Balclays habría cometido un presunto delito de fraude en la emisión y suscripción de títulos utilizando como aval -o respaldo- hipotecas. En un país civilizado (?) el presunto paga una multa que, en este caso, son 1.626 millones de euros y las autoridades cierran la investigación y a otra cosa mariposa. Esto sucede en EE UU cuyas autoridades de la Justicia han resuelto un entuerto fraudulento con Barclays en un también oscuro asunto de "malas prácticas" con nada menos que Qatar Holding.

Se trata de la típica jugarreta (guarrada en argot vulgar) tan frecuente en el uso y costumbres financieras que terminan en eso, en que alguien demanda, en este caso, las autoridades norteamericanas, que la calidad del aval no es suficiente para respaldar las acciones que se venden al público, y que en caso de apuro, de revés o fiasco, los inversores están casi o totalmente, al descubierto.

La práctica, rematadamente de mal gobierno, pasa inadvertida en otros mercados civilizados (?) europeos sin que las autoridades locales, los supervisores de la Unión Europea, investiguen dudosas prácticas que llevan a cabo empresas muy conocidas y cotizadas. Es probable que las faltas de conducta como fraudes bancarios, electrónicos y postales no hayan adquirido el volumen necesario para que, en caso de fiasco, el escándalo se convirtiera en `trending topic´. Pero las autoridades deberían ser más vigilantes con los más propensos al engaño, a las prácticas perversas,  de las malas artes, hoy ya con nombres y apellidos, con acreditada fama.

Con todo, un departamento de Justicia muy comprensivo y flexible, pero firme y consistente con la expiación, es capaz de advertir a los implicados en las investigaciones por fraude en emisiones y suscripciones de valores, y demás cochinadas financieras, con la retirada y, por tanto, la pérdida, en este caso de una licencia bancaria, a una sociedad con presencia en los cinco continentes. Una posibilidad que también debería ser valorada aquí, en España, por unos tribunales excesivamente permisivos en asuntos de mal gobierno empresarial.

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