edición: 2616 , Viernes, 14 diciembre 2018
20/11/2018
El Ejecutivo quiere el control

El pulso entre el Gobierno y el Banco de España aumentará con los Presupuestos

Si las críticas del BdE al salario mínimo no agradaron al Gobierno -contestó con la creación de una `autoridad paralela´- las de los Presupuestos traerán el enfrentamiento
Juan José González
`On the sly´ que dicen los ingleses, con discreción o, en expresión castellana "a la chita callando", el Gobierno ha iniciado una política de `control´ sobre el supervisor financiero español, el Banco de España, para que no se vuelvan a repetir los episodios "deshonrosos" del Gobernador MAFO, díscolo primero con su mentor y enfrentado más tarde al Ejecutivo Popular. La primera señal, en la frente de la nueva estrategia oficial ha surgido a propósito de las hipotecas, asunto que procedente del área judicial del Estado, ha invadido abruptamente el terreno financiero donde el Ejecutivo ha aprovechado para mostrarse como autoridad expeditiva imponiendo lo más parecido a un laudo; el laudo hipotecario por el que se hace responsable al sector bancario de la obligación de pago del impuesto hipotecario y se libra de la misma al hipotecado.
El lance jurídico-político le ha venido como anillo al dedo a un Ejecutivo ávido de cualquier excusa para una incursión en el "poder financiero" y enviar un aviso al Banco de España: la dependencia por ley del supervisor, con independencia de su pertenencia al Sistema Europeo de Bancos Centrales -como sancionan los Tratados de la Unión Europea- no será óbice para que el Gobierno decida la creación de un organismo público de control de las entidades financieras como es la nueva Autoridad de Protección del Ahorrador e Inversor Financiero, auténtica institución paralela, dependiente del ministerio de Economía, puesto que pasará a integrarse -por Real Decreto Ley- en la estructura general de la Administración del Estado, rama ministerio de Economía.

Si al desafortunado espectáculo originado por el Tribunal Supremo en su gestión de dilucidar quién es el responsable del pago de los impuestos por la firma de una hipoteca, el Gobierno hizo lo posible por guardar las formas y esperar a que fuera el mismo alto tribunal el que deshiciera el entuerto, no sucedió lo mismo cuando el fallo se pronunció a favor del banco y en detrimento del cliente. El `incidente´ o episodio hipotecario le vino como anillo al dedo al Ejecutivo para poner en marcha la que se presenta como una estrategia de medio y largo plazo en el control político del Banco de España. 

En el recuerdo -reciente- permanecen aún las intervenciones de un Gobernador díscolo, como Miguel Ángel Fernández Ordóñez -MAFO- que consiguió en numerosas ocasiones sacar los colores al Gobierno de turno y enfurecer a más de un equipo económico. Y a propósito del fiasco hipotecario surge lo que se entiende como el primer pago del Banco de España por una "desacertada" intervención del Gobernador Hernández de Cos advirtiendo al Ejecutivo sobre el posible efecto negativo del salario mínimo interprofesional sobre el empleo.

Una intervención que, al margen de la condición de `sentenciado´ políticamente por el Gobierno ha servido para poner la primera piedra de una institución paralela al Banco de España, llamada a controlar -se dice- "las malas prácticas en las que pudiera incurrir el sector financiero", arrogándose la misma las capacidades de resolución y sanción a que hubiera lugar. A partir de aquí, la autoridad `paralela´ sancionadora del sector bancario en aras a la protección de la clientela, supone el primer pulso en serio que propone el Ejecutivo al Gobierno del Banco de España.

Supone la iniciativa del Ejecutivo, en el mejor de los casos, un pulso al Banco de España, protegido por la Ley de Autonomía de una entidad local que forma parte del Sistema Europeo de Bancos Centrales, lo que le confiere una situación de sometimiento a las normas de los Tratados de la Unión Europea. El Gobierno, por tanto, ha aprovechado que, en tanto las funciones del Banco de España están determinadas por el Banco Central Europeo, ni aquel podrá imponerle órdenes ni el supervisor local estará obligado a cumplir las indicaciones del Ejecutivo. Esta situación ha sido interpretada por el Gobierno como una libertad completa para crear la autoridad protectora de la clientela bancaria.

La relación causal entre la opinión `discrepante´ -en el asunto del salario mínimo- del Banco de España, y la reacción de poner en marcha una autoridad paralela en el sector financiero por parte del Ejecutivo, se puede ver alimentada en el futuro, muy próximo, a propósito de la vida de los Presupuestos Generales del Estado, próxima etapa en la que el Banco de España, en el ejercicio de su libertad de opinión, podrá comunicar a la opinión pública y a los agentes sociales los posibles efectos -positivos o negativos- que el citado documento pueda causar en el crecimiento económico, en los salarios, en los impuestos, en el empleo y otros lugares comunes. Todo indica que se mantendrá el pulso entre Gobierno y Banco de España que puede derivar en un enfrentamiento.

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