edición: 2598 , Lunes, 19 noviembre 2018
22/10/2018
Desbarra el Supremo, sobreactúa la banca

El rápido avance del Euribor compensará el quebranto fiscal de la banca

Los dos grandes, cuyo impacto individual no superará los 180 millones en la hipótesis de la retroactividad, consideran sistémicos los daños de la decisión del Supremo, opinión que contrasta con los 15.000 millones de euros de beneficios esperados por el sector para 2018
Juan José González
Cuando el sector bancario en su conjunto parecía haber alcanzado el ansiado y laborioso estadio de la recuperación poscrisis, a la vez que ya encarrilada, en parte, el golpe asestado por las cláusulas suelo, va el alto tribunal -el Supremo- y arremete en la actualidad financiera, económica y mercantil (en su conjunto, social) con una interpretación sobre la fiscalidad sui generis, que contradice a otra suya anterior de febrero pasado y consigue crear un caos impensable que afecta a ese negocio principal bancario como es el hipotecario. Se abre así una disputa que, aunque deseable que se aclare y despeje en la presente semana por el alto tribunal, lleva camino de convertirse en un nuevo elemento, argumento y excusa de desacuerdo de particulares llamado a alimentar nuevos cientos de miles de reclamaciones judiciales. Porque desde el momento en que se pone en tela de juicio a quién corresponde el devengo del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, si al banco o al cliente, se pone también en cuestión el especio y el tiempo a que alcanza la nueva interpretación. Aunque por otra parte, resulta pintoresco que hayan saltado ahora las alarmas en el sector bancario ante la nueva interpretación del Supremo cuando hace tan sólo ocho meses la razón esgrimida se basaba más en la seguridad de la operativa y no en el interés del cliente que, ahora, cambia por completo al entender el tribunal en su interpretación que es al banco a quien interesa en mayor medida (y en primer lugar) el interés por reclamar un posible impago del crédito hipotecario.
Seguramente la interpretación más razonable hubiera sido el reparto a partes iguales del impuesto, ya que, de la misma forma que al banco interesa asegurar la recuperación del crédito, al particular le interesa aún más obtener la seguridad de la propiedad que adquiere a través del registro público de la propiedad donde se inscribe el bien y el crédito utilizado para su adquisición. Quizá sea esta vía que facilitará la solución al banco y al cliente, pero que no despejará la sensación popular de que el alto tribunal parece vivir lejos de la realidad.

En todo caso, llama la atención en toda la escena creada por la decisión del Tribunal Supremo el exceso de dramatismo creado en el sector bancario, con una sobreactuación en algún caso, en especial de los dos más grandes, Santander y BBVA, el desatino jurídico a cargo, nada menos, que del Tribunal Supremo, al que todos convienen en llamar (hasta ahora) el alto tribunal pero que (a partir de ahora) ya se conoce como el tribunal de las barbaridades.

El dramatismo de los dos más grandes bancos se fundamentaba, en el fin de semana, en el riesgo sistémico de una decisión errada a cuyos efectos no podría hacer frente el sector así como de imposible recuperación. La exigencia del pago del impuesto, esta vez a cargo del banco, echaría por tierra las cuentas de resultados del banco, obligado a provisionar una suma difícil de imaginar. Sin embargo, y sin menoscabo de la posible retroactividad de la nueva decisión (aunque todo indica que no es la definitiva) calificar los efectos de la misma como "sistémicos e irreparables" parece responder más a una postura de fuerza, previa a una amenaza, que a la realidad de las cuentas en serio.

Si la exigencia de la nueva interpretación (y de nuevo, seguramente que no es la última) obliga al banco a correr con los gastos del impuesto, gastos que se sitúan en el entorno de entre el 0,5% y el 1,5% del valor del crédito hipotecario, y ante la obligatoriedad de su retroactividad, dado que los reembolsos de impuestos por parte de la Hacienda Pública abarcan cuatro años atrás, en la hipótesis más negativa para el sector y sobre la base de un impuesto del 1%, el quebranto total para el sector sería de unos 1.600 millones de euros. Esta cifra tiene en cuenta a 152.890 millones de euros en hipotecas nuevas que, según los datos de la información del Banco de España, habría firmado el sector en los últimos cuatro años.

Si la decisión del Tribunal Supremo, modificando a los ocho meses el criterio sobre la responsabilidad en el pago del impuesto es un despropósito y colabora al caos de la seguridad jurídica, su reacción posterior, al considerar el inesperado impacto social y económico de su decisión, le convierte en un órgano cuando menos sospechoso de no vivir en la realidad de los tiempos. Pero de la misma manera que la posición del Supremo parece irreal, la de los dos bancos, Santander y BBVA, no es menos equivocada y disparatada si se tienen en cuenta los 15.000 millones de euros que se espera de beneficios en 2018 y que el impacto en los resultados finales no supere siquiera los 180 millones por entidad. La rápida recuperación del Euribor a doce meses contrarrestará, casi de manera inmediata, el quebranto por el coste fiscal hipotecario.

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