edición: 2616 , Viernes, 14 diciembre 2018
13/03/2018
LA OREJA DE LARRAZ

El Reglamento del Voluntariado invade aspectos de la negociación colectiva de las empresas

Xavier Gil Pecharromán
El CES considera que el proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de ejecución de la ley del voluntariado (L 45/2015, de 14 de octubre)  no resuelve satisfactoriamente la diferenciación de las relaciones entre empleo y voluntariado, de modo que algunos artículos inducen a confusión respecto a la naturaleza de determinadas relaciones de prestación de servicios.
En su dictamen, el CES concluye que se trata de una cuestión muy relevante en la que el Reglamento debería contribuir a evitar la sustitución de empleos por voluntariado en la prestación de servicios públicos esenciales
.
La Ley 45/2015 profundiza en la definición del conjunto de derechos y deberes inherentes al voluntariado, destacando la importancia del acuerdo de incorporación y de los programas como marco de actuación del voluntariado; define los requisitos y características esenciales que deben reunir las entidades de voluntariado; e introduce como novedad la caracterización, derechos y deberes de las personas destinatarias de la acción voluntaria. 

Al mismo tiempo, establece un marco de cooperación entre las Administraciones públicas para la consolidación y desarrollo del voluntariado, fijando una serie de medios y sistemas de relación para posibilitar la información recíproca y la acción conjunta. Se prevé asimismo la creación de dos nuevos organismos, la Comisión Interministerial de Voluntariado y el Observatorio Estatal de Voluntariado, cuyo funcionamiento habría de ser objeto de desarrollo reglamentario. 

Además, la Ley contempla una serie de medidas de fomento y reconocimiento de la acción voluntaria en diversos ámbitos, pretendiendo ampliar la cobertura a la acción voluntaria no sólo en el ámbito del Tercer Sector (ONG), sino en otros como las empresas, las universidades o las propias Administraciones Públicas. 

Esta Ley es de aplicación a las personas voluntarias y organizaciones que participen en programas de ámbito estatal o supraautonómico o que desarrollen actividades de competencia exclusiva estatal. Hay que tener en cuenta, a este respecto, que las comunidades autónomas cuentan con abundante regulación propia en este ámbito, aprobada al amparo de sus competencias.

El proyecto de Reglamento profundiza en el tratamiento que aborda la Ley de la regulación de algunas materias propias del ámbito de las relaciones laborales, que cuentan con normativa y cauces de interlocución propios, en lo que podría suponer una interferencia en el terreno de la autonomía colectiva y en los cauces del diálogo social.  En este sentido, en aras de la necesaria seguridad jurídica, el CES estima necesario un mayor esfuerzo para que el Proyecto respete la necesaria coherencia con el ordenamiento jurídico en vigor, en especial, en el ámbito laboral.

Por otro lado, en opinión del CES el proyecto de Reglamento podría desbordar el desarrollo propiamente dicho de la Ley 45/2017, adentrándose en otros ámbitos donde no corresponde. Desde el punto de vista procedimental, dictamina que es preciso señalar que el proceso de elaboración del anteproyecto ha discurrido al margen de los cauces habituales de consulta previa a los interlocutores sociales, sin que éstos hayan tenido oportunidad de conocer y analizar el texto desde la perspectiva de sus intereses.

El CES estima que el proyecto de Reglamento debería contener previsiones más específicas sobre la manera de articular esa especial incidencia del acuerdo de incorporación en la formación de las personas voluntarias.

Sobre el artículo 68, que regula la participación de las empresas en programas de voluntariado, considera el CES que desarrolla extensamente la formalización de un acuerdo suscrito entre la empresa y la entidad de voluntariado, así como su contenido y las personas que pueden considerarse incluidas en estas actuaciones.

Compartiendo el CES el objetivo de promoción del voluntariado, destaca que resulta preciso tener en cuenta las diferencias sustanciales entre los distintos ámbitos, público y privado, en que se pueda desarrollar dicha promoción.

Por lo que hace al ámbito privado, el proyecto aborda en este artículo una excesiva regulación del modo en que debe realizarse la participación de las empresas en programas de voluntariado. En coherencia con las observaciones realizadas por el CES en su Dictamen sobre el anteproyecto de Ley de Voluntariado, este organismo estima que ello supone un riesgo de intromisión en el ámbito de la negociación colectiva así como en las facultades estratégicas de las empresas que, en muchos casos, ya han implantado opciones de voluntariado con arreglo a sus procesos de decisión internos, opciones que pueden no encajar en un marco tan restrictivo como el que contempla el Proyecto.

Por otro lado, el proyecto amplía el círculo de las personas que pueden acogerse a actuaciones de voluntariado en las empresas, extendiéndolo a personas vinculadas a aquellas, “tales como personas jubiladas y prejubiladas y sus familiares” en lo que puede ser una nueva interferencia en las facultades de organización interna, de gestión de recursos humanos y de negociación en el ámbito de las empresas.

Con respecto al artículo 71 del futuro Reglamento, que regula el voluntariado de los empleados públicos, señala el CES que  prevé el fomento entre los empleados públicos de la participación en programas de voluntariado, de acuerdo con la legislación de empleo público y con pleno respeto a lo acordado en la negociación colectiva. 

Sin embargo, contrariamente a esta última previsión, el proyecto se extralimita en sus funciones de desarrollo contemplando ya explícitamente la adopción de medidas en el ámbito del régimen de jornada y horarios, materias cuya inclusión o no correspondería precisamente al ámbito de la negociación colectiva, de acuerdo con la legislación laboral o de empleo público. 

Se adentra el proyecto, incluso, en una exhaustiva relación de en qué supuestos cabría aplicar dichas medidas, descendiendo a una casuística cuya razón de ser el CES indica que no alcanza a entender, como el requisito de las entidades de voluntariado participantes de acreditar una experiencia mínima, efectiva y continuada de tres años en el desarrollo de programas.

Finalmente, destacar que el artículo 69, que regula la formación, investigación y sensibilización sobre el voluntariado en la Universidad, regula una serie de aspectos que afectan a los cometidos de los órganos competentes de cada Universidad; al contenido de la oferta formativa a nivel de grado y posgrado, así como al fomento de la investigación en materia de voluntariado tanto a nivel de grado como de posgrado y doctorado.
 
Se prevé asimismo el pleno reconocimiento académico de la labor del personal docente e investigador de las universidades involucrado y responsable de la actividad investigadora. Al CES le suscita dudas la prolija regulación de aspectos que pudieran afectar al principio de autonomía universitaria, las previsiones de la Ley Orgánica de Universidades y aspectos más propios de los espacios de negociación del régimen jurídico y retributivo del profesorado.

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