edición: 2700 , Miércoles, 17 abril 2019
06/03/2018
Costes de la Deuda Pública, alivio en peligro

El riesgo político ya es una amenaza real para el precio de la deuda

A la espera de nuevas calificaciones, la incertidumbre política puede aumentar los costes financieros del Tesoro Público español
Juan José González
Los inversores extranjeros valoran estos días el escenario político a medio plazo con el horizonte fijado en el 26 de mayo de 2019. Las previsiones económicas, de instituciones nacionales y supranacionales, confían en que la bonanza de las cifras macro se mantendrán en el entorno previsto de expansión económica entre el 2,5% y el 2,8% para el presente ejercicio y dos o tres décimas menos para el ejercicio más electoral de 2019. Sería por tanto una velocidad de crucero asequible para los planes empresariales de buena parte de los inversores nacionales y extranjeros. De la misma forma manejan otros parámetros que influyen en sus decisiones de futuro, como el control del déficit público, la marcha del empleo y, por supuesto, todo ello sin perder de vista la aparición en el escenario a finales del presente año de las primeras señales de subida de tipos, cuya presencia se espera para mediados de 2019. En principio los alrededores de este escenario se presentan tranquilos, si bien, en el corto plazo las novedades que puedan aportar las calificaciones de las agencias de rating sobre la deuda pública española pueden desembocar en un encarecimiento del coste financiero, del servicio de la deuda. Que la nota de Fitch de enero pasado elevando la nota a la calificación de la solvencia de la deuda española hasta `A´, muestra la confianza de la agencia británica en la solvencia y la calidad de la deuda al tiempo que puede ser un adelanto, en el mismo sentido, de las calificaciones de Moody´s y S&P, pendientes y decisivos para comprobar a medio y largo plazo si la factura de la hipoteca por el endeudamiento español sube, se mantiene o baja. Todo parece estar pendiente, sin embargo, de la variable política, habida cuenta que ya se empiezan a conocer las intenciones electorales de los grandes partidos.
Se puede pensar en que las dos agencias de rating más influyentes, además de Fitch, Moody´s y S&P, no se desviarán demasiado de la británica en su calificación de la deuda española, que a mediados de enero la subía hasta `A´. Una mejora de la solvencia que se trasladaba automáticamente a la bajada del diferencial o prima de riesgo por debajo de los 100 puntos básicos, llegando incluso a marcar los 66,8 puntos a principios de febrero, unos 20 puntos menos que en la actualidad. La caída de la prima de riesgo ha beneficiado desde ese mismo momento (la nueva calificación de Fitch) a la Deuda Pública que emite el Tesoro, reduciendo el coste de las nuevas emisiones a cifras récord históricas a pesar de las también cifras récord del volumen de deuda.

Reducción de la prima de riesgo debida, básicamente, a las nuevas valoraciones del mercado acerca del escenario económico y político español y, en particular, del en parte despejado panorama político en Cataluña. Si los inversores descontaban una solución más problemática para el Gobierno central, el conflicto parece despejado la principal incógnita y el peor escenario tras la intervención judicial y la aplicación del precepto constitucional. 

Pero una vez pasados los riesgos políticos mayores, las valoraciones de las agencias parecen decantarse por una mejora en la situación de la solvencia y la reducción consiguiente del riesgo y de la prima. Si inicialmente las razones que barajaban las agencias para mejorar el rating de la deuda española tenían su base en las buenas cifras económicas, principalmente en el cumplimiento de los objetivos de reducción del déficit y en la creación de empleo, ahora es probable que los analistas de estas agencias se encuentren valorando la situación política y social en el corto y medio plazo en tanto que aumentan las probabilidades de cambios y reformas de contenido económico.

Una nueva situación que, por otro lado, no parece que vaya a perjudicar la buena marcha de la financiación pública, si bien, otro asunto a tener en cuenta es la perspectiva de que esa financiación se complique como consecuencia de una subida de los tipos de interés cuya presión ya se intuye y comienza a ser valorada en algunas decisiones empresariales de medio y largo plazo. En cualquier caso, las agendas de la economía ya han iniciado una adaptación rápida a las agendas políticas, en concreto, a las electorales, y se prevé, por tanto, que las nuevas calificaciones sobre el rating español se reflejen en el diferencial de la deuda y, a su vez, redunden en el coste de financiación para el Tesoro Público.

Costes de financiación y de los intereses de un elevado endeudamiento que no pondrá las cosas fáciles a los analistas, que se mueven entre las cifras económicas positivas y los riesgos evidentes de un horizonte político que muestra la dificultad de encontrar mayorías de gobierno. En medios financieros, sin embargo, se mantiene el escepticismo acerca de si una mejora en las notas sobre la Deuda Pública española que se esperan -entre ellas la de S&P el 23 de marzo- seguirá beneficiando la reducción de la prima de riesgo y, por ello, continuar con el abaratamiento y alivio de los costes de la deuda o, por el contrario, se confirmará que las incertidumbres que dominan el actual escenario político nacional dañarán a corto y medio plazo el endeudamiento público español.

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