edición: 2936 , Lunes, 30 marzo 2020
17/02/2020
Las bajas por jubilación evitan el ajuste severo

El sector público empresarial mantendrá su actual tamaño en las reformas del Gobierno

Ningún Gobierno parece dispuesto a reducir el tamaño del sector empresarial del Estado, tan sólo a modificar y aumentar los controles para que no se dispare 
Juan José González
En 2012 un informe encargado por la vicepresidencia del Gobierno, con el primer objetivo de conocer el verdadero tamaño del sector público empresarial, concluía que el número de empresas estatales y autonómicas, entidades públicas empresariales, entes públicos y sociedades mercantiles ascendía a casi 4.000  empresas. Estaba en marcha el plan del Ejecutivo para reducir en un 20% el tamaño del sector público empresarial y, de paso, como uno de los problemas era el déficit público, la coartada era perfecta para reducir el sueldo de los directivos que, en el mismo paquete de ajuste, fijaba un recorte del 30%. En paralelo, la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas puso en marcha una iniciativa nacional, autonómica y local en la que se preguntaba a los responsables políticos de las distintas administraciones, cuántas empresas, entes públicos y sociedades mercantiles podrían eliminar en caso de crisis extrema. La respuesta superaba en número a la suma que había recogido inicialmente el informe encargado por la vicepresidencia. Este primer resultado, incoherente, fallido o erróneo, fue la primera dificultad con la que se encontró el Gobierno para llevar a cabo el proyecto ideado en Moncloa por el equipo de Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría. El plan del Ejecutivo era suprimir, al menos, la mitad de las empresas y entidades públicas de todas las Comunidades autónomas, eso sí, donde el partido en el Gobierno gobernase.
Era un compromiso electoral y una obligación impuesta por la crisis financiera y económica. El plan tenía muchas dificultades, a la par que un buen número de contradicciones, pues al mismo tiempo que se planeaba la reducción a la mitad de las empresas públicas se pretendía crear empleo público en un 18%. Y todo en el mismo plan. Pero el plan nunca llegó a ponerse en marcha y al final sólo la suma de iniciativas dispersas y diversas consiguieron reducir el sector público empresarial en 65 sociedades. El año pasado, una reunión en Ferraz a la que asistieron al menos tres ministros del actual Gobierno, trató de la racionalización obligada del gasto de las Comunidades autónomas por imprescindible e insostenible, algo que deberían recoger distintos departamentos ministeriales con vistas a proponer reformas sectoriales. 

Pero el plan del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez no contempla reformas que pongan en peligro el actual modelo autonómico y que en realidad el trabajo que hay que hacer se debe centrar el recortar gastos y no empresas ni sociedades mercantiles locales. La ministra de Hacienda y vicepresidencia del Gobierno, María Jesús Montero, no debe estar muy preocupada por la reducción del tamaño del sector público empresarial porque no hay ningún compromiso político y electoral y porque considera que el problema del endeudamiento autonómico tiene, según Montero, solución política, que es tanto como decir que encontrará una respuesta fiscal que recogerán los próximos Presupuestos Generales del Estado.

Pero que el Ejecutivo no considere la idea de reducir el tamaño del sector público empresarial, no quiere decir que no vaya a congelarlo, controlarlo e intentar dimensionarlo, al menos, en este último punto, en lo relativo a las plantillas, lo que pretende es que el cerca de medio millón de trabajadores que reciben un salario de la Administración Pública se reduzca en el 2% anual como resultado de las bajas por jubilación. De ahí que el primer objetivo del Gobierno en esta ocasión sea frenar la inflación en la creación de empresas en el ámbito de las Comunidades autónomas y de fundaciones en el de la Administración local. 

Sólo en los últimos ocho años, desde que el Gobierno de Mariano Rajoy intentara hacer aquel primer inventario de la empresa pública, las Comunidades autónomas han pasado de 2.100 empresas a 2.820, si bien, donde se ha disparado la inflación de empresas ha sido en la Administración local multiplicándose por tres en diez años. A pesar de que estas cifras dibujan un sector público empresarial sobredimensionado, fuera de control, cuya primera exigencia sería, precisamente, la de aplicar un ajuste racional -pero severo- de plantillas, Hacienda tiene otro plan.

En las cuentas del ministerio de Hacienda, ya muy avanzadas y dispuestas para la negociación política, se prevé una caída fuerte de empleo en la Administración central en el entorno de los 600 jubilados al mes, una cifra que aunque parezca poco relevante en el corto plazo se convierte en el largo plazo, cuatro años, por ejemplo, en más de 33.000 trabajadores que dejarán de figurar en las nóminas de las empresas del sector público. Por tanto, no debe extrañar que el Gobierno no contemple hacer un ajuste en el sector público empresarial porque las cuentas pueden salir sin necesidad de tomar medidas políticas drásticas. Al menos mientras se mantengan los tipos de interés y no se dispare las deudas.

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