edición: 2807 , Jueves, 19 septiembre 2019
20/11/2018
Herencias y dovorcios, afectados por otra irregularidad del impuesto

El Supremo le da un repaso a las autonomías en un nuevo caso sobre el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados

X.G.Pecharromán
El asunto sobre quien es el sujeto pasivo del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados es una historia ya conocida. Lo que no lo es tanto es que la Administración que representa Pedro Sánchez es la única que no ha recibido críticas de ninguna clase, pero, en definitiva, es la principal beneficiada del cobro del Impuesto y, además, es la encargada de elaborar las leyes, como la que durante 15 horas tuvo debatiendo a los magistrados del TS, y aprobar los tipos aplicables. En unos casos esta Administración es la estatal y, en otras, la de las comunidades autónomas. El Tribunal Supremo acaba de publicar una nueva sentencia en la que muestra, que, aunque la Administración ha pasado de perfil en el caso anterior, no sale muy bien parada en este nuevo asunto. La sentencia le da un repaso a las Haciendas autonómicas que han venido cobrando el 100% del Impuesto al cónyuge que se queda con la vivienda en los casos de divorcio y en el resto de las situaciones en que se disuelven las comunidades bienes en gananciales, como en las herencias con inmuebles de por medio. Resulta, les dice el Supremo, que solo tenían derecho a cobrar la mitad del impuesto. La doctrina de Hacienda le ha costado un dineral a los afectados a lo largo de los años.
Así lo establece el Tribunal Supremo en una sentencia de 9 de octubre de 2018, en la que se alude a una sentencia precedente de la Sala Tercera, de 9 de octubre de 2018, en la que se determina que este tipo de operaciones son una convención por virtud de la cual un cónyuge adquiere su mitad indivisa -e indivisible-, de la que ya poseía la otra mitad indivisa por razón de la comunidad que se extingue.

Se trata de una operación muy común en separaciones matrimoniales y en divorcios e, incluso, se da también en algunas herencias con bienes inmuebles de por medio. Como el bien es indivisible, salvo que se venda a un tercero, una solución muy habitual es romper la comunidad de gananciales y que uno de los comuneros se quede con el bien a cambio del pago de un precio en metálico.

Si la compensación se realiza por la mitad de la vivienda, no existirá un exceso de adjudicación y, por tanto, una transmisión patrimonial en sentido estricto, susceptible de ser gravada por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales.

De estos razonamientos, el ponente de la actual sentencia, el magistrado Navarro Sanchís, concluye que el valor de lo que se documenta en una convención de esta clase no puede equivaler al de la totalidad del bien que es objeto de división, sino solo al de la parte nueva que se adquiere y sobre el que estrictamente recae la escritura pública.

Falla el magistrado que la extinción del condominio -en este caso, como consecuencia de la disolución de la sociedad de gananciales-, con adjudicación a uno de los cónyuges comuneros de un bien indivisible física o jurídicamente, cuando previamente ya poseía un derecho sobre este derivado de la existencia de la comunidad, puede ser objeto de gravamen bajo la modalidad de actos jurídicos documentados, cuando se documenta bajo la forma de escritura notarial.

En estos casos su base imponible será la parte en el valor del referido inmueble correspondiente al comunero cuya participación desaparece en virtud de tal operación, en estos casos, del 50 por ciento del valor del bien, como declaró el Tribunal Económico Administrativo Regional (TEAR) de la Comunidad Valenciana, en criterio ratificado por la Sala de instancia y recurrido por la Generalitat Valenciana.

Es preciso tener en cuenta que el artículo 7.2.b de texto refundido de la Ley del IAJD define que: "Se considerarán transmisiones patrimoniales a efectos de liquidación y pago del impuesto, los excesos de adjudicación declarados". El artículo 45.b.3 declara exentas las aportaciones de bienes y derechos incluidos por los cónyuges en la sociedad conyugal, las adjudicaciones que a su favor y en pago de las mismas se verifiquen a su disolución y las transmisiones que por ello se hagan a los cónyuges en pago de su haber de gananciales.

Explica Navarro Sanchís, que no hay una regla específica, pues, en el artículo 30 de la Ley del Impuesto, acerca de la cantidad o cosa valuable en los negocios documentados notarialmente en que se divida la cosa común. Sin embargo, continúa razonando el magistrado que este precepto legislativo nos revela, de una parte, que sirve en principio el valor declarado, lo que traslada a la Administración la carga de establecer cumplidamente su inexactitud.

No obstante, y, de otra parte, indica que es preciso atender a la índole y objeto del negocio que se instrumenta notarialmente y, "en el caso debatido, es claro y palpable que estamos en presencia de una concreción del dominio, bilateral, conmutativa, sinalagmática y onerosa, cuyo valor económico equivale a la parte de la cosa común que es objeto del negocio documentado en favor de la esposa como consecuencia de la disolución de la sociedad de gananciales", explica el ponente.

No obstante, no se puede olvidar, que la Dirección General de Tributos, del Ministerio de Hacienda, por su parte, reconoce en una consulta vinculante del 11 de abril de 2018 (v0961-18), que "en el supuesto planteado se procede a disolver una sociedad de gananciales, adjudicando a cada uno de los cónyuges determinados bienes y deudas en pago de su haber de gananciales, sin que tenga lugar el exceso alguno declarado por los interesados".

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