edición: 2784 , Lunes, 19 agosto 2019
13/06/2019
La herencia tóxica del déficit de las pensiones

El Tribunal de Cuentas le marca al Gobierno los deberes para la legislatura

El déficit de la Seguridad Social, como la deuda pública, se ha convertido en un problema inaplazable, lo que no significa que ni uno ni otro se vaya a resolver en la presente legislatura
Juan José González
Se acaba el tiempo, se estrecha el cerco: la deuda del Estado y las pensiones agotan sus últimos cartuchos antes de la explosión, de la llamada de advertencia última de las autoridades locales y de las europeas. Consumido el tiempo electoral, los gobernantes en el poder están obligados a aceptar la herencia social y económica para proceder a una solución inmediata de los problemas. Las pensiones presentes, con el cobro de la extra de verano a la vuelta de la esquina y la deuda pública, con voluminosos vencimientos en los próximos meses, no dejan lugar a los nuevos responsables políticos. En breve deberán ponerse manos a la obra para dar salida, y ahora sin demora, a las futuras pensiones, sin perder vista que los pagos de las presentes van a continuar drenando recursos públicos de un muy exigido Presupuesto que se pretende para todo. La hipoteca social y económica del próximo Ejecutivo central, como también de los autonómicos, es de tal calibre que obliga a tomar medidas inmediatas. Para el caso no será suficiente con solicitar un nuevo crédito para ulteriores extras. Para reducir la deuda pública no bastará (sólo) con gestionar los tipos negativos. Serán necesarios para ambos, reformas en profundidad, arriesgadas, dolorosas, comprometidas y eficaces. Soluciones para problemas de largo plazo que pasan por el reconocimiento de la magnitud de las cifras. Si no es así, habrá que entender que no quieren asumir los problemas porque el sacrificio que conlleva la solución propuesta es demasiado costoso.
La posición de partida del nuevo Ejecutivo y de sus ministros, que tomarán posesión de sus cargos el próximo mes de julio, no parece que vaya a ser la más ilusionante. Porque sobre la mesa encontrará que su actuación se deberá guiar por el conocimiento de dos realidades, dos condiciones irrenunciables: la existencia de un endeudamiento público cercano al 100% del PIB, unas necesidades anuales de financiación de 30.000 millones de euros y un déficit público del 2,5% del PIB (del que las pensiones suponen el 57%) con el que tendrán que arar. Se supone que ya liberados de los condicionantes políticos (urnas, principalmente) que conlleva la gestión de los asuntos públicos, la tarea de la toma de decisiones será más liviana y llevadera, lo que no va a quitar riesgos y peligros futuros.

Claro que, para comenzar con las decisiones incómodas, como son cualquiera de las que afecten al recorte de gastos o pensiones, habrá que tener en cuenta, además de los recursos disponibles, el diálogo social decidido con todas las fuerzas políticas y, por supuesto, con los representantes sindicales. La práctica muestra que los gobiernos socialistas suelen sentar a todos a la mesa, partidos y sindicatos, y esta no tendría que ser una excepción. Pero en todo caso, esa fase de interlocución con todas las fuerzas políticas y sindicales se presenta como el primer paso para encontrar una solución.

Para empezar, no parece mala idea el informe del Tribunal de Cuentas señalando el volumen del déficit de las pensiones públicas como punto de partida para fijar el problema, así como para subrayar el carácter crónico del problema, una pelota que pasa de gobierno en gobierno en forma de herencia tóxica. Para continuar, sin embargo, llama la atención la mala recepción con la que el Ejecutivo en funciones ha recibido la misiva del Tribunal de Cuentas, lo que no debería ser óbice para el reconocimiento del problema como de la voluntad de los responsables de Trabajo y Hacienda para su resolución. 

Y así, puestos a resolver, a reformar o a poner en marcha los mecanismos necesarios que despejen las dudas sobre las pensiones futuras y la reducción de la deuda y del déficit público, el Gobierno deberá medir sus fuerzas y voluntades. Fuerza para atreverse a aplicar terapias del tipo; mayores coste del IVA; planes empresariales obligatorios complementarios; menor tasa de reemplazo para los jubilados; planes voluntarios personales y otros muchos. Y voluntad decidida para aceptar el precio de las terapias, ya que como advierten todos los expertos, las soluciones pasan por hacer sacrificios, algo a lo que muchos no están dispuestos.

El Gobierno se encuentra ahora entre la espada y la pared, entre el tiempo y el resultado final. No se trata solamente de dejar pasar el tiempo, ya que cuanto más se dilate la solución o aplique el remedio, más costosa será y, por supuesto, más dolorosa (nunca menos dicho) la factura que tendremos que pagar. Sino que lo más grave es que los políticos son conscientes de que la solución puede esperar unos años más, unos pocos, algunos, dado que la urgencia, con ser llamativa, continúa siendo relativa. Luego es obvio que se corre el riesgo de que ni este ni otro Gobierno quiera asumir en solitario y de golpe el coste político de la factura. Verde y con asas.

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