edición: 2578 , Viernes, 19 octubre 2018
25/06/2015
LA OREJA DE LARRAZ

Empleo crea una unidad de inspección especializada en la formación profesional

Javier Ardalán
Los escándalos sobre el asalto institucionalizado a los fondos para la formación profesional, con cursos subvencionados que nunca se dieron o con una calidad muy inferior a la exigible, ha llevado a que el Ministerio de Empleo y Seguridad haya creado, a partir de hoy, una Unidad Especial de Inspección en materia de formación profesional para el empleo.
Una medida que de haberse adoptado hace años, se hubiese evitado mucho del saqueo realizado de las arcas públicas.

Así, por ejemplo, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), tan sólo en la operación ‘Edu’ contra el fraude masivo en las ayudas para la formación de trabajadores en Andalucía, estima que el dinero total defraudado podría ascender hasta los 3.000 millones de euros, cantidad que superaría a la que se apunta en el caso de los ERE, que suma unos 2.000 millones de euros.

La cifra ha convertido a la operación ‘Edu’ en el mayor caso de corrupción de la historia de España y afecta al 50% de las subvenciones públicas concedidas por la Junta en el periodo 2006-2013.Las actuaciones se han saldado con más de 400 implicados en el procedimiento.

El mundo de la formación mueve miles de millones de euros cada año. Desde 2005 hasta ahora se han destinado en total de 21.000 millones de euros, según datos del Ministerio de Empleo. Todo ese dinero sale fundamentalmente de las cuotas que trabajadores y empresas destinan a la Seguridad Social, un 0,7% de la masa salarial. El resto lo hace de la Administración central y de los fondos europeos a través de sus correspondientes Presupuestos Generales anuales.

El problema está muy lejos de quedar solucionado. El último operativo dio sus frutos el pasado martes, 23 de junio, cuando gentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional se personaban en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares (Madrid) en el marco de una operación relacionada con varios delitos de corrupción y presunto fraude en cursos de formación. Estas mismas fuentes han precisado que se prevén detenciones en el marco de este operativo.

Así, pues, según se establece en la Orden ESS/1221/2015, de 11 de junio, por la que se crea la Unidad Especial de Inspección en materia de formación profesional para el empleo. Esta Unidad las actuaciones inspectoras para la vigilancia y control de la normativa en materia de formación profesional para el empleo cuya competencia esté atribuida a la Administración General del Estado, así como el seguimiento y evaluación de los resultados obtenidos.

Además, desarrollará anualmente el programa de inspección de acuerdo con la información que le sea facilitada por el Servicio Público de Empleo Estatal y, en su caso, por los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas, cuando estas hayan dispuesto en los correspondientes planes de actuación territorial que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social asuma actuaciones concretas y determinadas en materia de formación profesional para el empleo, en los términos previstos en la normativa autonómica.

Sin perjuicio de las competencias atribuidas a las Direcciones Territoriales, deberá acordar con los responsables de las comunidades autónomas que hayan recibido el traspaso de funciones y servicios en materia de función pública inspectora, los criterios de coordinación y colaboración.

El ámbito de actuación de esta Unidad es nacional y la ejecución de las actuaciones se llevará a cabo, cuando así lo determine la Unidad Especial, por el personal de las inspecciones provinciales o, en su caso, dependiendo del tipo de actuación y de las circunstancias concurrentes, por el adscrito a la Unidad Especial. Esperemos que a pesar de las limitaciones con que nace esta Unidad, sus resultados sean eficaces.

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