edición: 2325 , Miércoles, 18 octubre 2017
24/12/2009
Recaudaría 6.200 millones de euros al año gravando el 0,01% cada transacción

En estudio la tasa que gravará todas las operaciones financieras

Para reducir la especulación a corto y el tamaño del sector financiero
Acciones, bonos, obligaciones, deuda pública y todo tipo de productos derivados
Juan José González

La tarta de las operaciones financieras reúne cada día que pasa a un mayor número de aspirantes a comensal. Se trata de Gobiernos, en su mayor parte, con algunos problemas en sus cuentas, y que tratan por todos los medios de buscar perchas en las que colgar algún impuesto. En este caso, la percha se llama operaciones financieras, el impuesto es una sencilla tasa y el sujeto pasivo son, como siempre, los consumidores finales de esas transacciones; empresas, particulares e intermediarios financieros. Y los recaudadores serían la bolsa y los registros que fiscalizan las operaciones financieras. En principio parece una idea bastante sencilla, y conocida desde que el economista James Tobin la propusiera hace algunos años. Ahora sólo queda llevar a cabo la parte más compleja, que es la aprobación y su puesta en marcha, y la más farragosa, el diseño técnico, la supervisión y la gestión típica de cualquier impuesto.

Se calcula que la tasa o impuesto por las transacciones financieras tendría un volumen de recaudación cercano a los 6.200 millones de euros al año. Una tasa que gravaría la totalidad de las operaciones financieras al uso, es decir; acciones, bonos, obligaciones, divisas y derivados de todo tipo, cualquier transacción de valores realizada en el sistema financiero, naturalmente, con la intención de que nada ni nadie se escape. La cifra es tan seria como atractiva, nada menos que el 0,6% de nuestro PIB. Y muy golosa, sobre todo porque por esta vía el Gobierno podrá utilizar cantidades de ese orden para cubrir agujeros fiscales, algo habitual, a la par que muy común, en estos tiempos de desequilibrios múltiples.

Los supervisores del mercado, Banco de España y la CNMV, así como la Oficina Económica del Presidente (EOP), preparan en las últimas semanas, con cierta premura, una de las piezas que se espera acompañe al conjunto de medidas que el Gobierno pondrá en marcha dentro de su estrategia fiscal para 2010. Las dos instituciones y el organismo de apoyo al primer ministro, llaman al trabajo ‘Informe sobre ITF/Primer borrador’. Es un impuesto del que no tienen noticias los Presupuestos Generales del Estado, así que caerá como maná en el mismo instante que dé comienzo su recaudación, por tanto, es previsible que cualquier aplicación de esta tasa no entraría en vigor hasta 2011, y eso contando con que la Unión Europea no se mostrara contraria. Las primeras estimaciones son seductoras, también como cualquier impuesto que se precie, porque se habla en términos de PIB, algo que ya suele dar idea de la magnitud de los guarismos así como de la solemnidad del asunto de referencia.

Se trabaja ahora en el diseño de la nueva tasa. Porque todo lleva su tiempo, y más tratándose del diseño de un impuesto. Es también una faena con cierta coordinación internacional, pues arrancó como una iniciativa tras una reunión del G-20, delegando en el FMI su estudio y desarrollo, una tasa que se debería ser de aplicación global y a todos los valores financieros que sean objeto de transacción. La nueva tasa cuenta con muchos amigos y unos cuantos enemigos. Europa en su totalidad acaricia la idea de la tasa; China y Japón también, y en EE UU hay de todo, pero cuenta con un detractor de peso, la Casa Blanca. El equipo económico del presidente Obama es crítico con la forma aunque no con el fondo; aceptan en términos generales el fondo porque el problema o la justificación del impuesto es frenar o contrarrestar el exceso de especulación financiera y sus efectos sobre la actividad económica de un país.

Sin embargo, no están muy de acuerdo con la forma porque provoca un encarecimiento en los costes de las transacciones financieras, que se repercutirían a los particulares, y por otra parte, alimentaría la volatilidad en el precio de los instrumentos financieros, aunque la tasa con la que se trabaja, del 0,01%, es para muchos una tasa neutral, que no supone amenaza ni peligro para la estabilidad de los costes de transacción. Lo que todavía no tienen muy claro los técnicos españoles que elaboran en la actualidad el citado informe o borrador, es la utilidad que el nuevo impuesto vaya a tener para reducir el tamaño del sistema financiero, precisamente, uno de los objetivos para lo que fue lanzado desde el G-20.

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