edición: 2514 , Viernes, 20 julio 2018
24/11/2008

En la normativa de Competencia está escrito el futuro del sector del automóvil

Xavier Gil Pecharromán

Esta semana, la Comisión Europea (CE) y la Presidencia de Turno del Consejo de Ministros, conjuntamente, se plantean la presentación de un plan de reactivación de la industria automovilística y de la auxiliar, que desde siempre se han considerado ‘locomotoras’ de la economía europea. El plan deberá estar ultimado antes de concluir el año para que entre en vigor a partir del 1 de enero de 2009. Sin embargo, las cosas no son tan sencillas como a primera vista pudiese parecer. Siguiendo la tradición normativa de la CE se puede adelantar cualquier ayuda que pudiese servir deberá ser temporal, no discriminatoria entre empresas instaladas en un mismo país, y, además, se deberá compartir el esfuerzo con el Estado y no aprovechar las ayudas para expandir las firmas.

Con el sistema financiero la CE hizo un paréntesis en las reglas de mercado para evitar el desplome de los grandes bancos continentales, pero le han quedado muchos recelos a los responsables de Competencia, porque no pueden permitirse que acaben constituyendo un incentivo para una actuación poco adecuada a las normas, lo que sería abrir la puerta al ‘sírvase usted mismo’.

La rigidez de la CE ha sido fundamental también para que durante los últimos 25 años, el nivel general de las ayudas estatales haya caído del 2% del PIB en la década de los ochenta a el 0,53% en 2007, último ejercicio contabilizado oficialmente. El nivel de ayudas en España fue del 0,51% del PIB en el pasado ejercicio, dos décimas por debajo de la media comunitaria.

En Bruselas consideran que si no fuera por las limitaciones legales que se han ido imponiendo a las ayudas estatales, posiblemente los Gobiernos se habrían visto inmersos en una carrera de subvenciones elevada y lesiva, en la que se habrían malgastado miles de millones de euros de los contribuyentes compitiendo entre sí en lugar de centrar el dinero donde más falta pueda hacer, creando situaciones que atentan contra la libre competencia en el Mercado Único Europeo.

La legislación europea establece que una empresa que se haya beneficiado de una ayuda pública declarada ilegal por la Comisión está obligada a reembolsarla. A finales de junio de 2008 había 47 decisiones de reembolso pendientes, la mayoría correspondientes a España,  Italia, Alemania y Francia, aunque en el caso de España la mayoría de esas ayudas corresponden las conocidas como ‘Vacaciones Fiscales’ de las Haciendas Forales vascas.

Pero esto no es todo. Para poner en práctica lo acordado en la cumbre del G20 celebrada recientemente en Washington, la UE se ha propuesto seguir hablando con una sola voz y hacer uso de toda su influencia. De ahí, que la propia CE haya amenazado esta pasada semana  a los Estados Unidos con consultar a la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre la legalidad  los planes de Washington de subsidiar a su pachucha industria del motor.

En esta misma línea, la Comisión se ha mostrado dispuesta a no conceder permisos que puedan constituir ayudas ilegales de Estado. Advertencia que ya se ha transmitido al Gobierno alemán y a la dirección de Opel, puesto que la CE considera que el aval que solicita la firma, propiedad de la estadounidense General Motors, puede constituir una ayuda de Estado ilegal.

Sin embargo, los alemanes, con la negativa de la CE, no han decaído en su voluntad de conceder ayudas y han propuesto que se puedan recibir subvenciones públicas siempre que las empresas beneficiarias las destinen a desarrollar modelos más ecológicos, y que los ciudadanos puedan beneficiarse de rebajas fiscales que sirvan para reactivar el mercado.

Las estadísticas del propio Ejecutivo comunitario dan la razón al Gobierno alemán, ya que muestran la nitidez de una radiografía que los países comunitarios han aumentado hasta el 80% las ayudas de Estado dedicadas a objetivos medioambientales y de ahorro energético, desarrollo regional, e investigación, desarrollo e innovación.

Los Gobiernos, aunque todavía no hay un modelo oficial, trabajan sobre la idea de un fondo común para toda la UE que contará con una dotación inicial de 130.000 millones de euros, y  al que cada Estado miembro aportará entorno al 1% de su PIB.

Tanto en España, como en el resto de los Gobiernos de los países socios de la UE se ha generado el sentimiento de que sus ciudadanos europeos no entenderían que no se aprueben los avales y las ayudas necesarias para la industria del automóvil, que genera empleos masivos y de calidad, frente a la presteza con que se aprobaron las ayudas  al sector financiero. La batalla está abierta y si esta sale adelante otros muchos sectores tendrán el camino abierto para llamar a la puerta de las ayudas de Estado.

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