edición: 2741 , Martes, 18 junio 2019
28/09/2009

En la reforma no suben los impuestos especiales, pero los carburantes tributarán más

Javier Ardalán
Hasta la pasada semana casi todas las fuentes consultadas sobre la subida de Impuestos daban por seguro que subirían los Impuestos Especiales, fundamentalmente el que graba los carburantes, pero unas declaraciones de Zapatero en Estados Unidos dejaron entrever que esta subida no se haría sobre esa figura tributaria, lo que habría incrementado las críticas sobre la incidencia negativa de la reforma sobre el consumo, y se ha decidido incluirla en el capítulo de los impuestos de carácter ecológico. La decisión política se tomó en los últimos momentos. Buena muestra de ellos es que la vicepresidenta Elena Salgado ha descartado una y otra vez, sin dejar lugar a dudas, la aplicación de un impuesto verde como el aprobado en Francia por el Gobierno de Sarkozy, que supondrá que los contribuyentes paguen, a partir de 2010, 17 euros por tonelada de dióxido de carbono que se emita por uso de petróleo, gas y carbón.

Sin embargo, Zapatero, afirmaba en Estados Unidos, que el nuevo impuesto es una iniciativa “interesante, a tener en cuenta”, y añadió que la fiscalidad verde es uno de los campos en los que está trabajando la mayoría de los países desarrollados.
 
A estas afirmaciones se sumarían también las del vicepresidente Manuel Chaves, que unas horas antes de que se anunciasen las líneas generales de la reforma abría también la posibilidad de aprobar este nuevo impuesto verde, que se tramitaría a través de la futura Ley de Economía Sostenible, cuyo informe ya ha sido estudiado en primera lectura por el consejo de Ministros.

Con los ingresos logrados con esta nueva figura impositiva se podrá sufragar el Fondo para la Economía Sostenible, incluido en la Ley, que consistirá en préstamos para actividades que puedan generar retorno, y las  deducciones fiscales previstas para eliminar las emisiones de CO2 y mejorar la sostenibilidad.

Según los primeros cálculos, la aplicación de esta tasa supondría el pago de cuatro céntimos más por litro de gasolina frente a los 2,9 que supuso la pasada subida del mes de junio.

De esta forma, se justificaría, informan fuentes del Ministerio de Economía y Hacienda, que la presión fiscal de la actual reforma sea cinco décimas menor que la anunciada Zapatero, el pasado 9 de septiembre en el debate monográfico de economía, en el que anunció un alza impositiva con un impacto sobre la presión fiscal de 1,5 puntos del PIB.

La aprobación de esta nueva figura tributaria tiene una clara utilidad a la hora de negociar los actuales Presupuestos Generales del Estado, ya que, a pesar de que el Gobierno no ha cumplido las exigencias de la minoría de izquierdas de centrar la subida en los más ricos, si que podrá ganarse su apoyo a base de una política de sostenibilidad que se centra en los que más contaminan y que destina, además sus esfuerzos a la creación de empleo y la formación e investigación sobre nuevas tecnologías.

Además, el Estado contaría con unos ingresos que de conseguirlos a través de otros tributos tendría que repartir con las comunidades autónomas, cosa que no tiene porque suceder con una figura de nueva creación.

Y, por si en Hacienda no encontrase ventajas suficientes sobre la creación de esta nueva figura, el Gobierno puede aducir la necesidad de reducir las emisiones para cumplir los objetivos de Kioto, que son jurídicamente vinculantes en la legislación comunitaria y que de no cumplirse supondrán importantes sanciones.

España es el país de la Unión Europea que está más lejos de cumplir los objetivos de Kioto ya que en 2010 superará en 36,6 puntos porcentuales su límite de emisiones de CO2 autorizadas, según las proyecciones hechas públicas por la Comisión Europea.

Mucho se ha escrito ya sobre el coste que el cumplimiento de los compromisos de Kioto impone a las industrias españolas. Sin duda, nuestro país será el mayor contribuyente neto al Sistema Europeo de Comercio de Emisiones (en inglés ETS o Emissions Trading System, adquiriendo aproximadamente la cuarta parte de los derechos que se comercialicen.
 Para el periodo 2008-2012, el Plan Nacional de Asignación español prevé adquirir derechos por valor de 20 millones de toneladas métricas de CO2 por año, pero muchos expertos duplican esa cifra a lo largo del período hasta 2012, lo que supondrá una necesidad de compra de entre 900 y 1500 millones de euros para el citado quinquenio.

Este es un caldo abonado para el control y la incentivación del Estado, que necesitará de una fuerte entrada de ingresos propios.

Noticias Relacionadas

Director
Alfonso Pajuelo ( director@icnr.es )

Esta web no utiliza cookies y no incorpora información personal en sus ficheros

Redacción (redaccion@icnr.es)

  • Juan José González
  • Javier Ardalán
  • Carlos Schwartz
  • Rafael Vidal

Intelligence and Capital News Report ®
es una publicación de Capital News Ediciones S.L.
Editor: Alfonso Pajuelo
C/ Joaquín María López, 30. 28015 Madrid
Teléfono: 92 118 33 20
© 2019 Todos los derechos reservados.
Prohibida la reproducción sin permiso expreso de la empresa editora.

Optimizado para Chrome, Firefox e IE9+

loading
Cargando...