edición: 2804 , Lunes, 16 septiembre 2019
04/06/2012

En la UE se pierden 120.000 millones de euros al año debido a la corrupción

Xavier Gil Pecharromán
En la Unión Europea se pierden 120.000 millones de euros al año debido a la corrupción, según datos de la Comisión, lo que causa perjuicios financieros y mina la confianza en las instituciones europeas. La Resolución del Parlamento Europeo de 2011 sobre los esfuerzos de la Unión Europea en la lucha contra la corrupción establece, además, que este tipo de actuaciones conduce al uso inadecuado de fondos públicos en general y de fondos de la UE financiados por los contribuyentes y causa distorsiones del mercado, e insta -junto con su mencionada Declaración-  a la Comisión y a los organismos de la Unión correspondientes a que garanticen que los fondos de la UE no son objeto de corrupción.

Por ello, el Parlamento Europeo muestra su preocupación por que algunos Estados miembros todavía no utilicen plenamente el sistema electrónico de notificación y pide a los Estados miembros que solucionen la situación de manera urgente en una Resolución de 10 de mayo de 2012, sobre la protección de los intereses financieros de la Unión Europea ya la lucha contra el fraude.

En España, el Tribunal Supremo ha avalado la legalidad del Real Decreto que implanta la obligatoriedad de notificar algunas de las resoluciones de la Agencia Tributaria por vía electrónica, según una sentencia dictada el pasado 22 de febrero, que desestima el recurso de casación presentado por la Asociación Española de Asesores Fiscales y Gestores Tributarios (ASEFIGET) contra el Real Decreto de 29 de octubre de 2010 del Ministerio de Economía y Hacienda que reguló los supuestos en los que Hacienda está obligada a notificar sus resoluciones por medios electrónicos.

En el actual anteproyecto de Ley de modificación de la normativa tributaria para la intensificación de la prevención y lucha contra el fraude, que el Gobierno aprobará en las próximas semanas, el Ejecutivo español, da un paso más hacia adelante, al regular que cuando un obligado tributario incumple con la obligación de presentación telemática dificulta notablemente a la Administración el tratamiento de la información y la generación, en su caso, de las correspondientes deudas.

Sin embargo, no está tipificado supuesto específico alguno de infracción tributaria que penalice su comportamiento frente al contribuyente que se atiene a tal obligación. Por ello, considera necesario crear un nuevo tipo de infracción tributaria relativo a la presentación de autoliquidaciones o declaraciones informativas sin atenerse a las obligaciones de presentación telemática, que llevará aparejada sanciones. Los asesores fiscales consideran nuevamente que la pequeña y mediana empresa no está preparada para esta obligación con carácter generalizado y en el caso del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) se pone en duda que, incluso Hacienda, lo esté.

El Parlamento Europeo, mientras tanto, recuerda que la legislación de la Unión exige que los Estados miembros comuniquen todas las irregularidades a más tardar dos meses después del final del trimestre en el que la irregularidad haya sido objeto de una comprobación administrativa o judicial. Además, pide a los Estados miembros que realicen todos los esfuerzos necesarios para cumplir los plazos establecidos y reducir el tiempo que transcurre entre la detección y la notificación de una irregularidad, incluida la  racionalización de los procedimientos administrativos nacionales. Por ello, pide a los Estados miembros que actúen principalmente como protectores del dinero de los contribuyentes en sus esfuerzos de lucha contra el fraude.

En 2010 el impacto financiero global de las irregularidades detectadas en lo que respecta a los gastos ascendió a 1 800 millones de euros (el 1,27 % de las asignaciones), frente a 1 400 millones (el 1,13 % de las asignaciones totales) en 2009. En cuanto a los ingresos, el impacto financiero global de las irregularidades también es superior al de 2009: 393 millones de euros (el 1,88 % del total del importe bruto de los recursos propios tradicionales recaudados), frente a 357 millones de euros (1,84 %) en 2009.

Toma nota de que en 2010 el número de irregularidades detectadas ha aumentado en todos los sectores salvo en los fondos de preadhesión y los recursos propios tradicionales, y que el aumento está relacionado con el cierre del periodo de implantación de los fondos de cohesión 2000-2006 y con las mejoras del Sistema de Gestión de Irregularidades (IMS).

Según un estudio llevado a cabo en nombre de la Comisión Europea1, se estima que la media de la brecha del IVA en la UE2 está en un nivel del 12 %; llama la atención en especial sobre el hecho de que la brecha de IVA esté en un nivel alarmante del 30 % y el 22 % en Grecia e Italia, respectivamente, los países que están sufriendo la crisis de la deuda más difícil y cuya situación pone en peligro la estabilidad económica en la EU-27.

La brecha del IVA, además de a la evasión fiscal y a las pérdidas debidas a insolvencias, se puede atribuir también al fraude y que las pérdidas del IVA, que se traducen en miles de millones de euros, solo pueden compensarse con medidas de austeridad que afecten a aquellos ciudadanos de la UE cuyos ingresos son fácilmente detectables.

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