edición: 2327 , Viernes, 20 octubre 2017
21/06/2012
OBSERVATORIO JURIDICO

En los procedimientos matrimoniales seguidos sin consenso, no pueden atribuirse viviendas distintas de la que constituye la familiar

DATADIAR

La Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de El Ferrol en un proceso de divorcio, entre otros puntos como la pensión, las visitas, la custodia…, atribuyó a la esposa durante un plazo de 10 años a contar desde la fecha de esta sentencia el uso y disfrute de un piso del marido, condicionando esa atribución del derecho de uso y disfrute a que lo siga destinando a clínica odontológica.

Interpuesto recurso de apelación contra la anterior resolución, la Audiencia Provincial de La Coruña, dictó Sentencia estimando parcialmente (en lo que se refiere a la pensión alimenticia dineraria) el recurso de apelación y confirmando los restantes pronunciamientos sin mención de las costas de alzada.

Interpuesto recurso de casación por interés casacional por el esposo que fue conocido por el Tribunal Supremo, quien, en Sentencia de 9 de mayo de 2012, resolvió el mismo.

Antes de entrar a examinar los argumentos del recurso de casación, la Sala se planteó si concurría interés casacional, ya que las sentencias de contraste que el recurrente aportó no se refieren exactamente al caso planteado, sino que resuelven supuestos de atribución del uso de local o segunda residencia ganancial antes de la liquidación de la sociedad conyugal. A pesar de ello, esta Sala entendió que dicho interés casacional concurría.

La primera de las sentencias citadas dice que "[...]de circunscribir la "cognitio" del Tribunal en el tema de infracción de doctrina jurisprudencial a un mero juicio de contraste respecto de las sentencias citadas por la parte, (y sin menoscabo de que esta alegación es una exigencia formal insoslayable para la parte recurrente), se excluiría la posibilidad de que el Tribunal pudiera aplicar la doctrina jurisprudencial actual, o, lo que es peor, la posibilidad de crear o cambiar la jurisprudencia adecuada al caso, contradictoria o no con la invocada, con lo que, en las materias en las que el tipo de proceso se determina en atención a las mismas, se cercenaría prácticamente la evolución de la jurisprudencia y se cosificaría la normativa legal, lo que no tiene apoyo alguno en la previsión legislativa, ni coincide con el criterio interpretativo racional que procede mantener en la materia". Ello coincide con el Acuerdo de la Sala 1ª, de 30 diciembre 2011, sobre criterios de admisión de los recursos de casación y los recursos extraordinario por infracción procesal, donde se dice que "cuando a criterio de la Sala 1ª del TS, la parte recurrente justifique debidamente la necesidad de modificar la jurisprudencia en relación al problema jurídico planteado porque haya evolucionado la realidad social o la común opinión de la comunidad jurídica sobre una determinada materia" podrá admitirse un recurso de casación en la modalidad del interés casacional.

En lo que se refiere a la atribución a la esposa de un local o vivienda del esposo distinta al domicilio familiar señala el ponente que, desde la entrada en vigor de la Ley 30/1981, de 7 julio, que introdujo el divorcio como forma de disolución del matrimonio y sus efectos, se ha discutido acerca de la posibilidad de atribuir las denominadas segundas residencias en el curso del procedimiento matrimonial. El art. 91 CC sólo permite al Juez, en defecto de acuerdo, o de no aprobación del acuerdo presentado, atribuir el uso de la vivienda familiar, siguiendo los criterios que establece el art. 96 CC.

El art 774.4 LEC repite la misma regla. De donde debemos deducir que el uso de los segundos domicilios u otro tipo de locales que no constituyan vivienda familiar, no puede ser efectuado por el juez en el procedimiento matrimonial seguido con oposición de las partes o, lo que es lo mismo, sin acuerdo.

Tampoco el art. 233-20.6 del Código civil de Cataluña permite esta atribución, sino que sólo prevé esta posibilidad en el caso que la segunda vivienda sea más apta para satisfacer la necesidad de los hijos y del progenitor custodio.

Existen varias razones para llegar a esta conclusión, dejando aparte la interpretación literal del Código civil y de la Ley de Enjuiciamiento, a la que se ha aludido:

1ª La atribución de otras residencias de la familia o de otros locales debe efectuarse de acuerdo con las reglas del régimen económico matrimonial que rija las relaciones entre cónyuges.

2ª La sentencia que decreta el divorcio o la separación, declara la disolución del régimen. Puede declarar también su liquidación, pero para ello debe seguirse el procedimiento del art. 806 y ss LEC, en defecto de acuerdo previo.

3ª Cuando los cónyuges se rijan por un régimen de separación de bienes, como ocurre en este caso, no se producen problemas de atribución de bienes, porque los patrimonios están claramente fijados. Por ello, el juez de familia no tiene competencia para atribuir el uso de bienes distintos de aquellos que constituyen la vivienda familiar. Un argumento a favor de esta conclusión la proporciona el art. 103, 4ª CC, que permite en medidas provisionales que pueden convertirse en definitivas, señalar qué bienes gananciales hayan de entregarse a cada cónyuge para su administración y disposición, previo inventario y con la obligación de rendir cuentas. Esta regla no es aplicable al régimen de separación de bienes.

Por otra parte, esta sentencia no contradice la 78/2012, de 27 febrero que atribuyó al marido el uso del domicilio familiar, debido a que ejercía allí su profesión de abogado, porque en el presente caso se trata de la decisión sobre el uso de un local que no es vivienda familiar y que, por esta condición, no puede ser atribuido en el procedimiento matrimonial.

En consecuencia, debe formularse la siguiente doctrina, a los efectos de unificar la de las Audiencias provinciales en esta materia: en los procedimientos matrimoniales seguidos sin consenso de los cónyuges, no pueden atribuirse viviendas o locales distintos de aquel que constituye la vivienda familiar.

La doctrina casacional debe ser aplicada al presente recurso. Por ello, debe casarse en parte la sentencia recurrida, que confirmó la dictada por el juzgado de 1ª instancia nº 2 del Ferrol, de 21 diciembre de 2009, y dejar sin efecto la atribución efectuada a la esposa del uso del piso, propiedad del marido para ejercer su actividad de odontóloga. No procede hacer ninguna atribución al recurrente del uso del piso de su propiedad, por no corresponder a este procedimiento matrimonial.

Por lo tanto en los procedimientos matrimoniales seguidos sin consenso de los cónyuges, no pueden atribuirse viviendas o locales distintos de aquel que constituye la vivienda familiar.


Equipo jurídico de Datadiar.com


LEGISLACIÓN

DECRETO 53/2012, de 4 de abril, por el que se regula el Registro de demandantes y el proceso de comercialización de viviendas protegidas de Extremadura. D.O.E., nº 70, 12 de abril de 2012.
Desde que en el año 2006 naciera en Extremadura el primer Registro de demandantes de vivienda protegida, se ha sucedido distintas normas que han tratado de establecer un régimen jurídico de inscripción y de sorteo acorde con las necesidades sociales; normas que al poco tiempo quedaban desfasadas, fruto de una realidad muy cambiante a consecuencia del actual ciclo que atraviesa el sector de la construcción, en el que destaca sobremanera las dificultades de financiación que están encontrando tanto las entidades promotoras como los compradores de viviendas protegidas. El Plan Estatal de vivienda y rehabilitación 2009-2012 regulado por el Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, establece la necesidad de existencia de registros públicos para cumplir el objetivo de garantizar a los ciudadanos el acceso a la vivienda protegida en condiciones de igualdad. Este Decreto trata de unificar en una sola norma los dos registros de demandantes de vivienda protegida existentes en la Comunidad Autónoma de Extremadura: el Registro de Demandantes del Plan Especial de Vivienda, regulado en el Decreto 104/2010, de 23 de abril, por el que se aprueba el Reglamento que regula el Registro de Demandantes y los procedimientos de sorteo en materia del Plan Especial de Vivienda, y Registro de demandantes de viviendas protegidas regulado en la Orden de 5 de abril de 2010, por la que se crea y regula el Registro de Demandantes y el sorteo de viviendas protegidas financiadas al amparo de Planes estatales de Vivienda en Extremadura.


JURISPRUDENCIA

Penal

Delito continuado de estafa y falta contra el orden público. Penalidad del delito continuado de estafa. Tribunal Supremo. Sentencia 20 de marzo de 2012
Delito continuado de estafa y falta contra el orden público. Penalidad del delito continuado de estafa. En el presente caso la pena procedente es la de la estafa agravada del art. 250.1, esto es la pena de prisión de 1 a 6 años y la pena de multa, y dentro de ella recorrer el ámbito de la penalidad pues el tipo agravado del art. 250.1.5 se conforma con la suma de los resultados producidos en las distintas y plurales acciones. El tribunal razona la imposición de la pena de 3 años y seis meses y lo hace ya no desde la consideración de delito continuado, que ya ha sido valorado para subsumir el hecho en el tipo agravado del art. 250 Cp, sino que razona desde la gravedad del hecho al superar, en casi el doble, la cantidad objeto del perjuicio causado que conforma la agravación específica. Esa consideración del perjuicio causado para integrar la gravedad del hecho y, sobre ese presupuesto, individualizar la pena, conforme al art. 66 del Código penal no es irrazonable, máxime si tenemos en cuenta la penalidad prevista para el tipo básico de la estafa, art. 249 de seis meses a tres años, por lo que la agravación derivada del perjuicio superior a 50.000 euros merece la penalidad del art. 250 Cp y aún mayor si la cantidad objeto del perjuicio dobla la consignada como agravación y aparece correctamente expuesto en la fundamentación de la individualización de la pena.


Mercantil

Usufructo de participaciones sociales: Sobre «dividendos distribuidos», excluyendo las reglas de liquidación del art. 68 LSA de 1989 para la finalización del usufructo. Tribunal Supremo. Sentencia 20 de marzo de 2012
El derecho de usufructo no queda vacío de contenido, en perjuicio de usufructuario, por la doble circunstancia de que la sociedad, merced al voto del nudo propietario, acuerde no distribuir dividendos y, al mismo tiempo, no haya compensación alguna en favor del usufructuario a la finalización del usufructo. El legislador, recientemente y por Ley 25/2011, de 1 de agosto, ha incorporado a la Ley de Sociedades de Capital, texto refundido de 2010, el art. 348 bis para reconocer el derecho de separación al socio que hubiera votado a favor de la distribución de beneficios si la junta general no acordara la distribución como dividendo de, al menos, un tercio de los beneficios propios de la explotación.

Nulidad de la compraventa de participaciones sociales realizada por un cónyuge sin el consentimiento del otro. Tribunal Supremo. Sentencia 16 de abril de 2012
El artículo 1384 del Código Civil dispone que serán válidos los actos de administración de bienes y los de disposición de dinero o títulos valores realizados por el cónyuge a cuyo nombre figuren o en cuyo poder se encuentren», lo que si, desde la perspectiva interna, se justifica por la necesidad de facilitar la gestión de determinados gananciales, desde la perspectiva externa enlaza con la seguridad característica del tráfico de los títulos valores fruto de la abstracción de los derechos incorporados a los mismos, que exige la inmunidad de los terceros adquirentes de buena fe frente a las cuestiones subyacentes a la causa de su creación y a su titularidad extradocumental. Sin perjuicio del tratamiento que en otros ámbitos pueda asignarse a las participaciones sociales  en contra de lo pretendido por el recurrente, esta excepción a la regla general de la codisposición no comprende las participaciones de las sociedades de responsabilidad limitada dado que, las mismas se configuren como sociedades en las que como una sociedad en la que los socios no responden personalmente de las deudas sociales y, a la vez cuyo capital social se divide en participaciones sociales que ni pueden incorporarse a títulos-valores ni estar representadas por medio de anotaciones en cuenta.


Civil

Arrendamientos. Incumplimiento del arrendatario que a la extinción del contrato continúa en la posesión de la cosa arrendada. Tribunal Supremo. Sentencia 16 de marzo de 2012
El arrendatario que una vez finalizado el tiempo fijado en el contrato continúa en la posesión de la cosa arrendada, contraviniendo la obligación de restituir la cosa al arrendador, explotándola y extrayendo de ella sus frutos y productos, incurre en el incumplimiento contractual tipificado en el artículo mil ciento uno del Código Civil, con la obligación consiguiente de resarcir al otro sujeto del contrato del quebranto patrimonial sufrido, cuya producción es debida a un comportamiento culpable y aun doloso al no devolver la cosa arrendada en el tiempo pactado para ello, impidiendo al arrendador la obtención de las utilidades mientras prosiguió la posesión indebida del infractor. Al continuar el arrendatario en una posesión injustificada, incurre en retención improcedente sin posesión, pasando a convertirse en detentador ilegal, pudiendo ser responsable de los daños y perjuicios que ocasione por su detentación sin título, cuando, como aquí sucede, la ocupación se realiza contra la manifiesta voluntad del propietario.

Precontrato bilateral de compraventa. Determinación de plazo para otorgar la escritura pública de compraventa. Arras penitenciales previstas expresamente para caso de incumplimiento del plazo. Tribunal Supremo. Sentencia 21 de marzo de 2012
La parte vendedora alega que no hubo un incumplimiento por su parte, sino una mero retraso en el cumplimiento de la obligación de otorgar la escritura pública. No puede aceptarse este planteamiento. En el precontrato, se había pactado que la escritura de compraventa se otorgará como máximo el día 31 de julio de 2007: es un pacto que las partes han tenido por conveniente imponer, como dice el artículo 1255 del Código civil al proclamar el principio de autonomía de la voluntad y que debe cumplirse al tenor del mismo. El texto del pacto es explícito y no admite dudas: se fija el plazo de ejecución y se ha fijado por voluntad libre de las partes. No se trata de una cierta obligación cuyo cumplimiento sufre un mero retraso; se trata de un pacto expreso de tiempo de ejecución, cuyo cumplimiento no puede soslayarse: pacta sunt servanda y cuyo incumplimiento da lugar a la resolución.


Laboral

Expediente de regulación de empleo. Competencias respectivas de la jurisdicción social y de la jurisdicción  contencioso-administrativa. Tribunal Supremo. Sala de lo Social. Sentencia 9 de febrero de 2012
Son dos los temas planteados en este recurso de casación para unificación de doctrina, uno procesal relativo a la competencia, bien de la jurisdicción social bien de la jurisdicción contencioso-administrativa, para conocer de la cuestión de fondo planteada; y otro sustantivo sobre una posible responsabilidad de la Diputación Provincial de León respecto de la extinción de la relación de trabajo de la actora, extinción acaecida a raíz de un procedimiento administrativo de despido colectivo (expediente de regulación de empleo). La cuestión procesal previa planteada en este recurso es resuelta en el sentido de excluir la competencia del orden social respecto del concreto tema litigioso, por lo que este motivo del recurso es estimado. La exclusión de la competencia del orden social en esta materia ya ha sido decidida por esta Sala de lo Social del Tribunal Supremo en una sentencia de unificación de doctrina dictada en caso muy similar al presente, en el que se resolvió asimismo, con ciertas matizaciones con respecto al presente caso, sobre la alegada responsabilidad laboral de la Diputación de León respecto de otra relación contractual de trabajo extinguida por la misma empresa a raíz del mismo expediente de regulación de empleo resuelto la misma que en este litigio. Por tanto, se declara que es la jurisdicción contencioso-administrativa la competente para conocer de la pretensión relativa a la alegada responsabilidad laboral solidaria en condición de empleadora de la Diputación Provincial de León respecto del despido de la actora, cuestión resuelta en sentido negativo en la resolución administrativa que ha puesta fin al expediente de regulación de empleo origen del litigio.

Personal de alta dirección Gerente de hospitales y centros sanitarios contratados laboralmente. Tribunal Supremo. Sala de lo Social. Sentencia 14 de febrero de 2012
La cuestión jurídica debatida en el presente recurso consiste en determinar si la relación de un Director Gerente de un Hospital Psiquiátrico constituye una relación laboral común o una relación laboral especial de alta Dirección. Estima el Tribunal Supremo que parece claro, como se sostiene en la sentencia de contraste y concluye el Ministerio Fiscal, que la relación laboral iniciada entre el Servicio Vasco de Salud y el recurrido se inició bajo una legislación que resultó a posteriori no idónea, pero no se puede olvida que una vez que por normativa idónea se dio carta de naturaleza a la relación laboral especial de alta dirección, la relación laboral de aquella manera iniciada, continuó en todos sus extremos incluida la alta responsabilidad y su justa remuneración, sin que ninguna de las partes a lo largo de la extensa relación, hicieran amago de apartarse de su regulación. En definitiva, entiende, de acuerdo con la sentencia de contraste y el Ministerio Fiscal, que si bien al art. 13 del EBEP, que somete a la relación especial de alta dirección al personal directivo que tenga la condición de personal laboral, no cabe atribuirle una retroactividad plena, no resulta sin embargo improcedente la aplicación de la llamada retroactividad débil, de modo que desde, al menos, la entrada en vigor de esa norma, se aplique a la relación enjuiciada la normativa del personal de alta dirección, máxime en este caso en el que la relación laboral se configuró y formalizó por las partes como de alta dirección viniendo dicha normativa a confirmar la validez de la misma y determinando que la extinción del contrato de trabajo producida bajo su vigencia quede sometida a la regulación que para esa relación laboral especial establece el Real Decreto 1382/1985.


Administrativo

Establecimiento del calendario de apertura de los establecimientos comerciales en domingo y días festivos para el año 2.006. Tribunal Supremo. Sentencia 26 de julio de 2011
Debe reputarse que la Orden impugnada - Orden CTC/472/2005, de 12 de diciembre, del Departamento de Comercio, Turismo y Consumo de la Generalidad de Cataluña, por la que se establece el calendario de apertura de los establecimientos comerciales en domingo y días festivos para el año 2.006.- se adecuó de modo suficiente a los criterios legales, constando acreditado que la cuestión fue debatida en el Consejo Asesor en sesión en la que estaban presentes todos los sectores afectados adoptándose la propuesta mayoritaria, de lo que es preciso deducir que las razones que justifican la decisión que la Administración adoptó en ejercicio de su facultad decisoria discrecional son las que apoyaban la propuesta formulada por dicho órgano asesor.

Inadmisión de recurso de casación basado en la infracción de normas autonómicas. Tribunal Supremo. Sentencia 21 de julio de 2011
El Alto Tribunal declara inadmisible el recurso de casación que versa sobre proyecto, construcción y explotación de obras subterráneas para el transporte terrestre en el ámbito de la Comunidad de Madrid, al fundarse en la infracción de normas autonómicas, en concreto Leyes Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid y el Reglamento de la Ley de Carreteras de la propia Comunidad, siendo que el ámbito de la casación que corresponde a este Tribunal Supremo, se circunscribe a los recursos fundados en la supuesta infracción de normas de derecho estatal o comunitario.

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