edición: 2595 , Miércoles, 14 noviembre 2018
28/07/2011
OBSERVATORIO JURIDICO

En los supuestos de doble inmatriculación se mantiene el criterio de la prevalencia de la inscripción de la finca

DATADIAR

La Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Torrox declaró nula la declaración de exceso de cabida que se declaró en la escritura que tuvo acceso al Registro de la Propiedad a costa de la finca colindante de la sociedad que había ejercitado acción declarativa de dominio, provocando entonces la doble inmatriculación de este exceso.

Interpuesto recurso contra la anterior resolución, la Sección 5ª de la Audiencia Provincial de Málaga, dictó Sentencia confirmando la del Juzgado de Primera Instancia diciendo literalmente, "hace suyos los hechos declarados probados..." que se contienen en la anterior y añade: "es preciso concluir que no cabe la menor duda de que la entidad actora ha demostrado la titularidad sobre la finca registral y que sus límites están perfectamente identificados con la descripción que de la misma consta en su inscripción...". Por ello, fue estimada íntegramente la demanda.

Interpuesto recurso por infracción procesal y de casación por la sociedad, fueron conocidos por el Tribunal Supremo, quien, en Sentencia de 9 de junio de 2011, resolvió los mismos.

Sobre el recurso de casación señala el ponente, que ésta es una situación patológica que se produce en el Registro de la Propiedad consistente en que una misma finca consta inmatriculada dos veces en folios diferentes y con distinto número. Se genera una situación irregular que, como contraria a la exigencia de folio único para cada finca, determina la neutralización de cualquier efecto positivo de la publicidad registral que pudiera derivar de los respectivos asistentes. A ello se refiere el artículo 313 del Reglamento Hipotecario que contempla la situación, regula el trámite, pero a falta de acuerdo, simplemente se reserva a los interesados, titulares registrales contradictorios las acciones de que se consideren asistidos sobre declaración del mejor derecho al inmueble, que podrán ejercitar en el juicio declarativo correspondiente.

El criterio que, a falta de una normativa sobre ello, se ha mantenido por doctrina y jurisprudencia es el de prevalencia de la inscripción de la finca, cuyo dominio sea de mejor condición conforme al Derecho civil puro, con omisión de las normas de índole hipotecaria contenida en la Ley de esa materia, ya que la coexistencia de dos asientos registrales de igual rango y naturaleza, contradictorios e incompatibles entre sí, origina la quiebra de los principios rectores del mecanismo tabular, porque la protección a uno de los titulares supondría para el otro el desconocimiento de los mismos principios básicos de la publicidad, legitimación y prioridad, que son los que en el recurso se consideran infringidos por inaplicación.

La doctrina que ha mantenido esta Sala es la prevalencia de la inscripción de la finca cuyo dominio sea de mejor condición atendiendo al Derecho civil. En el campo del derecho civil, son dos los criterios sentados por la doctrina de esta Sala: a) el de la prevalencia de la hoja registral de la finca cuyo dominio sea de mejor condición atendiendo al Derecho Civil pero, es decir abstracción hecha de las normas inmobiliarias registrales; b) el de la prevalencia de la hoja registral de finca cuya inmatriculación sea más antigua por ser la primera que acudió al Registro en orden al tiempo; ahora bien, del examen de dicha doctrina fácilmente se deduce que la regla general la constituye el primero de los criterios jurisprudenciales, y sólo para ciertos casos en los que concurran circunstancias cuyos particulares será en los que se puede aplicar el segundo criterio; y esto es así por lo simple de la cuestión, puesto que de atenernos a este segundo criterio hubiese bastado que el legislador así lo hubiere sancionado y de no hacerlo lo que no cabe pensar es que lo remitiera a un juicio ordinario declarativo, cuando la cuestión estaba resuelta con el mero examen de las hojas registrales. Esta Sala ha declarado con reiteración que en los supuestos de doble inmatriculación ha de resolverse la pugna conforme al Derecho civil puro, con exclusión u omisión de las normas de índole hipotecaria contenidas en la Ley de esa materia, ya que la coexistencia de dos asientos registrales de igual rango y naturaleza, contradictorios e incompatibles entre sí, origina la quiebra de los principios rectores del mecanismo tabular, porque la protección a uno de los titulares supondría para el otro el desconocimiento de los mismos principios básicos de la publicidad, legitimación y prioridad

Sobre el recurso de infracción procesal se argumenta que la valoración probatoria sólo puede excepcionalmente tener acceso a la casación mediante un soporte adecuado, bien la existencia de un error patente o arbitrariedad en la valoración de la prueba, bien la infracción de una norma tasada de valoración de prueba que haya sido vulnerada por el juzgador y, en tales casos, habrá de hacerse al amparo del artículo 469.1.4.º LEC, por cuanto, al ser manifiestamente arbitraria o ilógica la valoración de la prueba no supera, conforme a la doctrina constitucional, el test de la racionabilidad constitucionalmente exigible para respetar el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en artículo 24 CE. En defecto de todo ello la valoración de la prueba es función de la instancia y es ajena a las potestades de casación.

Este conjunto de reglas impide, si no se demuestra de modo patente la existencia de una infracción de las reglas del discurso lógico aplicables al proceso, tratar de desvirtuar una apreciación probatoria mediante una valoración conjunta efectuada por el propio recurrente para sustituir el criterio del tribunal por el suyo propio, por acertado que pueda parecer, así como también postular como más adecuada la valoración de la prueba efectuada por el Juzgado de Primera Instancia frente a la llevada a cabo por el tribunal de apelación.

Por lo tanto, en los supuestos de doble inmatriculación se mantiene el criterio de la prevalencia de la inscripción de la finca cuyo dominio sea de mejor condición atendiendo al derecho civil, ya que la coexistencia de dos asientos registrales de igual rango y naturaleza, contradictorios e incompatibles entre sí, origina la quiebra de los principios rectores del mecanismo tabular, porque la protección a uno de los titulares supondría para el otro el desconocimiento de los mismos principios básicos de la publicidad, legitimación y prioridad.

Equipo jurídico de Datadiar.com

LEGISLACIÓN

Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil. BOE nº 175 de 22 de julio de 2011.
La importancia del Registro Civil demanda la adopción de un nuevo modelo que se ajuste tanto a los valores consagrados en la Constitución de 1978 como a la realidad actual de la sociedad española. Aunque la vigente Ley del Registro Civil, de 8 de junio de 1957, ha dado muestras de su calidad técnica y de su capacidad de adaptación a lo largo de estos años, es innegable que la relevancia de las transformaciones habidas en nuestro país exige un cambio normativo en profundidad que, recogiendo los aspectos más valiosos de la institución registral, la acomode plenamente a la España de hoy, cuya realidad política, social y tecnológica es completamente distinta a la de entonces. La Constitución de 1978 sitúa a las personas y a sus derechos en el centro de la acción pública. Y ese inequívoco reconocimiento de la dignidad y la igualdad ha supuesto el progresivo abandono de construcciones jurídicas de épocas pasadas que configuraban el estado civil a partir del estado social, la religión, el sexo, la filiación o el matrimonio. Un Registro Civil coherente con la Constitución ha de asumir que las personas –iguales en dignidad y derechos- son su única razón de ser, no sólo desde una perspectiva individual y subjetiva sino también en su dimensión objetiva, como miembros de una comunidad políticamente organizada. Por este motivo, la Ley abandona la vieja preocupación por la constatación territorial de los hechos concernientes a las personas, sustituyéndola por un modelo radicalmente distinto que prioriza el historial de cada individuo, liberándolo de cargas administrativas y equilibrando la necesaria protección de su derecho fundamental a la intimidad con el carácter público del Registro Civil.

JURISPRUDENCIA

Penal

Delito de administración desleal. Opción de compra. Existencia de perjuicio económicamente evaluable. Tribunal Supremo. Sentencia 30 de marzo de 2011
Acusado, administrador de una sociedad mercantil, que suscribe un contrato de opción de compra sobre un bien inmueble a cambio de 300€. Operación que se ejecutó en el marco de un acuerdo de separación empresarial con la querellante, a pesar de que el bien inmueble afectado no se había incluido entre los que la sociedad administrada debía transmitir al recurrente ni entre los bienes afectados de alguna forma por el acuerdo suscrito entre ambos. La apertura del juicio oral se acuerda respecto de hechos y no de calificaciones jurídicas, de manera que la calificación mencionada en el correspondiente auto no vincula al que debe juzgar. No se ha producido una condena por delito distinto del contenido en las acusaciones. Responsabilidad civil: no rige el principio acusatorio sino el principio dispositiva, que permite a la parte decidir el contenido de su reclamación, y el de rogación, que solo autoriza al tribunal a acordar indemnización dentro de los límites de lo solicitado. Vulneración existente: la acusación no solicitó indemnización concretada en cantidad económica alguna por los perjuicios derivados del hecho por el que ha recaído la condena. Delito de administración desleal: artículo 295 CP. Requiere que la actuación típica de los autores se realice en beneficio propio o de un tercero, y que cause directamente un perjuicio económicamente evaluable a los socios, depositarios, cuentapartícipes o titulares de los bienes, valores o capital que administren. No se protege únicamente el patrimonio de la sociedad sino también otros patrimonios relacionados. Lo que exige la norma es que exista un perjuicio y que sea económicamente evaluable. La propiedad sobre un inmueble tiene sin duda un contenido económico evaluable. La concesión de una opción de compra sobre un inmueble implica la atribución de unos determinados derechos al titular, suponiendo al tiempo una limitación de las facultades dominicales del propietario. El bloqueo de las facultades de disposición sobre una finca no es perjuicio a los efectos del artículo 295 CP pues la opción de compra no impide vender, aunque conceda al titular la posibilidad de reclamar que la venta se le haga a él y a un precio ya convenido, durante el plazo fijado. No existe una inmovilización del bien, sino una limitación a las posibilidades de venta. En el caso, además, la opción de compra lo fue a un valor superior al de tasación y se pactó una contraprestación de 300€. Absolución.

Mercantil

Responsabilidad de administradores sociales por operaciones que descapitalizaron la sociedad. Comportamientos contrarios a los exigibles a un ordenado comerciante y representante legal. Tribunal Supremo. Sentencia 14 de marzo de 2011
El  objeto del proceso versa sobre responsabilidad social de administradores sociales por la realización de operaciones impropias de un ordenado comerciante y representante legal que determinaron un vacío económico de la sociedad y posterior situación de concurso. Señala el TS que la actuación realizada por el administrador  de vender una parte importante de la actividad de la sociedad y seguidamente remitir gran parte de su importe a otra sociedad, independientemente de que ésta sea la matriz, con lo que disminuyó notoriamente el patrimonio social de la entidad que administraba y fue una de las causas de la situación posterior de concurso, no puede ser calificada de comportamiento aceptable de un ordenado comerciante y representante legal. Y ello tanto más cuando resulta razonable estimar que no desconocía la situación económica de la matriz, la cual fue declarada pocos meses después en liquidación judicial.

Resolución contrato distribución: indemnización por falta de preaviso y por clientela. Tribunal Supremo. Sentencia 15 de marzo de 2011
La clientela supone una realidad económica que debe resarcirse por quien se aproveche de su aporte (...) Tal indemnización es distinta de la indemnización que cabe conceder por razón de abuso o mala fe por parte de la concedente en la finalización de la relación establecida», de tal forma que, en defecto de pacto: 1) Cabe el ejercicio regular de la facultad desistimiento unilateral sin que haya lugar a indemnización alguna por daños y perjuicios derivados de la resolución, pero es posible que concurran circunstancias determinantes del reconocimiento de indemnización por clientela. 2) Nada impide que exista un irregular desistimiento unilateral generador del deber de indemnizar por daños y perjuicios derivados de la irregularidad, pero que no haya lugar a indemnización por clientela. 3) También es posible que proceda la indemnización por ejercicio en forma anómala de la facultad de desistir y, simultáneamente, la indemnización por clientela. 4) Finalmente, cuando se ejercita correctamente la facultad de desistir y no concurren las circunstancias que subyacen en el reconocimiento del derecho de indemnización por clientela, no ha lugar a indemnización alguna.

Civil

Debe rechazarse  que los  defectos se deban a una falta de mantenimiento, al tratarse de defectos internos que afectan a la colocación de las placas de la fachada y por tanto constitutivos de ruina. Tribunal Supremo. Sentencia 7 de abril de 2011
La existencia de ruina exige una apreciación de índole fáctica, consistente en fijar los hechos y circunstancias que integran el defecto constructivo, incluida la gravedad del mismo, y otra de naturaleza jurídica, que supone calificar la base fáctica fijada en alguna de las modalidades de ruina admitidas jurisprudencialmente, esto es física, potencial o funcional.La primera apreciación es una cuestión de hecho que, establecida por el Tribunal de Instancia, no puede ser atacada mediante el recurso de casación. En el este caso la recurrente, muestra su disconformidad con los hechos fijados por la Audiencia Provincial, al considerar que los defectos examinados en la fachada del edificio se deben a una falta de adecuado mantenimiento y de labores de conservación, que corresponden únicamente al propietario del inmueble, esto es al actor, y que conlleva que no puedan ser calificados como ruinógenos, en cuanto se trata de imperfecciones corrientes de escasa entidad derivadas del paso del tiempo. Sin embargo debe rechazarse  que estos defectos se deban a una falta de mantenimiento, al tratarse de defectos internos que afectan a la colocación de las placas de la fachada.  El recurrente en su recurso incide en supuesto de la cuestión al establecer apreciaciones jurídicas a partir de hechos diferentes de los vinculantes fijados por la sentencia de instancia, lo que provoca su repulsa.

El exceso de obras reclamadas fueron no solo objeto de acuerdo entre los litigantes, sino de necesaria y obligación ejecución ante la imposibilidad de construir con arreglo al proyecto inicial. Tribunal Supremo. Sentencia 8 de abril de 2011
Lo planteado por la parte recurrente es la discrepancia con la interpretación literal que de la cláusula VII del contrato litigioso se ha efectuado por la Audiencia Provincial, por entender que de la dicción de la misma, la propietaria de la obra no queda obligada a abonar el exceso de obra reclamada ya que no consta por escrito, mediante acta elaborada a tal efecto, la voluntad de los contratantes, en cuanto a dichos cambios respecto del proyecto inicial. Sin embargo  la interpretación que de la cláusula indicada ha efectuado la Audiencia Provincial no es ilógica o arbitraria. Del conjunto de la prueba practicada, resulta innegable que el exceso de obras reclamadas fueron no solo objeto de acuerdo entre los ahora litigantes, sino de necesaria y obligación ejecución ante la imposibilidad de construir con arreglo al proyecto inicial, ya que, de haberse ejecutado éste, y por la inclinación del terreno en el cual se iban a construir las viviendas, la consecuencia directa e inmediata hubiese sido que algunas de las ventanas de ciertas viviendas quedaran por debajo del nivel del suelo. De dicha conclusión, resulta obvio que la directamente afectada por dicho proyecto, y asimismo beneficiada, por tanto, por las obras consistentes en excavación para nivelar el suelo, es la parte ahora recurrente, a la sazón propietaria de las viviendas a construir.  Por ello entendiéndose probado el acuerdo entre las partes para la realización de las obras cuyo exceso se reclama, la cláusula litigiosa, en cuanto a la necesidad de constancia escrita del pacto haya de ser entendido más que como una formalidad insalvable para el pago, como un requisito para dar por probada la existencia y realidad de las obras ejecutadas.

Laboral

Exclusión del ámbito laboral de la actividad de las personas prestadoras del servicio de transporte al amparo de autorizaciones administrativas. Tribunal Supremo. Sala de lo Social. Sentencia 28 de marzo de 2011
La frontera entre el trabajo autónomo como transportista y la misma realidad llevada a cabo por cuenta ajena con vehículo propio, viene fijada por la MMA (masa máxima autorizada) y que ésta se determina por suma del peso del propio vehículo y el de la carga, que no por la exclusiva tara. En el caso de autos, aparte de que la propia tarjeta de transporte con la que se llevaba a cabo la actividad inducía a pensar en que aquélla superaba el límite de dos toneladas previsto en el art. 41 del Reglamento de la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres, lo cierto es que los datos técnicos de la Furgoneta Transit utilizada en autos figuran en la documentación de circulación, expresiva de una «Tara» de 1.752 kilogramos y de MMA de 3.000. Y sobre esta base, de que el actor es titular de autorización administrativa como transportista y que como tal llevaba a cabo su actividad para la demandada «Arbitrade, SA», se entienden producidas las infracciones que el recurso denuncia, al no estar incardinada la relación de que se trata en el ámbito laboral, por expresa exclusión del vigente art. 1.3.g ET y pese a que la prestación de servicios pudiera entenderse dotada de características propias de la relación laboral.

La desigualdad no es discriminatoria pues encuentra su justificación en las distintas condiciones que los trabajadores integrantes de dichos colectivos. Tribunal Supremo. Sala de lo Social. Sentencia 28 de marzo de 2011
Los 28 actores eran trabajadores técnicos superiores, fuera de convenio, de la empresa IZAR, y procedían de Astilleros Españoles, S.A. (AESA) afectos por expediente de regulación de empleo  y reclamaban que, al importe acordado de su indemnización, se adicionara otra cantidad equivalente a 20 meses de salario bruto. Basaban su reclamación en el hecho de que otros trabajadores de IZAR, con categoría de técnicos superiores y fuera de convenio, afectos también por expediente de regulación de empleo, pero procedentes de la empresa Bazán Construcciones Navales y Militares S.A. (Bazán) habían percibido dicha suma -20 meses de salario- adicional a la indemnización acordada en el expediente de regulación de empleo. Como ya se ha apuntado, la reclamación la basaban los demandantes y ahora recurrentes en la aplicación del mandato de igualdad  establecido en el art. 14 de la Constitución, dada la diferencia de trato ante situaciones aparentemente iguales. Sin embargo, en el caso enjuiciado considera el Tribunal que no existe igualdad entre los trabajadores de uno y otro colectivo (AESA y BAZÁN) procedentes de empresas que son sociedades mercantiles, pero tal desigualdad no es discriminatoria en tanto encuentra su justificación en las distintas condiciones que los trabajadores integrantes de dichos colectivos tenían en el momento de la extinción de sus contratos y la inexistencia de un mandato legal o convencional, que impusiera el tratamiento igual de esos trabajadores.

Administrativo

Anulación de determinados preceptos del Real Decreto 304/2004 por el que se aprueba el Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones. Tribunal Supremo. Sentencia 4 de abril de 2011.
Los planes de pensiones del sistema de empleo se caracterizan por su conexión con las relaciones laborales colectivas, en cuyo seno se gestan. Tal circunstancia los diferencia de modo relevante tanto de los planes de pensiones del sistema individual como de los planes del sistema asociado. El Real Decreto Legislativo 1/2002 remite al reglamento el desarrollo del proceso de elección de los miembros de las comisiones de control de los planes de empleo. El Real Decreto 304/2004 puede, en consecuencia, establecer las condiciones de aquel proceso electoral, lo s porcentajes de representación y otras medidas al respecto. Lo que, sin embargo, no viene dado al titular de la potestad reglamentaria es introducir -o permitir expresamente que se introduzcan, por la vía de las especificaciones del plan- restricciones injustificadas y discriminatorias entre unos partícipes (trabajadores en activo) y otros (partícipes en suspenso) a la hora de disponer quiénes pueden ser candidatos elegibles.

Puesta en marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica. Tribunal Supremo. Sentencia 15 de abril de 2011.
No es posible encontrar una tacha de ilegalidad del el Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica ni del Real Decreto 222/2008 toda vez que en las circunstancias de previsibilidad del fin del régimen especial, voluntariedad de la permanencia, transitoriedad y brevedad del período de privación de compensaciones y exenciones resulta irrelevante considerar si la disminución de los ingresos que pudieran sufrir las empresas distribuidoras durante el referido período transicional responde o no a la ex igencia legal de que la retribución de las empresas distribuidoras acogidas a la disposición transitoria undécima de la Ley del Sector Eléctrico ha de ser adecuada. Se trata de una situación transitoria en la que los posibles efectos perjudiciales -que no pueden reputarse por sí mismas de contrarias a la disposición transitoria undécima de la Ley del Sector Eléctrico -, conocidos con mucha anterioridad, han podido ser evitados en varios momentos por las empresas afectadas. Debe advertirse que la recurrente asocia la minoración de la retribución como consecuencia de la supresión de compensaciones y exenciones a una retribución económica inadecuada, equiparación que ni es evidente por sí misma ni ha sido acreditada por la parte.

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