edición: 2852 , Viernes, 22 noviembre 2019
22/04/2016
LA OREJA DE LARRAZ

En marcha el futuro Reglamento sobre la ley y la competencia judicial para regímenes matrimoniales en la UE

Javier Ardalán
El Consejo ha remitido al Parlamento Europeo una propuesta de Reglamento que tiene como objetivo el establecimiento de un marco jurídico claro en la Unión Europea para la determinación de la competencia judicial y la ley aplicable a los regímenes económicos matrimoniales, y facilitar la circulación entre los Estados miembros de las resoluciones y otros actos en esta materia.
Entre diciembre de 2015 y febrero de 2016, diecisiete Estados miembros de la Unión Europea (Suecia, Bélgica, Grecia, Croacia, Eslovenia, España, Francia, Portugal, Italia, Malta, Luxemburgo, Alemania, República Checa, Holanda, Austria, Bulgaria y Finlandia) se dirigieron a la Comisión expresando su deseo de establecer entre sí una cooperación reforzada en el ámbito de los regímenes económicos de las parejas internacionales y, concretamente, de la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia de regímenes económicos matrimoniales, así como de la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia de efectos patrimoniales de las uniones registradas, y solicitaron a la Comisión que presente una propuesta al Consejo a tal fin.

La propuesta de Reglamento del Consejo, que llega ahora al Parlamento, relativa a los regímenes económicos matrimoniales y la propuesta paralela de Reglamento del Consejo relativo a los efectos patrimoniales de las uniones registradas, que aplican la cooperación reforzada y fueron adoptadas simultáneamente por la Comisión, constituyen la respuesta de la Comisión a la solicitud de los Estados miembros.

La armonización de las normas reguladoras del conflicto de leyes simplificará considerablemente los procedimientos al determinar la ley aplicable sobre la base de un único conjunto de normas que sustituirá a las diversas normas nacionales de conflicto de leyes de los Estados miembros participantes.

La extensión de la competencia de los órganos jurisdiccionales que conocen de los procedimientos de divorcio, separación judicial, anulación del matrimonio o sucesión debido al fallecimiento de uno de los cónyuges, en aplicación de la legislación de la UE vigente, a los procedimientos conexos sobre el régimen matrimonial supondrá para los ciudadanos que un mismo órgano jurisdiccional conozca de todos los aspectos de su situación. Además, las normas propuestas sobre el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones judiciales facilitarán la circulación de los ciudadanos entre los distintos Estados miembros.

El concepto de ‘régimen económico matrimonial’ debe interpretarse de forma autónoma y abarcar tanto los aspectos de la administración cotidiana de sus bienes por los cónyuges como de la liquidación de su patrimonio como consecuencia de la separación de la pareja o del fallecimiento de uno de los cónyuges.

A la hora de determinar las materias reguladas, se ha preferido elaborar una lista exhaustiva de las materias excluidas del Reglamento. Así, las materias ya reguladas por los reglamentos de la Unión vigentes, como la obligación de alimentos, especialmente entre los cónyuges, y las cuestiones propias del Derecho de sucesión, están excluidas del ámbito de aplicación del Reglamento.

El Reglamento no afecta a la existencia ni a la validez del matrimonio con arreglo al Derecho nacional, ni tampoco al reconocimiento en un Estado miembro de un matrimonio celebrado en otro Estado miembro. Tampoco afecta a las cuestiones relativas a la seguridad social ni al derecho de pensión en caso de divorcio.

La normativa no afecta a la naturaleza de los derechos reales sobre un bien, a la clasificación de los bienes y derechos ni a la determinación de las prerrogativas del titular de tales derechos. También se excluyen del ámbito de aplicación del Reglamento los requisitos de inscripción en el registro de la propiedad y los efectos de la inscripción o de la no inscripción en dicho registro.

Para asegurarse de que, en caso de fallecimiento de uno de los cónyuges, el órgano jurisdiccional competente pueda conocer tanto de la sucesión del cónyuge fallecido como de la liquidación del régimen económico matrimonial, este artículo dispone que el órgano jurisdiccional competente para conocer de la sucesión de acuerdo con las normas establecidas en el Reglamento (UE) n.º 650/2012 deberá ser también competente para resolver sobre la liquidación del régimen económico matrimonial relacionado con dicha sucesión.
Del mismo modo, el órgano jurisdiccional competente para resolver en los procedimientos de divorcio, separación judicial o anulación del matrimonio de conformidad con el Reglamento (CE) 2201/2003 también deberá resolver, si los cónyuges están de acuerdo, sobre la liquidación del régimen económico matrimonial resultante del divorcio, la separación judicial o la anulación del matrimonio.

Durante las consultas realizadas se llegó a un amplio consenso a favor del reconocimiento de cierta libertad a las partes para elegir la ley aplicable a su régimen económico matrimonial, con el fin de facilitar la administración de su patrimonio por los cónyuges. Esta opción debe regularse claramente para impedir que la ley elegida guarde poca relación con la situación real o la historia de la pareja: la ley elegida deberá ser, por lo tanto, la ley de la residencia habitual o de la nacionalidad de los cónyuges o de los futuros cónyuges o de uno de ellos.

Excepcionalmente, el órgano jurisdiccional competente de un Estado miembro podrá declinar su competencia cuando el Derecho nacional de ese Estado miembro no reconozca el matrimonio en cuestión. Con el fin de garantizar el acceso a la justicia de los cónyuges en tales casos, estos podrán acordar que los órganos jurisdiccionales del Estado miembro cuya ley sea aplicable al régimen económico matrimonial o los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en el que se haya celebrado el matrimonio resuelvan sobre el litigio. De no ser así, los criterios establecidos determinarán el Estado miembro cuyos órganos jurisdiccionales resolverán sobre el asunto.

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