edición: 3050 , Lunes, 21 septiembre 2020
22/10/2012

En marcha la creación del nuevo supervisor que sustituye a los sectoriales y a la CNC

Xavier Gil Pecharromán
Hasta el día 7 de noviembre tienen los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados para presentar sus enmiendas al Proyecto de Ley de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que ejercerá labores de supervisión, arbitraje y consultivas, y que agrupará las funciones que en la actualidad desarrollan la Comisión Nacional de Energía, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, la Comisión Nacional de la Competencia, el Comité de Regulación Ferroviaria, la Comisión Nacional del Sector Postal, la Comisión de Regulación Económica Aeroportuaria y el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales.

A pesar de las críticas de los propios entes absorbidos, las funciones de supervisión regulatoria y de defensa de la competencia se integran en esta única institución. Con ello el Gobierno busca ahorrar y simplificar estructuras.

El nuevo organismo tendrá potestad normativa, de manera que podrá dictar circulares para el desarrollo y ejecución de leyes y reglamentos en los sectores regulados. En materia sancionadora se reconocerá la facultad de inspección y se consagrará el principio de separación entre la instrucción y la resolución de los expedientes sancionadores.

Las funciones recogidas en la Ley de Defensa de la Competencia, se atribuyen íntegramente a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. No obstante, esta reforma no afectará al contenido sustantivo de esta Ley, que permanece igual salvo en el esquema institucional de aplicación de la norma.

Además, la Comisión estará dotada de personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada y actuará con pleno sometimiento a la ley, con autonomía orgánica y funcional y con plena independencia del Gobierno, de las Administraciones Públicas y de cualquier interés empresarial y comercial.

Sin perjuicio de su independencia, este organismo tendrá como misión velar por la aplicación uniforme de la normativa sectorial y general de competencia en el territorio nacional mediante la cooperación con la Administración General del Estado, con las comunidades autónomas, con los órganos jurisdiccionales, con las instituciones y organismos de la Unión Europea, en especial con la Comisión Europea, y con las autoridades competentes y organismos de otros Estados miembros en el desarrollo de su actividad.

Los ministerios afectados pasarán a asumir todas aquellas tareas de índole administrativa que venían ejerciendo los organismos reguladores, para cuyo desempeño no se requiere una especial independencia, así como tareas que resultaban de escasa utilidad para la consecución de los objetivos de la Comisión. Uno de los principales objetos de crítica de los organismos que desaparecen.

El Consejo rector de este organismo se configura como el órgano colegiado de decisión de la Comisión, y entre sus funciones se encuentran las de resolver y dictaminar los asuntos que la Comisión tiene atribuidos y la de resolver los procedimientos sancionadores.

Se compone de nueve miembros: un presidente, un vicepresidente y siete consejeros. Todos los miembros del Consejo, incluidos el presidente y el vicepresidente, son nombrados por el Gobierno, mediante real decreto, pudiendo el Congreso vetar el nombramiento del candidato propuesto. Con la introducción de esta nueva exigencia de aceptación por parte del Congreso se refuerza la legitimidad democrática de la Comisión. El mandato de los consejeros será de seis años sin posibilidad de reelección.

Por otro lado, se regula la estructura básica de los órganos de dirección, estableciéndose cuatro direcciones de instrucción, una para la instrucción de los expedientes de defensa de la competencia y otras tres para la instrucción de los asuntos de supervisión regulatoria en los sectores de las telecomunicaciones y servicios audiovisuales, de la energía, y, por último, de los transportes y del sector postal.

Se sientan también las bases legales del régimen de funcionamiento de la Comisión, que serán desarrolladas por el Gobierno mediante real decreto, con la aprobación del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y por el propio Consejo de la Comisión, a través del Reglamento de funcionamiento interno.

El Estatuto determinará la organización interna de las Direcciones y demás áreas de responsabilidad, garantizando la debida separación entre las funciones de instrucción y resolución. En relación al funcionamiento del Consejo, se deja abierta la posibilidad de creación de una Comisión Ejecutiva, en la que el Consejo podrá delegar funciones no reservadas al mismo por esta ley.

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