edición: 2826 , Miércoles, 16 octubre 2019
08/11/2011

En Nicaragua y Guatemala siguen prefiriendo lo malo conocido…

Pedro González
No queda prácticamente nada ni de la doctrina originaria del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) ni del líder que se encaramó por vez primera a la Presidencia de Nicaragua en 1985. Bajo la tutela y atenta mirada entonces de Fidel Castro, Daniel Ortega volvería a ganar en 2006 en el que constitucionalmente debía ser su último mandato. Jueces del Tribunal Supremo del país, nombrados por el propio Ortega declararon a principios de 2011 “inaplicable” el artículo que prohíbe taxativamente la reelección por tercera vez. Y, como era previsible a partir de tan flagrante violación de la Constitución, Ortega ha vuelto a ser reelegido por otros cinco años.

No es aventurado por lo tanto concluir que éste es el primer paso hacia la reelección indefinida, estrategia implantada por el venezolano Hugo Chávez, que preconiza esta ruptura con la tradición de uno ó dos mandatos a lo sumo que, hasta su llegada, imperaba en todo el continente americano. Como señalan los adversarios, tanto de Ortega como de Chávez, “copian el modelo cubano presuntamente revolucionario pero matizándolo con elecciones perfectamente controladas para perpetuarse en el poder”.

Rosario Murillo, esposa de Daniel Ortega y portavoz del gobierno nicaragüense, calificaba la victoria de su marido de “triunfo del cristianismo, el socialismo y la solidaridad”, una curiosa e interesante amalgama ideológica, pero que ha convencido  a una larga mayoría de votantes. Las anomalías electorales detectadas por el español Luis Yáñez, jefe de la misión de observadores de la Unión Europea, y el argentino Dante Caputo, no revestirán entidad suficiente para empañar el triunfo de Ortega. Nicaragua seguirá recibiendo por consiguiente los 500 millones de dólares diarios, en petróleo y otros servicios, que le suministra Venezuela. Hugo Chávez había declarado que esa dádiva, fundamental para que el país no se hunda en la miseria, sólo se la seguiría otorgando si los nicaragüenses elegían a Ortega.

Los rivales de Ortega, el octogenario radiofonista Fabio Gadea, y el ex presidente Arnoldo Alemán, en su día condenado por corrupción, han servido para decorar el tinglado y dar la correspondiente pátina de legitimidad democrática a la ceremonia electoral.

Mientras tanto, en la vecina Guatemala, un duro, el antiguo general Otto Pérez Molina, también confirmaba los pronósticos, y ganaba la segunda vuelta de los comicios presidenciales al empresario Manuel Baldizón, que reconoció oficialmente su derrota antes incluso de que concluyera el recuento. Ambos habían prometido lo mismo: acabar con la pobreza y con el crimen organizado, que ha puesto al país al borde de ser considerado un Estado fallido. La principal diferencia es que Pérez Molina tiene merecida fama de duro, y ha prometido además hacer gala de esa cualidad en su mandato para erradicar una plaga que ha convertido a Guatemala en uno de los países más peligrosos del mundo. Baste como muestra el dato de que se registran 18 homicidios diarios, seis veces la media mundial, el 95% de los cuales  queda impune, al igual que los demás delitos colaterales a tan elevado número de muertos.

Ambos candidatos, Pérez Molina y Baldizón, han sobrepasado largamente el techo de gasto legalmente admitido en una campaña electoral, lo que ha levantado sospechas y acusaciones de que el dinero sucio del narcoterrorismo también habría llegado a sus respectivos comités electorales. Denuncias desmentidas reiteradamente por ellos mismos y sus respectivas formaciones políticas, pero que no acaban de convencer a una opinión pública convencida de que las ingentes cantidades de dinero de que disponen los narcotraficantes han infectado buena parte de las instituciones del país. Pérez Molina deberá demostrar ahora hasta dónde ejecutará sus promesas, y si logrará recuperar para el Estado los amplios territorios del país que están fuera de la ley por estar dominados por los carteles de la droga.

No pocas de esas siniestras empresas narcoterroristas han intensificado sus relaciones con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), descabezadas una vez más al abatir el ejército colombiano a su líder, “Alfonso Cano”, el intelectual marxista-leninista de la que se presenta todavía como la guerrilla más antigua de América Latina.

La intensificación de las acciones  de las FARC, reconvertidas hace ya un par de décadas al narcoterrorismo, ha sido la respuesta inmediata a la caída de Cano, un éxito en toda regla del actual presidente Santos, que ha vuelto a ofrecer negociaciones a los guerrilleros –“es la hora de que se desmovilicen”, ha dicho- o bien que se atengan al dilema de “cárcel o tumba”.

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