edición: 2783 , Viernes, 16 agosto 2019
21/10/2010
OBSERVATORIO GLOBAL

En qué consisten las medidas para prevenir y descubrir delitos

PRICEWATERHOUSECOOPERS*

La reciente reforma del Código Penal que entrará en vigor el 23 de diciembre de 2010, ha introducido numerosas novedades (entre ellas, nuevos delitos como el de corrupción entre particulares) pero el cambio más relevante se refiere al establecimiento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Como consecuencia de ello, conductas anteriormente reprochables únicamente a personas físicas como el espionaje industrial, el uso indebido de información privilegiada o la corrupción y cohecho, ahora también tendrán una consecuencia penal frente a aquellas compañías que obtengan un provecho como consecuencia de las mismas o porque no ejerzan el debido control sobre las personas que trabajan para ellas.

Las sanciones en general consistirán en multas pero, dependiendo de la gravedad del asunto podrán llegar a implicar la suspensión de actividades o el cierre, además de los problemas de reputación que puede causarle a una compañía verse envuelta en la comisión de un delito.
Sin embargo, las compañías pueden atenuar o incluso eximir su responsabilidad si prueban que han implantado “medidas eficaces para prevenir y descubrir los delitos que en el futuro pudieran cometerse con los medios o bajo la cobertura de la persona jurídica”.

Por ello, resultará necesario que las compañías dediquen recursos a implantar un Programa de Prevención y Detección de Delitos que evite o mitigue el riesgo de que los empleados realicen conductas delictivas y que permita ser utilizado como medio de prueba ante un tribunal, para evitar o atenuar la responsabilidad penal de la compañía.

Aunque la ley no ha precisado su contenido concreto, podemos encontrar numerosas referencias a medidas de prevención y detección de delitos específicos en la legislación española (Ley de prevención de Blanqueo de Capitales, Ley de Mercado de Valores, etc.), en recomendaciones internacionales sobre corrupción (Transparency International) o en legislaciones que ya han implantado la responsabilidad penal de las personas jurídicas en sus ordenamientos (Italia, Alemania, etc.).

En todo caso, a la espera del pronunciamiento de los jueces sobre la validez de unas medidas u otras, un resumen del ideal de medidas a implantar en las compañías abarcaría tres ámbitos:

• Personas:
– Creación de la figura del Responsable de Cumplimiento Penal que se ocupe de (i) revisar y mejorar de forma continua las políticas y procesos implantados para la prevención de delitos; (ii) asesorar a los directivos en la toma de decisiones y supervisar el desarrollo de actividades, que puedan implicar un riesgo de responsabilidad penal para la compañía
– Elaboración o adaptación de Códigos de Conducta, Códigos de Buenas Prácticas, Códigos Éticos, etc. de tal forma que consten por escrito las conductas no toleradas por la entidad y las consecuencias de las mismas.
– Elaboración de un Programa de formación específico para todos los empleados de la compañía que informe de las conductas reprochables y sus consecuencias.

• Tecnología:
– Implantación o mejora de sistemas y controles de prevención y detección de delitos. A este respecto, existen en el mercado numerosas herramientas de gestión de fraude corporativo, prevención y detección de irregularidades mediante técnicas de análisis de datos, alertas, detección de operaciones o transacciones sospechosas, etc.
– Sistemas de seguimiento del funcionamiento de las políticas y controles implantados: segregación de funciones, operaciones no permitidas (asientos contables anómalos, altas/bajas de clientes, proveedores, etc.), acceso a información confidencial, uso de software no autorizado o sin licencia y otros.
– Herramientas de investigación que permitan el aseguramiento de las pruebas o evidencias electrónicas y la forma más rápida y eficiente de entender qué ha pasado, quien son los implicados, desde cuando, las áreas afectadas, etc.

• Procesos:
– Procedimientos de investigación y respuesta ante delitos que garanticen una investigación rápida y con todas las garantías tanto en relación al respeto a los derechos y deberes de las personas implicadas como el aseguramiento de pruebas para un posible procedimiento judicial.
– Establecimiento de un canal de denuncias abierto tanto a empleados como a proveedores, clientes y terceros que garantice la confidencialidad de la fuente (y el anonimato si es posible) y de la información. 
– Revisión de los procesos y actividades de la compañía para el establecimiento o adaptación de controles que permitan prevenir o detectar conductas ilícitas en el transcurso diario de los procesos de negocio.
– Revisión periódica del Programa tanto para comprobar su efectividad como para incorporar nuevas políticas o controles por inicio de nuevas actividades de la compañía, por cambios regulatorios, por aparición de nuevos riesgos no contemplados inicialmente, etc.
En todo caso, no debemos olvidar que todas estas medidas deben estar perfectamente documentadas para que sirvan no sólo para un mejor control de las actividades de la compañía sino también para demostrar, tanto su existencia, como su efectividad ante un Tribunal y de este modo cumplan su objetivo de atenuar o eximir la responsabilidad penal de la persona jurídica, en caso que sea necesario.

* Javier López Andreo, socio responsable de PwC Forensic
* Patricia Sanz Burgueño, gerente de PwC Forensic

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