edición: 2762 , Miércoles, 17 julio 2019
28/12/2011

En vigor la Directiva comunitaria que reconoce la igualdad de trato a los trabajadores de terceros países

Javier Ardalán
Hoy entra en vigor la nueva Directiva comunitaria que establece un conjunto común de derechos para los trabajadores de terceros países que residen legalmente en un Estado miembro. La nueva norma exige que los Estados miembros garanticen al menos el mismo trato a los nacionales de terceros países que tengan un empleo o a aquellos que, tras un período mínimo de empleo, pasen a estar inscritos como desempleados.

Se trata de un conjunto común de derechos para los trabajadores de terceros países que residen legalmente en un Estado miembro, con independencia de los fines de su admisión inicial en el territorio de dicho Estado miembro, basado en la igualdad de trato con los nacionales de ese país comunitario.

Los trabajadores de terceros países deben gozar de igualdad de trato en lo que respecta a la Seguridad Social. Las disposiciones sobre la igualdad de trato en este capítulo también deben ser de aplicación a los trabajadores admitidos en un Estado miembro directamente desde un tercer país.

La Directiva asegura la igualdad de trato en las condiciones laborales, incluso en materia de salario y despido, así como sobre salud y seguridad en el trabajo; en la libertad de asociación y de afiliación y participación en una organización de trabajadores o empresarios o en cualquier organización profesional; y en la educación y formación profesional.

También, se trata de asegurar el reconocimiento de diplomas, certificados y otros títulos profesionales, de conformidad con los procedimientos nacionales aplicables; el acceso a las  ramas de la Seguridad Social y a los  beneficios fiscales, siempre que se considere que el trabajador tiene su residencia fiscal en el Estado miembro de que se trate; el acceso a los bienes y servicios y la obtención de bienes y servicios ofrecidos al público, incluidos los procedimientos de acceso a la vivienda contemplados en el Derecho nacional, sin perjuicio de la libertad de contratación de conformidad con el Derecho de la Unión y nacional; y, finalmente, a los servicios de asesoría ofrecidos por las oficinas de empleo.

No obstante, la presente Directiva no debe otorgar a los trabajadores de terceros países más derechos que los ya contemplados en el Derecho de la Unión vigente en el sector de la seguridad social para los nacionales de terceros países que se encuentran en situaciones transfronterizas.

El texto legal establece que la Directiva solo debe conceder derechos en relación con los familiares que se reúnan con un trabajador de un tercer país para residir en un Estado miembro por motivos de reunificación familiar, o con los familiares que ya residan legalmente en ese Estado miembro.

Sin embargo, la igualdad de trato a los trabajadores de fuera de la Unión Europea, establece que no debe aplicarse a las medidas del ámbito de la formación profesional financiadas por los regímenes de asistencia social.

La nueva Directiva establece para todo ello, un procedimiento único para toda la Unión Europea de solicitud de un permiso único que autoriza a los nacionales de terceros países a residir y trabajar en el territorio de un Estado miembro, a fin de simplificar los procedimientos de admisión de estas personas y de facilitar el control de su estatuto.

Los Gobiernos nacionales podrán  determinar si deberá presentar la solicitud de permiso único el nacional del tercer país, su empleador o por cualquiera de los dos indistintamente. Para asegurar la contratación en origen, el nacional del tercer país que deba presentar la solicitud en un país que así lo tenga regulado, deberá poder realizar la presentación de la solicitud se pueda realizar desde un tercer país o, en caso de que el Derecho nacional así lo prevea, desde el territorio del Estado miembro en el que el nacional del tercer país ya esté presente legalmente.

Aunque la Directiva entra en vigor hoy mismo, los Estados miembros deberán poner en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a más tardar el 25 de diciembre de 2013. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones.

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