edición: 3025 , Viernes, 7 agosto 2020
06/04/2017
LA OREJA DE LARRAZ

Energía armonizará la ley que regula a los prestadores de servicios electrónicos de confianza

Javier Ardalán
Los prestadores de servicios electrónicos de confianza -expedición de certificados electrónicos cualificados de firma electrónica, de sello electrónico o de autenticación de sitios web- no podrán “encadenar” en la renovaciones de certificados cualificados utilizando uno vigente, más que una sola vez, por razones de seguridad en el tráfico jurídico.
Así lo establece el anteproyecto de Ley Reguladora de Determinados Aspectos de los Servicios Electrónicos de Confianza, para el que el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha abierto un periodo de participación pública. En ejercicio de sus competencias, es designado por esta ley como el organismo supervisor y como responsable del establecimiento, mantenimiento y publicación de la lista de confianza de prestadores cualificados de servicios electrónicos establecidos en España.

El organismo supervisor posee la potestad de requerir información adicional e incluso de no conceder la cualificación hasta que verifique y concluya que el prestador de servicios de confianza y los servicios que presta cumplen los requisitos establecidos en el Reglamento comunitario y en esta futura ley.

Se introducen en ella nuevas obligaciones relativas a la seguridad de las infraestructuras. La Ley añade a los requisitos establecidos en el Reglamento (UE) 910/2014 del Parlamento europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, la obligación de los prestadores de remitir un informe al organismo supervisor en un plazo máximo de 72 horas tras la resolución de un incidente.

Esta norma concede una presunción probatoria a las características que consten en los documentos electrónicos cuando se haya utilizado un servicio de  confianza cualificado, que se tendrán por ciertas salvo que otros medios de prueba desvirtúen su certeza. Así, se simplifica la prueba, pues basta la mera constatación de la inserción del servicio cualificado en la lista de confianza, y se altera la carga de la prueba en el supuesto de que se requiera algún informe pericial adicional.

Desde el 1 de julio de 2016 es de aplicación el Reglamento (UE) nº 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior y por el que se deroga la Directiva 1999/93/CE.

La Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, transposición al Ordenamiento jurídico español de la Directiva 1999/93/CE del Parlamento europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 1999, por la que se establece un marco comunitario para la firma electrónica, se encontraba desde entonces jurídicamente desplazada por el citado Reglamento en todo aquello regulado por él, hasta su derogación final a través de esta ley. Se hace necesario, por tanto, adaptar a la mayor brevedad el ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE) 910/2014 del Parlamento europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014.

Esta norma afecta a los prestadores de servicios electrónicos de confianza, complementando las obligaciones a las que están sometidos según el citado Reglamento comunitario, así como las condiciones para la prestación de este tipo de servicios en el mercado nacional, de forma que se promueva la competencia sobre las bases de unas reglas comunes.

El objetivo de la norma es eliminar el riesgo de situaciones de inseguridad jurídica en las relaciones telemáticas de ciudadanos, empresas y Administraciones Públicas, derivadas de la transición al nuevo marco legislativo comunitario como consecuencia de diferencias en la interpretación de las normas aplicables.

Por otra parte, con esta norma se trata de evitar vacíos normativos en la aplicación de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica a los servicios de confianza distintos de la firma electrónica regulados por el Reglamento, en especial, en lo que respecta al régimen sancionador, que no puede ser objeto de aplicación analógica a éstos.

Y, en la misma línea se pretende regular aquellos aspectos que el Reglamento europeo deja al criterio de los Estados miembros, como es el caso, entre otros, de los efectos legales de algunos servicios cualificados, el régimen de responsabilidad y de previsión de riesgo de los prestadores de servicios, la comprobación de la identidad y atributos de los solicitantes de un certificado cualificado, la inclusión de requisitos adicionales a nivel nacional para certificados cualificados tales como identificadores nacionales o tiempo máximo de vigencia, o el régimen de suspensión de certificados.

La exclusión de un prestador o servicio de la lista de confianza, si bien carece de efectos retroactivos, implica que los servicios que se hubieran contratado o los certificados que se hubieran emitido como cualificados antes de la pérdida de la cualificación no podrán emplearse como cualificados a partir de entonces, salvo que  se recupere la cualificación.

Comprobación de la identidad y atributos de los solicitantes de un certificado cualificado. Teniendo en cuenta la posibilidad de realizar una renovación sin personación utilizando medios electrónicos, se permite en la práctica que el tiempo entre personaciones para la expedición de un certificado cualificado alcance 10 años, evitándose en todo caso el encadenamiento en la expedición de certificados sin personación.

En la futura norma se establece la posibilidad de regular la verificación a distancia de la identidad del solicitante de un certificado cualificado mediante Orden Ministerial. También, se reduce la cuantía de las pólizas de los seguros de responsabilidad anudadas al régimen de previsión de riesgo de los prestadores que expiden certificados cualificados.

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