edición: 3005 , Miércoles, 8 julio 2020
16/04/2020
Medidas del Gobierno con demasiados agujeros

En España, la crisis descubre la debilidad y la baja calidad de las estructuras del Estado  

El Gobierno no logra conectar con la Administración y no llegan las ayudas, incumpliendo su función legal de pagador de último recurso
Juan José González
Las ayudas no llegan, la lentitud caracteriza todas las actuaciones de la Administración del Estado y el Gobierno no consigue conectar con la estructura administrativa para hacer efectivas las medidas adoptadas para paliar las consecuencias del cierre de la economía. Un cierre justificado en la buena intención de frenar la expansión de la pandemia, quizá el único acierto que puede atribuirse el Ejecutivo, si se deja al margen la discusión sobre el retraso o no de su aplicación. Y fallan las estructuras del Estado desde el momento en que la tramitación de los ERTE sufre un atasco cuya demora está afectando a decenas de miles de empresas. Sería en este caso, un asunto de falta de medios administrativos ante, hay que reconocerlo, una crisis inusual. Pero en todo caso, las tramitaciones de los expedientes de regulación temporal de empleo se están demorando y sus efectos agravan aún más la situación laboral y empresarial. Y mientras se gestionan ayudas que no llegan y expedientes de regulación laboral atascados, surgen algunas dudas para el día después cuando finalice el estado de alarma, momento en el que muchas empresas deberán tomar decisiones sobre los ERE por causas objetivas, es decir, los considerados como fuerza mayor. La crisis sanitaria que ha derivado en una crisis general de la economía, está afectando al sistema administrativo, a la Administración del Estado.
No se trata de una crisis económica clásica, no tiene parangón, se diría que es algo más que una crisis, lo siguiente, lo que invita a pensar que las instituciones básicas del sistema no necesariamente deberían estar preparadas para afrontar desde el primer momento, desde el primer ataque del enemigo. Y sin embargo, los rasgos diferenciales de la pandemia no pueden ser exculpatorios de la actuación de los mecanismos que forman la Administración del Estado. Esta crisis no es producto del sobreendeudamiento financiero, público o privado; tampoco tiene que ver con un excesivo desequilibrio del déficit público; ni siquiera con otro desequilibrio de la balanza comercial o una tasa de inflación del 20% o del 30%.

Tampoco los precios del petróleo parecen cotizar por las nubes, más bien al contrario. A diferencia de otras crisis, en esta ocasión las empresas frenan su producción por la ausencia de clientes, de pedidos. Luego cae la facturación, los ingresos... Y se frenan los ingresos de las familias y por tanto el consumo. Es el momento y la situación en la que debe aparecer el Estado, la coyuntura que exige la actuación de las instituciones públicas para evitar los cierres de empresas y la pérdida de puestos de trabajo, situación que suele ser el preámbulo de la pobreza.

Momento crítico en el que debe aparecer el Estado y las instituciones; unos y otros (como recogen los manuales clásicos) en el ejercicio de sus funciones de prestamistas de último recurso, un papel que hoy desarrollan los bancos centrales en estrecha conexión con los Gobiernos locales, de los Estados miembro. Pero por otro lado (siguiendo los mismos manuales) el Gobierno del Estado suministrando la liquidez y recursos necesarios para que las empresas no detengan su producción y puedan hacer, como a las familias, frente a sus pagos. En este sentido, el Gobierno está obligado a cumplir con su función de pagador de último recurso, labor que debe realizar a través de las estructuras que le proporciona el Estado.

Pero el Estado no arranca y el Gobierno no cumple su función de guía y gestor administrativo. Se extiende la opinión, fruto de múltiples sensaciones, que el Gobierno no sabe o no quiere utilizar los mecanismos y recursos de que dispone el gran aparato administrativo del Estado. Una prueba de esta debilidad política se encuentra en el escaso nivel y volumen de las medidas aprobadas por el Ejecutivo: 100.000 millones de euros en avales no parecen suficiente para paliar ni siquiera el primer golpe de la crisis, se diluyen en dos semanas. Cien mil millones que han servido para crear mayor incertidumbre y desconfianza entre las empresas.

Incertidumbre que a renglón seguido se traslada a un escenario que no tardará mucho tiempo en aparecer: el día después del final del estado de alarma. Para empezar, se desconoce si para entonces -previsiblemente a principios de mayo- hayan llegado a su objetivo final, empresas, autónomos y familias, las ayudas, la liquidez necesaria para mantener la actividad. Se duda de la eficacia de la Administración para hacer efectivas las medidas del Gobierno y de éste para gestionarlas. Se desconoce la actitud del Gobierno ante una nueva situación -post estado de alarma- en la que pueden surgir numerosas situaciones empresariales en las que tras un ERTE aparezca un cierre por fuerza mayor, por `causas objetivas´. Será sin duda el  momento del examen final para el Gobierno y su capacidad de gestión y también para la Administración del Estado y sus instituciones que habrán mostrado a lo largo de la crisis una peligrosa debilidad.

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