edición: 2828 , Viernes, 18 octubre 2019
16/07/2019
Remedio para el descontrol de la cuarta parte del gasto público

En marcha la creación de la Secretaría de Estado que ponga fin al caos de las subvenciones

La única forma de poner orden en la selva de las ayudas públicas es situar a un único responsable al frente del control de las subvenciones que, de paso, se encargará de proponer una nueva normativa
Juan José González
El proceso de concesión, seguimiento y control de las ayudas públicas en España es lo más parecido a una selva que se rige por unas pocas reglas, lo que, con el tiempo ha llevado a consolidar malas prácticas a la sombra de una desfasada e ineficiente Ley General de Subvenciones. La norma nunca ha estado incluida en los objetivos de los últimos gobiernos al tratarse de "un asunto molesto e inconveniente", como llegó a definirlo un alto funcionario ministerial. Así, más de tres millones de subvenciones al año por valor de 30.000 millones de euros supone el tráfico ordinario de las ayudas públicas suma de las distintas Administraciones del Estado. Aunque quizá el hecho más llamativo se encuentre en que del total de las ayudas públicas del Estado, 14.300 millones se encuentren en una suerte de limbo de imposible control y seguimiento. Entre los 9.700 millones de euros de subvenciones en las CC AA, otros 3.000 millones más de la Administración General del Estado y 1.600 millones de las corporaciones locales, el dinero que no rinde cuentas al Estado son esos 14.300 millones de euros que representan el 1% del PIB español. Estas son las razones que han animado al actual Gobierno en funciones en que la única forma de poner orden en la selva es situar a un único responsable al frente del control de la gestión de las subvenciones, a su vez, el encargado de proponer un nuevo texto legal.
Los males que señalan distintos informes sobre las ayudas públicas en España parecen estar bien identificados. La falta de coordinación entre las políticas públicas, la programación presupuestaria y los planes estratégicos de subvenciones, es decir, el desorden institucionalizado, dibujan el escenario que hace posible la existencia de un agujero por el que se cuelan al año 14.300 millones de euros sin control sobre el cumplimiento de sus objetivos ni de sus resultados. Objetivos muchas veces expuestos de forma verbal por los responsables de las solicitudes, es decir, declaraciones de buenas intenciones que sirven para eludir compromisos por escrito que confirman la falta de transparencia así como la imposibilidad de evaluar rendimientos o rendición de cuentas.

Un reciente informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) alertaba sobre la falta de transparencia vinculada a la rendición de cuentas, su ineficacia e ineficiencia de las Administraciones Públicas. En realidad, se controla y fiscaliza el gasto si está o no conforme a legalidad, pero ahí termina el trabajo, el proceso administrativo, lo que en la práctica significa que la evaluación de los resultados, si hubiera lugar en buena parte de los casos, es una actividad muy escasa.

La falta de transparencia se evidencia en la ausencia de procedimientos sancionadores de los incumplimientos, en la falta de mecanismos de medición de la ejecución del trabajo objeto de la ayuda pública, del grado de cumplimiento de los objetivos, es decir, nada de resultados, porque, entre otros, nada se exige sobre si lo propuesto es alcanzable, posible o, incluso, en alguna subvención se llegó a probar que el objetivo no era cierto. 

Todo la cual lleva a la conclusión de que es necesaria la reforma de la Ley General de Subvenciones para, al menos, actualizar y poner al día el `mercado´ de las ayudas públicas, entendiendo por mercado la demanda de subvenciones y las posibilidades que ofrece el Estado, articulado en sus diversas administraciones, de ofrecer ayudas públicas a determinados sectores por distintas necesidades.

En principio, existe el compromiso del Gobierno con Bruselas para revisar subvenciones y liberar recursos para destinarlos a otras actividades y necesidades prioritarias dado el elevado déficit público que registra España. Pero poner orden en el caos de las subvenciones viene siendo una herencia pesada y maldita de la que nadie quiere hacerse cargo. Es lógico y evidente el desinterés por recortar subvenciones, negar ayudas públicas a gobiernos locales y autonómicos en tanto que se trata de una posición que pone en peligro votos y adhesiones.

Por otro lado, nunca se había realizado un estudio sobre el proceso de gasto, evaluación de la estrategia y procedimientos seguidos en la concesión. Inaudito según los expertos. Pero ahora, la iniciativa sobre un mayor control de las subvenciones parece que tiene visos de progresar. La idea en medios del Ejecutivo en funciones apunta a la necesidad, no sólo del control del dinero público, en el sentido más amplio del término, sino en la necesidad de una nueva norma al respecto y para cumplir los compromisos con Bruselas.

Así las cosas, un nuevo organismo con las funciones y rango de una secretaría de Estado, sería la encargada de poner en vereda el desordenado mundo de las ayudas públicas. Idea que parece haber surgido del malestar de algunos técnicos del Gobierno especialmente sensibles con algunos descuentos en el cobro de impuestos que suponen una minoración de la recaudación. Exactamente, el malestar haría referencia a 133 figuras que suponen unos 57.200 millones de euros que no llegan a la recaudación y que se quedan por el camino entre IVA reducido, exenciones en sanidad y educación, servicios financieros y otros de los nada se sabe acerca de su rendimiento y eficacia. La necesidad de poner orden, por tanto, parece urgente.

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