edición: 2826 , Miércoles, 16 octubre 2019
22/03/2013

Entidades financieras y empresarios optan por los acuerdos extrajudiciales antes que por los procesos concursales

Javier Ardalán
Las entidades financieras y los empresarios optan por la vía de los acuerdos extrajudiciales para solventar las situaciones de crisis, siguiendo de este modo las tendencias que se observan desde hace años en el resto de Europa. No obstante, esta solución plantea los problemas propios de la falta de amparo legal de este tipo de acuerdos extrajudiciales.

En los concursos, mientras tanto, un elevado porcentaje de actividad empresarial de compañías concursadas desaparece en el proceso concursal y lo retornos para los acreedores concursales son extremadamente bajos en España y los procesos concursales siguen siendo muy lentos y largos.

La realidad demuestra que el 95 por ciento de las empresas que entran en concurso acaba en liquidación, según el baremo concursal elaborado trimestralmente por PwC. Sobre estos datos, la firma de consultoría ha elaborado un informe titulado ‘Temas candentes de los procesos concursales’, en el que ha recabado las opiniones de los representantes de los fondos de inversión, de los magistrados de lo Mercantil, organismos públicos (como Hacienda o la Seguridad Social) y de las Administraciones Públicas, impulsoras de las reformas legislativas.

Estos representantes de colectivos involucrados en los procedimientos estiman que no existe una regulación completa y unitaria de las refinanciaciones más que tangencialmente en aquellos aspectos que pueden provocar disfunciones en caso de que la empresa refinanciada caiga en situación de concurso con posterioridad.

Consideran que se hace precisa una regulación de las refinanciaciones para dar estatuto jurídico a una figura de la que se ha hecho extenso uso, pues, por un lado, la práctica ha demostrado que dicho instituto puede chocar con las normas concursales que tratan de asegurar la recomposición del patrimonio del deudor que ha sido objeto de operaciones de carácter dispositivo (como las que implican concesión de nuevas garantías reales en seguridad de deudas preexistentes), en perjuicio de la masa activa con anterioridad a la declaración de concurso (acciones de reintegración); y, por otro lado, es necesario dar confort a aquellos intervinientes en el proceso, socios y entidades financieras, que arriesgan su propio patrimonio para dar viabilidad futura a la empresa.

Las empresas en dificultades se deterioran, en gran parte, porque no existe una legislación que permita la toma de decisiones sobre los activos y compañías deterioradas con suficiente antelación como para preservar valor. Hay quien defiende que las legislaciones que priman el cobro a los acreedores como fi n principal del proceso de insolvencia consiguen, además, que se produzca un mantenimiento mayor de la actividad económica de las empresas en crisis, al existir una clara vinculación entre preservación de valor y cobro de créditos.

Se advierte generalizadamente la necesidad de que las liquidaciones de activos de empresas en concurso sean más ágiles de modo que pueda maximizarse el valor de los activos de cara a lograr una mayor satisfacción de los acreedores. Además, es necesario también potenciar las ventas de activos en fases muy iniciales, mediante la venta de unidades productivas, de forma que eso sirva para garantizar la viabilidad de la empresa.

Determinan, también, que  también resulta necesario articular determinados mecanismos legales que permitan incentivar a los sujetos involucrados en los procesos de refinanciación para que  apoyen con la inyección de dinero a las empresas que tengan una cierta viabilidad mediante la concesión de determinadas garantías, sin que ello pueda verse afectado en un ulterior concurso mediante la penalización que supone una reintegración o una subordinación del crédito.

Otra necesidad que se manifiesta de forma bastante acuciante para garantizar los procesos de refinanciación, en sus distintos grados, es la de ampliar determinadas medidas protectoras en los momentos previos a la declaración de concurso, ya sea en los procesos de refinanciación, ya sea tras la presentación de la solicitud de aplazamiento del concurso.

Este, consideran, que  es uno de los  principales puntos débiles de los procesos de refinanciación que no está resuelto todavía en la ley, incluso tras la última reforma.

 La falta de vinculación de los acreedores minoritarios a los acuerdos de la mayoría es un lastre que arrastra los procesos de refinanciación en España, que en algunos casos dan al traste con todo el proceso que emplea muchos meses a un grupo importante de entidades financieras, lo que ha provocado una “fuga” de procesos importantes al extranjero. Esta situación podría evitarse si se articulasen mecanismos que supongan la vinculación de los minoritarios, incluso de aquellos dotados de garantía real, al acuerdo adoptado por la mayoría de los acreedores, viéndose afectado por las mismas quitas y esperas que el resto de acreedores.

Según es comúnmente aceptado, una de las causas de ralentización y encarecimiento de los procedimientos concursales ha sido la escasez de formación específica de algunos administradores concursales. El motivo es que la falta de conocimientos técnicos genera más espera y crea trámites innecesarios. En este sentido, se hace hincapié en la necesidad de la creación de un Instituto de acreditación de determinadas profesiones jurídicas entre las que podrían encontrarse las de administrador concursal y la del experto independiente a que se refiere el artículo 71.6 de la Ley Concursal.

Finalmente, se discute sobre la posibilidad de conferir mayor protagonismo a los acreedores en el proceso, aunque no existen en nuestro ordenamiento jurídico continental experiencias en tal sentido.

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