edición: 2580 , Martes, 23 octubre 2018
23/12/2013
LA OREJA DE LARRAZ

Entra en vigor la Ley que obliga a las Administraciones a pagar en 30 días, si no quieren ver su economía intervenida

Xavier Gil Pecharromán

Para el ciudadano es difícil de creer, pero el Gobierno se ha empeñado en acabar con la morosidad pública a través de una Ley Orgánica. Es un paso más, tras la serie de medidas coyunturales puestas en marcha, como son planes de pagos a proveedores o el Fondo de Liquidez Autonómica, que han sumado 70.000 millones de euros en total. Un plan de choque que culmina con esta Ley que trata de poner fin al derroche.

La Ley Orgánica de Control de Deuda Comercial, que tiene como objetivos erradicar la morosidad de las Administraciones, controlar y reducir su deuda comercial, suministrar liquidez a las empresas mediante la reducción del período medio de pago e incrementar la transparencia y eficiencia en las Administraciones Públicas, acaba de entrar en vigor, tras su publicación el pasado sábado en el BOE. En el texto se establece la obligación de todas las Administraciones Públicas de incluir en su plan de tesorería información relativa a la previsión de los pagos a proveedores.

Las Administraciones Públicas están obligadas a pagar en 30 días a sus proveedores. Sin embargo, la deuda comercial considerada como el volumen de deuda pendiente de pago a los proveedores de las Administraciones Públicas, refleja un notable retraso en el pago, con el perjuicio que ello supone tanto para el sector privado, como para las Administraciones Públicas.
Por todo ello, se establece que cuando el plazo medio de pago de las Administraciones Públicas sea superior a 30 días, deberán incorporar a su plan de tesorería el importe que destinarán mensualmente al pago de proveedores y las medidas cuantificadas a adoptar por la reducción de ese plazo. Además, se incluyen nuevas medidas semiautomáticas de prevención, orientadas al cumplimiento del plazo medio de pago.

En el caso de las comunidades autónomas, el incumplimiento del plazo medio de pago dará lugar a que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas formule una comunicación de alerta, indicando el importe de los recursos que debe destinar al pago de proveedores, así como las medidas cuantificadas que deberá adoptar para reducir el plazo de pago.

Cuando se produzca el incumplimiento de una comunidad autónoma, ésta deberá adoptar un acuerdo de no disponibilidad en determinadas modificaciones presupuestarias, necesitará la autorización previa del Estado para sus operaciones de endeudamiento a largo plazo y deberá proceder a incluir nuevas medidas en su plan de tesorería.

Con esta Ley Orgánica, las Administraciones autonómicas y locales estarán obligadas a publicar su periodo medio de pago (PMP) a los proveedores para que los ciudadanos puedan saber cuáles satisfacen sus deudas en el plazo previsto y cuáles son morosas.

Cuando el período medio de pago de una Administración Pública, de acuerdo con los datos publicados, supere el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad, la Administración deberá incluir, en la actualización de su plan de tesorería inmediatamente posterior a la mencionada publicación, como parte de dicho plan el importe de los recursos que va a dedicar mensualmente al pago a proveedores para poder reducir su periodo medio de pago hasta el plazo máximo que fija la normativa sobre morosidad.

También, deberá incluir el compromiso de adoptar las medidas cuantificadas de reducción de gastos, incremento de ingresos u otras medidas de gestión de cobros y pagos, que le permita generar la tesorería necesaria para la reducción de su periodo medio de pago a proveedores hasta el plazo máximo que fija la normativa sobre morosidad.

Aplicadas estas medidas, se iniciará el procedimiento de retención de importes para el pago directo por la Administración General del Estado a sus proveedores, una novedad que faculta al Estado a pagar directamente a los proveedores del resto de las Administraciones Públicas en el caso de incumplimiento de los plazos.

Se establece la obligación de las Administraciones y de todas sus entidades y organismos vinculados o dependientes de hacer público su plazo medio de pago, sí como los criterios en los que se basará Hacienda para la elaboración del informe para la concesión de subvenciones o suscripciones de convenios de la Administración General del Estado con las comunidades incumplidoras.

Se crea la obligación de las Administraciones Públicas de hacer público su período medio de pago a proveedores, generándose una herramienta de seguimiento de la deuda comercial, de fácil comprensión, que permite seguir su evolución. Internamente, las Administraciones deben incluir en sus planes de tesorería información relativa al pago a proveedores, de modo que la gestión financiera se alinee con la protección de los proveedores.

Ello se completa con medidas que unilateralmente cada Administración debe aplicar cuando detecte periodos medios de pago que superen los límites permitidos. Seguidamente, para las Comunidades Autónomas se contemplan nuevas medidas preventivas, correctivas y coercitivas destinadas a garantizar el cobro por los proveedores, y que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas aplicará, como son: la cuantificación en el plan de tesorería de medidas de reducción de gasto o aumento de ingresos que deben adoptarse para reducir el período medio de pago a proveedores, la determinación del importe de sus recursos que debe destinarse al pago de proveedores o la posibilidad de retener los recursos de los regímenes de financiación aplicables para que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas pague directamente a los proveedores.

En el Senado, se incluyó una enmienda que ha incluido una autorización "excepcional" a las entidades locales que cumplan los límites de deuda para que puedan aplicar los remanentes o el superávit disponible en 2014, al no haberlo podido hacer en 2013 debido a la tramitación parlamentaria. Asimismo, se les permite utilizar el remanente de Tesorería a cancelar el resto de obligaciones pendientes con sus proveedores.

Cabe destacar que también se incluyen otras modificaciones en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril para mejorar el automatismo en el seguimiento y control del cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública y la regla de gasto, así como se transpone parcialmente la Directiva 2011/85/UE del Consejo, de 8 de noviembre de 2011, sobre los requisitos aplicables a los marcos presupuestarios de los Estados miembros, incorporando también modificaciones sobre el principio de responsabilidad y la responsabilidad por incumplimiento de normas de Derecho de la Unión Europea o de tratados y convenios internacionales de los que España sea parte.

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