edición: 3002 , Viernes, 3 julio 2020
20/12/2012

Eólicos, termosolares y fotovoltaicos rechazan el nuevo impuesto a la producción eléctrica del Gobierno

Más de una veintena de asociaciones piden al Gobierno que incluya en los PGE los costes extrapeninsulares y la financiación del déficit de tarifa.

Más de una veintena de asociaciones empresariales de renovables, entre las que figuran algunas de energía eólica, así como las más destacadas de termosolar y fotovoltaica, han emitido un comunicado conjunto en el que rechazan el nuevo impuesto a la producción eléctrica del 7%, frente al inicialmente propuesto del 6%, al considerarlo "excesivo, innecesario e inútil".

Las asociaciones critican además el contenido del proyecto de medidas fiscales para la sostenibilidad energética tras su paso por el Senado y a la espera de su aprobación definitiva por parte del Congreso de los Diputados.

La norma supondrá "para todas las empresas eléctricas un nuevo y grave impacto estimado en más de 3.000 millones de euros anuales, y dañará notablemente el dinamismo y capacidad de creación de empleo e inversión de un sector clave en la economía española y en su capacidad de internacionalización", aseguran las empresas.

En cuanto al aumento del impuesto a la producción eléctrica, que el Senado ha elevado del 6% al 7%, consideran la medida "excesiva", al agravar la carga, fiscal y regulatoria, que el proyecto impone a los generadores.

Junto a esto, resulta "innecesaria", ya que la recaudación real derivada de aplicar el 6% es superior a los cálculos realizados por el Gobierno a la hora de hacer una previsión de ingresos y suficiente para cumplir los objetivos cuantitativos fijados.

Además, la califican de "inútil", puesto que "el esfuerzo que afrontarán las empresas y los consumidores no está acompañado por el respaldo del Gobierno a una solución global y equilibrada en la que el Estado cumpla su compromiso de asumir la amortización y déficit de años anteriores y los extracostes insulares y extrapeninsulares".

Las asociaciones piden al Gobierno que evite además "sacrificios excesivos de las empresas y consumidores" y garantice la resolución del problema del déficit tarifario de modo "equitativo y duradero".

Para ello, reclaman que no eleve del 6% al 7% el nuevo impuesto, que cumpla con el real decreto ley 6/2009 en lo relativo a la financiación por los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de los costes extrapeninsulares e insulares y que traslade a las cuentas públicas la amortización y pago de intereses de déficit anteriores.

Además, consideran que el déficit de tarifa "se ha generado por la acumulación de distintas medidas regulatorias a lo largo de toda una década, por lo que ha alcanzado un volumen que exige que se resuelva de modo gradual y cooperativo, tal y como se está planteando para otros graves desequilibrios estructurales del país".

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