edición: 3050 , Lunes, 21 septiembre 2020
11/08/2020

Éramos pocos... y ahora los Ayuntamientos

Se desconoce el alcance de la idea, pues debe haber alguna razón poderosa para poner en marcha un asunto como el que estos días ha provocado la reacción de los Ayuntamientos españoles contra esa decisión del Gobierno central, de Hacienda, de hacer uso de los excedentes o superávits de las Administraciones locales, una posición, la de los Ayuntamientos, que nace de una normativa muy razonable para evitar, entre otros, que las corporaciones locales se queden sin fondos y mesuren sus gastos e inversiones.

Así de fácil se llega a un enfrentamiento entre los Ayuntamientos y el Gobierno central. A la voz de "todo por el dinero", el presidente Sánchez y sus gestores del cobro se han lanzado como hienas a la yugular de las alcaldías de toda España, de sus tesorerías para `confiscar´ -en lenguaje de varios ediles afectados- la tesorería excedentaria que por valor de unos 15.700 millones de euros acumulaban en la última década siendo fieles a la Ley de Estabilidad.

Es cierto que la situación que hoy se puede observar de las cuentas públicas viene a justificar cualquier decisión, idea u ocurrencia orientada a paliar los males presentes y los efectos futuros de la crisis pandémica. Pero a nadie escapa que el arranque que ha propiciado la confiscación de las tesorerías excedentarias no deja de ser un golpe, un atraco, una maniobra sucia, interesada y, por supuesto, carente de la mínima cortesía y diplomacia política que exigiría una situación como esta, que en la práctica se traduce en que, "yo Estado central, me llevo la pasta de tus ahorros de la última década".

Es, desde luego, una nueva batalla, un nuevo frente de lucha, un pulso complejo que puede llevar a males mayores a nada que algo y/o alguien se plante, que no dé el brazo a torcer y emprenda alguna vía de enfrentamiento mayor. Al respecto se conocen antecedentes históricos que no terminaron bien. Eran otros tiempos. Pero ahora, sin embargo, y sin que los Ayuntamientos tengan mayor capacidad para la protesta que ejercer el derecho al pataleo, la decisión comporta un nuevo enfrentamiento institucional, más tensión a sumar a la ya existente entre el Estado y otras instituciones autonómicas. Más leña al fuego a cuenta no del dinero, sino de la falta de pericia, tacto y cortesía que requieren este tipo de decisiones políticas. Eso sí, los Ayuntamientos le devolverán -no se sabe cuándo- la jugada. Atentos.

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