edición: 2910 , Viernes, 21 febrero 2020
15/05/2013
LA OREJA DE LARRAZ

Es posible poner tipos cero en los impuestos municipales para las daciones en pago sin cambiar la Ley de Haciendas Locales

Javier Ardalán

Los Ayuntamientos deben establecer tipos de gravamen cero para las  transmisiones que se realicen en el marco de una ejecución hipotecaria o una dación en pago, sin  necesidad de invocar una reforma de la Ley reguladora de las Haciendas Locales que instaure una  exención o una bonificación en estos casos. Con lo que los Ayuntamientos tienen la posibilidad de no  exigir este impuesto, según se afirma en las conclusiones de un estudio del Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Hacienda: `Ejecuciones hipotecarias de la  vivienda habitual: alternativas y  consecuencias fiscales´.

En las ejecuciones hipotecarias se procede a la ejecución hipotecaria de un inmueble y tras aplicar lo obtenido en la subasta al a cancelación del crédito, puede quedar un saldo pendiente (lo habitual en los tiempos que corren). Ante esta situación, el Banco podrá seguir adoptando medidas con la finalidad de cobrar la deuda impagada vigente; embargo de cuentas corrientes,  salarios, pensiones, etc, por el principio de responsabilidad universal de las personas físicas.

Como señala el art. 579 LEC, si subastado el bien hipotecado, su producto fuera insuficiente para cubrir el crédito, el ejecutante podrá pedir el despacho de la ejecución por la cantidad que falte, y contra quienes proceda, y la ejecución proseguirá con arreglo a las normas ordinarias aplicables a toda ejecución. Por lo que se produce la transformación de la ejecución hipotecaria en ejecución ordinaria; realizada la garantía real, serán de aplicación las disposiciones generales en materia de ejecución.

Despachada la ejecución, en el Auto que contiene la orden de ejecución y despachando la misma, se procederá, si fuera posible, al embargo pertinente de bienes y derechos del deudor, así como las medidas de localización y averiguación de los bienes del ejecutado que procedan, entre otras.

Debido a los impuestos devengados en la transmisión mediante subasta, la Administración tributaria se dirigirá contra el deudor para el cobro, tras el apremio procederá al embargo de determinados bienes y derechos del deudor, si los hay, en cuantía suficiente para cobrar la deuda.
 
Nos encontramos, pues, con una concurrencia de procedimientos; el de ejecución ordinaria instando por la entidad financiera por el crédito y el procedimiento de apremio desarrollado por Hacienda, en la correspondiente dimensión territorial, estatal o local, donde se produce la traba de bienes del deudor.

En estos casos, se plantea la preferencia para la ejecución de los bienes trabados. Cuestión que aparece resuelta en la normativa tributaria.

Uno de los impuestos que surgen como consecuencia de estas operaciones es el Impuesto sobre Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Este tributo municipal de carácter obligatorio grava el incremento de valor puesto de manifiesto en un inmueble urbano como consecuencia de la transmisión de los terrenos por cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos.

Evidentemente, tanto la ejecución hipotecaria con entrega al banco, como la dación en pago constituyen una transmisión del inmueble; por lo que, al realizar el hecho imponible de este tributo, se pone de manifiesto ese incremento de valor del terreno surgiendo la sujeción al mismo; la obligación de pago a cargo del deudor que pierde su vivienda al ser la transmisión una transmisión operada con carácter oneroso (el impuesto lo asume generalmente el banco dada la enorme dificultad económica del hipotecado).

La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento de valor de los terrenos, puesto de manifiesto en el momento del devengo, y experimentado a lo largo de un período máximo de veinte años. En función de los años que ha sido propietario del inmueble: 1 por 100 valor catastral del suelo por cada año de permanencia.

Aliviar la carga de aquél que ha perdido su vivienda habitual pasa por aliviarlo de cargas de carácter fiscal. Habría que modificar el impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, a fin de declarar la exención de las transmisiones onerosas de terrenos derivadas de ejecuciones hipotecarias o daciones en pago, cuando éstas supongan la pérdida de la vivienda habitual, o cuanto menos declarar sustituto del contribuyente al que adquiera la vivienda habitual mediante subasta o mediante la dación, y establecer la cautela de que el sustituto no pueda exigir del contribuyente el importe de las obligaciones tributarias satisfechas (impedir la acción de regreso). La exigencia de este impuesto municipal no hace sino agravar la situación de quien habiendo perdido su trabajo y con una insolvencia sobrevenida pierde su vivienda habitual y además tiene que pagar este impuesto local.

Esta previsión se contiene en el Real Decreto-Ley 6/2012, con ocasión de la dación en pago de una vivienda efectuada en el marco de ese Real Decreto, pero se deja fuera las daciones efectuadas al margen del mismo (por ejemplo, porque la entidad financiera no se haya adherido al Código de Buenas Prácticas, concurriendo las mismas condiciones, y, por supuesto, a las ejecuciones hipotecarias.

Con respecto al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, este año ya se ha aprobado, a través del  Real Decreto-Ley 6/2012, que no se tribute por las plusvalías. El Estado en este aspecto ha cumplido.

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