edición: 2470 , Lunes, 21 mayo 2018
15/04/2016
LA OREJA DE LARRAZ

España, Reino Unido, Alemania, Francia e Italia declaran la guerra conjunta a los paraísos fiscales

Javier Ardalán
España, Reino Unido, Alemania, Francia e Italia han solicitado al G20 la creación de una lista negra de paraísos fiscales y, al mismo tiempo sancionar a los países que no colaboren en la prevención del fraude fiscal, la financiación del terrorismo y el blanqueo de capitales. La oferta coincide con el anuncio de la Comisión Europea, realizado esta misma semana, de elaborar una lista negra única de paraísos fiscales sobre la base de criterios comunes en los 28 Estados miembros.
La firma del acuerdo se produce en el marco de la cumbre ministerial del G-20 que se está desarrollando en Washington en la que está presente el ministro español de Economía y Competitividad.

Además, los cinco países firmaban este jueves un acuerdo que busca poner en marcha un sistema automatizado de intercambio de información sobre la propiedad efectiva de sociedades, estructuras fiduciarias, sociedades instrumentales y otras entidades no transparentes.

Se trata de una de las primeras respuestas coordinadas tras el escándalo de los Papeles de Panamá. Así, Luis de Guindos, George Osborne, Wolfgang Schäuble, Michel Sapin, Pier Carlo Padoan y Luis de Guindos, los ministros de finanzas propusieron listas que identifiquen los verdaderos propietarios de compañías, fondos, fundaciones y otras entidades que se esconden de las autoridades fiscales.

Ya en 2013, como respuesta al acuerdo FATCA, impulsado por Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y España decidieron dar un salto cualitativo para desarrollar un proyecto piloto multilateral de intercambio de información fiscal en la Unión Europea.

FATCA requiere que las instituciones financieras de todo el mundo identifiquen a clientes con nacionalidad o residencia fiscal en Estados Unidos que tengan, cuentas financieras en el extranjero y por tanto, reporten anualmente sus posiciones y movimientos a la autoridad fiscal norteamericanos.

Para asegurar el cumplimiento de FATCA, se aplica un 30% de retención sobre determinados pagos realizados a entidades e individuos que no cumplan con FATCA exige a las instituciones financieras de todo el mundo que identifique a cualquier cliente que mantenga una cuenta en entidades extranjeras.

El siguiente paso será desarrollar un sistema de registro de información interconectado con la supervisión de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) para establecer estándares internacionales.

El documento señala que se ha acordado "en muy poco tiempo" iniciar un proceso para implementar los Estándares Comunes de Información (Common Reporting Standard) de la OCDE, con los que intercambiar información entre los miembros de forma automática en asuntos financieros.

Las iniciativas internaciones, promovidas por la OCDE y respaldadas por el G-20 no se han hecho esperar. A pesar de que la mayoría de estas iniciativas carecen de fuerza vinculante (no son leyes, ni Directivas, ni Reglamentos ni Convenios). Su fuerza reside en la presión para aquellos estados que no cumpla”.

El informe BEPS y su Plan de Acción publicados por la OCDE son el máximo exponente actual de estas directrices. Los Estados que decidan no seguir el Plan de Acción quedarán señalados y los Estados que si lo hagan penalizarán probablemente a los operadores residentes en esos otros estados “no cooperantes”.

Por otra parte, la Comisión ha abierto esta semana el camino hacia una mayor transparencia del Impuesto sobre Sociedades mediante la introducción de obligaciones de divulgación de información para las empresas más grandes que operan en la UE.

La propuesta se basa en el trabajo de la Comisión encaminado a combatir la elusión del impuesto de sociedades en Europa, que se estima supone para los países de la UE una pérdida de ingresos comprendida entre 50.000 y 70.000 millones de euros al año.

Como complemento de otras propuestas de introducción de un intercambio de información entre autoridades fiscales, impondría a las multinacionales que operan en la UE con ingresos mundiales superiores a 750 millones de euros anuales la obligación de publicar información fundamental sobre el país o países de la UE en el que realizan sus beneficios y el país o países de la UE donde pagan sus impuestos.

Las mismas normas se aplicarían a las multinacionales no europeas que operen en Europa. Por otra parte, las empresas deberían publicar una cifra agregada relativa al total de impuestos pagados fuera de la UE.

Esta propuesta constituye una forma simple y proporcionada de aumentar la imposición de las grandes multinacionales sin afectar a su competitividad. Se aplicará a millares de empresas de gran tamaño que operan en la UE, pero no afectará a las pequeñas y medianas.

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