edición: 2472 , Miércoles, 23 mayo 2018
11/01/2011
Presentado el borrador del “Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad"

España aborda la gestión de la biodiversidad, una de sus mayores debilidades

Algunas subvenciones tienen efectos indeseados sobre el patrimonio natural
Beatriz Lorenzo

Durante décadas, la relación de la humanidad con los recursos naturales ha sido de desgaste y explotación; un expolio unido a las consecuencias del cambio climático.

Una de las peores situaciones derivadas de la presión desmesurada sobre los recursos naturales es la pérdida de la biodiversidad, que aparece como una de las preocupaciones asociadas al borrador del “Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad” presentado la semana pasada por la secretaría de Estado de Cambio Climático. El plan prevé una inversión total de 750 millones de euros, de los que 30 millones se destinarán a reducir el impacto de las actividades de España sobre la biodiversidad y los  recursos naturales de terceros países y consolida como elementos esenciales la consolidación de la valoración económica de la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas.

A pesar de las atenciones al problema inherentes al borrador, la actuación de España en materia de gestión de la biodiversidad  ha venido siendo objeto de controversia en los últimos tiempos. Si bien el país acoge una de las mayores reservas de biodiversidad de Europa, es también- según los baremos establecidos por la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN) –  el país comunitario cuyas reservas naturales están más amenazadas. En España, la rápida disminución de la biodiversidad es cada vez mayor motivo de preocupación, porque además del propio valor de la naturaleza, se pierden y deterioran los bienes y servicios que los ecosistemas proporcionan a la sociedad. Hasta tal punto ha llegado el problema, que a finales de 2009 la Comisión Europea denunciaba a España- a la par que advertía a Chipre y Bulgaria- por sus profundas lagunas en la conservación de la biodiversidad.

DIFÍCIL DESAFÍO

Así las cosas, el borrador presentado la pasada semana por Teresa Ribera admite que la gestión de los espacios Natura 2000 es uno de los principales desafíos para la
conservación de la biodiversidad en España, y admite que la creciente  insostenibilidad de algunas actividades y el riesgo de sobreexplotación de los recursos naturales en las áreas de montaña evidencian la necesidad de poner en marcha mecanismos coordinados para proteger estas áreas y frenar su deterioro.

La valoración económica de la biodiversidad es otro de los temas clave del documento. El informe asegura que los estudios  de coste-beneficio que se han realizado en España en áreas protegidas y en su entorno socioeconómico demuestran la generación neta de beneficios contables. Sin embargo, muchos costes de las áreas protegidas se asumen a nivel local mientras que los beneficios se reciben a nivel global o son percibidos por operadores económicos distintos a los que soportan los costes. Se carece de mecanismos redistributivos entre quienes proporcionan el bien público y quienes se benefician del mismo. Además, los ingresos procedentes de los servicios ambientales prestados por las áreas protegidas no revierten habitualmente en la gestión de dichas áreas ni en las economías locales. Surge así la eterna dicotomía a la hora de mejorar la gestión de la diversidad desde su base, aplicando para ello los presupuestos necesarios y teniendo en cuenta que los costes económicos podrán verse compensados, tal y como demuestra la buena salud de la Triple Bottom Line como herramienta que conjuga- y pone al mismo nivel- los aspectos sociales, medioambientales y económicos para lograr un desarrollo integral.

Por otra parte, según la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio, las dos terceras partes los servicios suministrados por los ecosistemas y áreas de alto valor natural en el mundo, incluida la biodiversidad, están en declive ya que regulaciones legales no resultan suficientes para protegerlos frente al empuje de intereses económicos. Hay actividades económicas privadas que generan externalidades ambientales positivas que no están reconocidas por el mercado. Por el contrario, existen otras actividades privadas que se benefician del patrimonio natural sin coste alguno o que generan externalidades negativas no computadas en el precio de sus productos.

SUBVENCIONES PELIGROSAS

En otro orden de cosas, el borrador admite también que algunas  subvenciones tienen efectos perjudiciales, indeseados, sobre el patrimonio natural y la biodiversidad. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) define como subvenciones perjudiciales para el medio ambiente a todos los tipos de normativas y ayudas financieras que se establecen para mejorar la competitividad de determinados productos, procesos o regiones y que, en combinación con el régimen fiscal vigente, resultan involuntariamente discriminatorias para las buenas prácticas medioambientales. Así, el documento recuerda también que el  Libro Verde sobre la Utilización de Instrumentos de Mercado en la Política de Medio Ambiente y otras Políticas Relacionadas de la Comisión Europea recoge que la reforma o supresión de estas subvenciones podría convertir en el principal fondo público para el medio ambiente si estas ayudas se reinvirtieran en apoyo a prácticas que tuvieran efectos positivos sobre el empleo, sobre el desarrollo y sobre el patrimonio natural y la biodiversidad. Entre las soluciones al problema, el documento aboga por la necesidad de promover una economía ecológicamente eficiente mediante cambios en los ingresos nacionales, pasando de gravar el trabajo y las empresas a gravar el uso de los recursos y la energía.

La mala gestión de la diversidad no sólo es un defecto aplicable a España, sino que se ha convertido en un mal endémico europeo. Según informes de WWF en el viejo continente "la financiación actual no asegura la conservación del patrimonio natural europeo y representa menos del 0,1 por ciento del presupuesto total de la UE".

Algunas de las medidas específicas que los expertos recomiendan pasan por la creación de un fondo específico para biodiversidad, la creación de mecanismos de financiación complementarios y la inversión de los presupuestos europeos en prácticas “no agresivas” en sectores como la agricultura, etc. Y es que actualmente la situación deja a la biodiversidad europea en una situación no muy agradable: el fondo 'LIFE+' aporta 120 millones de euros al año, menos del 0,1 por ciento del total del presupuesto de la UE y la posibilidad de recibir financiación a través de la llamada 'opción de integración', no permite llegar a los 6.000 millones de euros anuales que la propia UE estimó como necesarios para la adecuada gestión de la Red Natura 2000.

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