edición: 2366 , Lunes, 18 diciembre 2017
13/07/2012

España cobrará los impuestos de quienes se van a vivir fuera a través de los acuerdos de colaboración con la UE

Javier Ardalán
España ha incumplido las obligaciones  al mantener en vigor, en el artículo 14, apartado 3, de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, una disposición que impone a los contribuyentes que trasladan su residencia a otro Estado miembro la obligación de incluir todas las rentas pendientes de imputación en la base imponible del último ejercicio fiscal en el que se les haya considerado contribuyentes residentes.

La Comisión Europea considera que la legislación española controvertida resulta desfavorable, en el aspecto financiero, para las personas físicas que trasladan su residencia al extranjero, al disponer que las rentas pendientes de imputación deban incluirse en la base imponible del último ejercicio en el que aquéllas hayan sido residentes en España.

De este modo, dichas personas físicas se ven obligadas a pagar el impuesto en el momento de trasladar su residencia, mientras que los contribuyentes que mantienen su residencia en el territorio español no están sujetos a tal obligación. Por lo tanto, la legislación controvertida permite un trato discriminatorio, siendo así que debería aplicarse la misma norma independientemente de que la persona física mantenga o no su residencia en aquel territorio.

La jurisprudencia comunitaria considera que constituye una restricción cualquier medida nacional que, aun cuando sea aplicable sin discriminación por razón de nacionalidad, pueda obstaculizar o hacer menos atractivo el ejercicio, por parte de los ciudadanos de la Unión, de la libertad de establecimiento garantizada por el Tratado.

El Tribunal considera que la legislación española constituye un obstáculo para la libre circulación de los trabajadores y la libertad de establecimiento. A este respecto, la CE ha llegado a reconocer durante el proceso que tal legislación podría, en principio, estar justificada por motivos de interés general derivados de la necesidad de garantizar la recaudación eficaz de los impuestos y el reparto de la potestad tributaria. Sin embargo, consideró que esta norma no tiene un carácter proporcionado.

España alegaba en su descargo, que las directivas sobre ayuda mutua entre las Administraciones tributarias de los Estados miembros, que resultan insuficientes para garantizar la eficacia de los sistemas tributarios, la Comisión aduce que incumbe a los Estados miembros adoptar los mecanismos necesarios para garantizar una aplicación eficaz de las citadas Directivas.

En la sentencia de 7 de septiembre de 2006, el Tribunal de Justicia de la UE admitió que la deuda tributaria podía determinarse en el momento del traslado de residencia, lo que la Comisión considera legítimo, a diferencia de la legislación en litigio en el presente asunto, que no sólo prevé la determinación de la deuda tributaria sino también el pago de la misma.

Con respecto a  la aplicación de la legislación controvertida a los Estados Parte en el Acuerdo del Espacio Económico Europeo que no tienen la condición de miembros de la Unión, la Comisión subraya que, aun cuando las Directivas mencionadas no sean aplicables a aquellos Estados, su razonamiento es igualmente válido en los supuestos en que se haya celebrado un convenio para evitar la doble imposición que contenga una cláusula de intercambio de información.

Por lo demás, la Comisión recuerda que, en el caso de que, debido a la inexistencia de un mecanismo equivalente a los previstos en dichas Directivas, no exista un medio directo que permita recaudar la deuda tributaria, no cabe excluir que el contribuyente afectado posea bienes en España sobre los que quepa aplicar medidas de apremio y de ejecución.

España, apoyada en sus alegaciones por  Portugal, alega, por una parte, que esta normativa  no convierte al contribuyente que traslada su domicilio fiscal en deudor de un impuesto sobre un beneficio que no ha obtenido y del que, por tanto, no dispone.

 Por otra parte, añaden, la legislación controvertida no puede ocasionar en ningún supuesto un caso de doble imposición, ya que únicamente se produce una imputación temporal de rentas ya devengadas en España y no un anticipo en el devengo de rentas futuras. Por consiguiente, dicha legislación no puede influir de forma negativa en la decisión de una persona de ejercer las libertades de circulación, residencia o establecimiento.

Y, además,  apoyado por todos los Estados miembros que intervienen en el litigio, alega que, aun suponiendo que la legislación controvertida constituya una restricción de las libertades invocadas por la Comisión, estaría justificada por los objetivos de interés general consistentes en garantizar el reparto equilibrado de la potestad tributaria entre los Estados miembros, la recaudación eficaz de los impuestos y la coherencia del sistema tributario español.

 En lo que atañe a la alegación de que existe una restricción del artículo 18 CE, el Tribunal procede declarar que no se puede negar válidamente que excluir de la ventaja de tesorería de que se trata a las personas que tienen intención de desplazarse dentro de la Unión por motivos no relacionados con el ejercicio de una actividad económica puede disuadir a tales personas, en ciertos supuestos, de ejercitar las libertades fundamentales garantizadas por dicho artículo 18 CE.

Sin embargo, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia resulta que dicha restricción podría estar justificada, desde el punto de vista del Derecho de la Unión, si se basara en consideraciones objetivas de interés general, independientes de la nacionalidad de las personas afectadas, y si fuera proporcionada al objetivo legítimamente perseguido por el Derecho nacional.

Sin embargo, finalmente considera aun suponiendo que la legislación nacional en litigio fuera idónea para alcanzar los mencionados objetivos, procede declarar que, en lo que atañe al carácter proporcionado de dicha legislación, en relación con la justificación de la necesidad de garantizar la recaudación eficaz de los impuestos resultan asimismo pertinentes en lo que atañe a la alegada necesidad de garantizar la coherencia del sistema tributario y el reparto equilibrado de la potestad tributaria, de manera que, en cualquier caso, dicha legislación excede de lo necesario para alcanzar tales objetivos.

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