edición: 2682 , Viernes, 22 marzo 2019
25/10/2011

España dista todavía de ser un paraíso para la transparencia

Beatriz Lorenzo

La transparencia es uno de los intangibles más necesarios para la buena marcha de los negocios. A nivel internacional, los países han de adoptar técnicas que fomenten la veracidad y el acceso a la información- más aún en tiempos de crisis- como medio de posibilitar que las empresas, sobre todo los locales, puedan llegar a un buen desempeño de sus negocios. Los precedentes en este sentido son diáfanos. La convención de la OCDE de 1999 y el convenio de Naciones Unidas de 2005 contra la corrupción han transformado el panorama legal en este sentido a la vez que daban un empujón a la transparencia y la veracidad. En el caso de España, el propio Código Penal ha experimentado una reforma en este sentido, obligando a las compañías a adoptar medidas de prevención de delitos, para que puedan así ser inmunizadas ante posibles pleitos.

Sin embargo, España dista todavía mucho de ser una panacea en este sentido. Según el informe del Banco Mundial y de la Corporación Financiera Internacional (IFC) titulado “Doing Business 2012: Haciendo negocios en un mundo más transparente”, España se encuentra en el puesto número 44 de entre los países en los que es más fácil hacer negocios, una posición no demasiado benevolente a pesar de que nuestro país ha escalado un puesto respecto a la clasificación del año anterior. Este año, Singapur lidera el ranking sobre la facilidad de hacer negocios, seguido por Hong Kong SAR, China; Nueva Zelanda; Estados Unidos y Dinamarca.

Las economías que más han mejorado la facilidad de hacer negocios son Marruecos, Moldova, la ex República Yugoslava de Macedonia, Santo Tomé y Príncipe, Letonia, Cabo Verde, Sierra Leona, Burundi, las Islas Salomón, la República de Corea, Armenia, y Colombia.

Esta clasificación apunta en una clara tendencia; para los países emergentes la bandera de la  transparencia comienza a ondear con todos los vientos a su favor. Así las cosas, si los países desarrollados, España entre ellos,  han de tomar ejemplo de los “avances responsables” de las economías emergentes, la consideración de la reputación y la confianza como baremos de prosperidad y desarrollo es una buena manera de comenzar a reflexionar. En palabras de Thomas Friedman “la tolerancia genera confianza y la confianza es el cimiento de la innovación y el espíritu emprendedor”. La transparencia y el acceso veraz a la información aparecen en este sentido como las mejores cartas de presentación para ganar en confianza.

El fomento de un clima diáfano es esencial para el impulso de los negocios locales y para el fomento de la prosperidad, una necesidad que algunos países desarrollados, España entre ellos, no parecen tener muy en cuenta. Las compañías tienen también mucho que decir a este respecto. Existen proyectos que tratan de poner un grano de arena en este sentido, como 'Better returns in a better World' una iniciativa innovadora que contó con la participación de más de 80 inversores de Europa y Estados Unidos, entre ellos JP Morgan, Morgan Stanley, Aviva Investors, Crédit Agricole Chevreux, o Calvert Investments y que fue coordinado por Oxfam. El objetivo pasa por proponer mecanismos que permitan que los inversores institucionales (fondos de pensiones, compañías de seguros, gestoras de inversión) tengan un mayor impacto en la reducción de la pobreza y, por añadidura, en la creación de un clima más amable, transparente y propicio para el fomento de los negocios locales.

SECTOR PRIVADO

La necesidad de que el sector privado mejore su actuación en este sentido es muy palpable en el caso de España. Un informe del Observatorio de RSC apuntó ya en su día que la actual crisis de global ha puesto claramente de manifiesto la ausencia de transparencia en la actuación de una parte de los actores económicos. Esta falta de transparencia ha favorecido durante años la opacidad en las actividades empresariales y financieras y ha permitido comportamientos abusivos, poco éticos y en algunos casos ilegales Tal y como expresa el informe, “el acceso a información veraz y de calidad, y de la máxima transparencia, sobre impacto en los derechos humanos y el medioambiente no puede seguir dejándose en manos del autocontrol de las propias empresas multinacionales y de sus criterios arbitrarios y voluntarios, sino que deben existir unas reglas claras y normalizadas para el acceso a esa información.”

La realidad es que, salvo honrosas excepciones,  las empresas siguen rindiendo sus cuentas anuales con la misma desidia y opacidad que en las épocas del keynesianismo más voraz, y son cada vez más las voces que se alzan clamando por la necesidad de una regulación específica que atenúe la voluntariedad que esgrimen las compañías en materia de RSC.

En resumen, los avances legales- como la ya citada modificación del Código Penal- han de unirse a las iniciativas de carácter más o menos voluntario por parte de las empresas. La modificación del Código Penal ha traído consigo innovaciones, entre las que destaca la proliferación de la figura del  “compliance officer”, la persona responsable de la supervisión y gestión de cuestiones relacionadas con el cumplimiento. Generalmente, entre sus funciones se encuentran las de diseñar y aplicar controles, normativas y procedimientos internos que permitan garantizar el cumplimiento de la legislación y normativa aplicables, gestionar las auditorías e investigaciones sobre cumplimiento y normativas o responder a las solicitudes de información de los organismos reguladores. Además, esta figura puede supervisar el cumplimiento de los códigos de conducta voluntarios de las compañías.

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