edición: 2284 , Viernes, 18 agosto 2017
26/07/2016
Nunca es buen momento para las sanciones

España e Italia asumen el desprestigio de esquivar las Directivas

Los dos Gobiernos investigan la maraña legal en busca de una `excepción salvadora´ que evite las multas
Juan José González
Resignados y acostumbrados a que no sea el sentido común el que impere como criterio más razonable, los burócratas de Bruselas se enfrentan a un dilema doble: por un lado, sancionar a un socio del club por incumplimiento de una norma general y, por otro, la aplicación de las normas aprobadas por todos para los rescates bancarios. En este segundo caso, recordar que todos los firmantes acordaron en su día que las normas en cuestión eran un gran paso para que la Unión Bancaria de Europa comenzase a caminar. Los dos dilemas tienen hoy dos claros ejemplos, dos sujetos como son, en el primero, incumplimiento del déficit, España y, en el segundo, el rescate de una buena parte de la banca italiana.
El dilema para las autoridades surge porque aplicar las normas pasa, en el primer caso, por imponer una sanción a un enfermo que se recupera y que, incluso, en su estado avanzado de recuperación, muestra progresos, se podría decir que, adecuadamente para los tiempos que corren. Aplicar o no aplicar las normas; esa es la cuestión.

Las sanciones nunca vienen bien a nadie: sancionador y sancionado sufren siempre un desgaste, un precio, un riesgo. Pero es el ejercicio de la responsabilidad. Europa se ha enfrentado en numerosas ocasiones al dilema porque la mayor parte de los Estados han incurrido en supuestos recogidos por la norma, tipificados por ley. Y las experiencias, las prácticas, han sido muy heterogéneas; desde pasar por alto déficit de socios como Francia o Alemania hasta mirar para otro lado cuando se manipulaba, claramente, un mercado financiero.

El dilema entra en fase crítica cuando, como en el caso de la banca italiana -hoy en clara y dramática situación de alarma- las autoridades aceptan -en secreto- entrar a negociar con el presidente italiano una vía distinta a la intervención de Bruselas que supondría aplicar la Directiva de rescates bancarios. Un primer paso -en falso- el de las autoridades europeas al estar reconociendo, de facto, que se están pensando la oportunidad -mejor dicho, inoportunidad- de aplicar la norma dado que sus efectos podrían crear situaciones de inestabilidad en el mercado italiano y, por extensión, en el conjunto de la Unión Europea.

El sentido común, desde el lado italiano, del candidato a ser intervenido con un rescate bancario, alega el coste y pérdidas para las familias, los particulares tenedores de bonos y depósitos. Sentido común que equivale aquí a mal común no sólo por las pérdidas que se apuntarían esas familias sino también y, a la postre más dañino, la desconfianza en la banca, el freno en el consumo, desinversiones y un largo etcétera, todos ellos efectos directos y víctimas colaterales de aplicar la norma, la Directiva BRRD de rescates bancarios.

El dilema puede terminar en empate si se analiza el sentido común desde el lado de la norma, de Bruselas. No aplicar la Directiva de rescates, tan elogiada y aplaudida por todos el día de su aprobación, conlleva, sin embargo, el coste y peligro añadido de dejar sin efecto el trabajo de construcción de un sistema normativo europeo que, si las cosas no han cambiado mucho, y aunque en ocasiones asome la duda, continúa siendo un objetivo básico en la construcción de la Unión Europea.

Es probable que, como en otras ocasiones, la sangre no llegue al río, que la multa en el caso de un miembro de que incumple la norma del límite del déficit se convierta en una especie de permuta, de otros fondos que se congelarán por un tiempo. En el caso de la banca italiana y siguiendo los antecedentes más recientes, el sentido común prevalecerá en la aplicación, no de la norma o Directiva BRRD, si no en el otro sentido también común como es evitar que las pérdidas de las familias italianas sea el origen de una reacción común y generalizada que aporte más inestabilidad económica (y también social y política) a la que ya existe. En último extremo, ya se encargarán los políticos de rebuscar entre la farragosa jungla legislativa comunitaria alguna singularidad, una excepción a la norma, una exclusión de las sanciones que, la verdad sea dicha, nunca vienen bien.

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