edición: 2808 , Viernes, 20 septiembre 2019
21/12/2010
A partir del 1 de enero e inevitablemente durante, al menos, tres años

España, en pleno recorte presupuestario, se dispone a pagar 67 millones de euros por el retraso del almacén nuclear

Areva, que cobrará 60.000 euros diarios desde el 1 de enero, negocia la prórroga y revive las opciones del reciclaje
Cuando llegue el ATC será ya tarde, no antes de 2015: en cuatro años debe definir un Almacén profundo como exige la UE
Ascó ha tenido que comenzar la licitación de su Almacén Individual, al que Enresa dedicará 16 millones
Depósito francés de residuos nucleares
Javier Ardalán

Entona el 'no problem'. Pero es sólo el oficial. Sebastián decuenta días para empezar a pagar el ‘fuera de juego’ de los residuos nucleares españoles. Ni las prisas para licitar ahora el ATC y fijar una fecha para el retorno de los 679 m3 de alta y media radioactividad procedentes de la desmantelada Vandellòs I que están en Francia y cuyo contrato finaliza el 31 de diciembre, llegarán ya a tiempo. Cada día que pase del 1 de enero de 2011, el coste a pagar a Areva por albergarlos será de 60.000 euros (20.000 sólo por sanciones): casi 22 millones de euros al año. Ni en el mejor de los casos Industria se podrá zafar de tres años de retraso -65.700.000 euros- casi la décima parte del coste total del ATC, el Centro Tecnológico y en el Parque Empresarial juntos. La herencia de De la Vega -que rompió la baraja del modelo técnico y repudió a Zarra- los recelos de Rubalcaba -dispuesto a esperar a la próxima legslatura si no hay consenso con las Autonomías- y las nuevas exigencias de Bruselas le dejan el Almacén ya condenado a caducar y obligan a Enresa a planear más de un almacén temporal individual: el de Ascó acaba de comenzar su licitacion. Cuando llegue, será como pronto cinco años más tarde de la fecha inicial prevista por el Ministerio y exigida por el Congreso de los Diputados; estará copado en un 60% por residuos de las ocho centrales y tendrá que despejar antes de su puesta en marcha el plan para el Almacén Definitivo Geológico Profundo que la CE le requiere antes de 2014. Ya sabe que aunque consiga solucionar en diciembre el destino del ATC -Ascó gana opciones- , lo haría ya fuera de ‘cuentas' para el ultimátum de Areva, que no recogerá residuos españoles ni rembolsará las sanciones más allá de 2015. Lo sabe la estatal gala: negocia ventajas para el retorno del combustible y aprovecha para revivir las opciones de su macroplanta de reprocesamiento de combustible.

Que no habría un ATC construido -y menos aún operativo- antes del plazo establecido en el contrato con Areva (1 de enero de 2011) para recibir los residuos que atesoran en Francia, era un precio asumido por el Ministro de Industria desde que en 2006 empezó a sospechar que ni el decreto avalado por el Congreso, ni las indicaciones de Enresa  y el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) iban a ser suficientes para encontrarle apellidos y ubicación concretos a un Almacén Centralizado. Que no llegará tampoco a tiempo en 2015 (la fecha establecida por París como ultimátum final para devolver los residuos y rembolsar parte de los cuatro años de sanciones), Miguel Sebastián lo ha comenzado a temer ahora. Busca valedores en el CSN, Enresa, la Amac y Ferraz para deshacer el portazo de De la Vega a su decisión (que ubicó el ATC en Zarra). Pero ni el dictamen del 15 de diciembre de la Comisión de Industria del Congreso, que ha urgido al Gobierno a que se pronuncie sobre la ubicación del ATC, han desbloqueado el impasse, después de que Salgado y Rubalcaba barajaran posponer la ubicación hasta la próxima legislatura y reabrieran el debate sobre el reprocesado de los residuos. Por primera vez, el ministro ya sabe que, cuando llegue la designación del Almacén, lo hará ‘fuera de cuentas’ para todas sus líneas rojas. Tendrá un 60% de su capacidad hipotecada por residuos ya desbordados en los ocho reactores en marcha; no impedirá que Ascó tenga que construir un ATI desde el próximo trimestre y cuatro años de más pagos de penalización a Areva. Si se demora más la licitación, los cuatro años de plazo para la construcción del almacén no serán suficientes, ni siquiera para asumir la prórroga a cambio de sanciones.

SANCIONES Y ALMACENES TEMPORALES

Sea como sea, la empresa francesa  no quiere acoger residuos españoles más allá de 2015. Ni las prisas para licitar ahora el ATC y poder fijar una fecha para el retorno de los 679 metros cúbicos de alta y media radioactividad procedentes de la desmantelada Vandellòs I que están en Francia y cuyo contrato finaliza en menos de un mes, el 31 de diciembre llegarán ya a tiempo. Las estimaciones más optimistas hablan de un plazo de dos años y medio para construir el depósito. Sin embargo, Enresa asegura que “los cálculos más realistas, dada la gran envergadura de esta obra civil”, consideran necesarios entre tres y cuatro años. Y era el propio Ministerio el que -según sus cálculos más optimistas admitía en la última Convención Conjunta Internacional sobre seguridad en la gestión de residuos: no habría Almacén Centralizado en 2012, como muy pronto, 2014, aunque se hubiera adjudicado en abril de 2010, como los primeros calendarios de Castellana 160 preveían. El miedo de Areva empieza, incluso ahora, a poner la vista en el día después. La diferencia es que ahora, con las sombras expandidas por De la Vega sobre el futuro del ATC, ya en París no tienen tan claro que Enresa pueda cumplir, ni siquiera con la fecha de expiración del ‘Plan B’ y disponer de un almacén a tiempo para diciembre de 2015, la fecha del ultimátum final que Areva sobre el papel no quiere prorrogar, ni con pagos compensatorios.

El Gobierno no podrá evitar pagar además las facturas de sus retrasos nucleares, al menos en la gestión de residuos. Más cuanto mayores sean las demoras. Lo saben en la empresa de bandera nuclear con participación estatal gala. A Zapatero ya le queman los residuos de Garoña, el material procedente del reprocesado de combustible de la central le cuesta cada año 330.000 euros que van a las arcas del Reino Unido. Pero sobre todo, el Almacén Temporal, aunque defina sus apellidos en 2011, verá la luz con un modelo trasnochado, ahora que el Comisario de Energía, el alemán Gunther Oettinger, acaba de dejarle claro que la Unión Europea a través de la CE y el Europarlamento obligarán a que los Estados Miembros con plantas atómicas presenten antes de 2014 planes a largo plazo para Almacenes Geológicos Profundos (AGP), en los que los residuos pueden permanecer ilimitadamente, pero sin posibilidad teórica de recuperación o alguna fórmula de reciclaje.

La Comisión reclamará a los estados miembros (catorce cuentan con plantas y dos planean construirlas) que adopten planes nacionales, un calendario detallado de construcción y gestión y un sistema de financiación para enterrar en profundidad los desechos, unos 7.000 metros cúbicos de residuos de alta actividad cada año, que hasta ahora pasaban de las 143 plantas que están en activo en la UE a ubicaciones temporales, en superficie o a baja profundidad, con una vida de hasta un siglo como máximo. Bruselas le pisa los pasos al modelo de Finlandia y Suecia, recomienda la construcción de un AGP, Almacén Geológico Profundo, que supone enterrar los residuos, -mientras que el ATC los deja en la superficie-. Es un debate -temporalidad, AGP y reciclaje- que el Ministerio de Industria pensaba haber eludido en España, hasta al menos 2040, con la construcción del ATC capaz de albergar los residuos hasta 60 años y que ahora en Moncloa y Castellana 160 recobra más de un partidario, para esperanza de Areva -al fin y al cabo la gala- el principal reciclador de combustible nuclear el mundo- hace meses que revive ante Moncloa su campaña para vender las bondades del reciclaje del combustible nuclear gastado frente al almacenamiento. El debate paralelo sobre la reutilización está de nuevo abierto: el Centro de Investigación Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), anima a evaluar la posibilidad de que España reduzca su volumen de residuos nucleares aplicando la reutilización, como ya hacen Francia o Japón.

Mientras llega el modelo centralizado a profundidad media, las centrales españolas no pueden esperar más. Lo sabe Ascó (Tarragona), a la vista del bloqueo del ATC y de su ultimátum particular en 2013 (no podría operar más allá sin él), acaba de comenzar el proceso para poner en marcha un almacén temporal individualizado (ATI) en sus instalaciones a mediados de 2011, cuando la piscina de Ascó I llegue a su límite de capacidad. La instalación, que se ubicará en una plataforma exterior de hormigón para contenedores en seco, ya tiene los permisos de obras en tramitación y acaba de abrir a licitación pública, el 15 de diciembre, el estudio de impacto ambiental. Enresa no tiene más remedio que quiere ser precavida y tener una solución prevista, tras la ralentización del proyecto centralizado.  Con ATC o sin él casi la mitad de los residuos del parque español se quedará en Cataluña (en su territorio hay cuatro plantas), y además, en algún momento habrá que transportar desde Francia los residuos de Vandellós I. Como recordaba el presidente de la Asociación de Municipios en Áreas con Centrales Nucleares (AMAC), Rafael González Mediavilla, el caso de Ascó suma y sigue con el antecedente de Zorita, donde ya hay un almacén temporal individual (ATI) de residuos radioactivos que “no debería estar allí” [como el de Trillo, en Guadalajara] El proceso de desmantelamiento de la planta José Cabrera, la primera que se construyó en España, ha generado ya 2.842 toneladas de materiales y el material más peligroso, el combustible gastado, ya se encuentra fuera de la planta, en el anejo Almacén Temporal Individualizado, y a la espera de que el Gobierno decida y construya el “cementerio nuclear”, adonde serán trasladados.

AREVA BUSCA VENTAJAS EN LA INCERTIDUMBRE NUCLEAR ESPAÑOLA

Mientras Moncloa busca cómo poner en marcha de nuevo los relojes del Almacén Temporal Centralizado, Areva respira por la herida del contrato sellado con la Administración española el 18 de octubre de 2001. Ni el Elíseo, ni menos aún la dirección de la empresa han dejado pasar la oportunidad de recordarle al ministro que el acuerdo con Enresa prevé que los residuos de de Vandellós I  que guarda Francia debían volver a España a partir del 31 de diciembre de 2010. Como adelantaba La Razón, lo hacía ya desde hace meses el subdirector de Industria Nuclear francés, Thomas Branche en la misiva enviada 2 de agosto al Ministerio de Industria. Hasta ahora ya ha aprovechado al menos en las ‘timideces’ atómicas de los Gobiernos socialistas: con Vandellós I la custodia de los residuos que España envió a Francia en 1989 ha costado a Enresa más de 517 millones de euros y la expectativa del coste de la prórroga al contrato sellado entre ambos países el 18 de octubre de 2001. Cuando se firmaron, se daba por hecho que los residuos (13 metros cúbicos de residuos de alta actividad vitrificados y los 666 m3 de media intensidad procedentes del reprocesado en Francia) podrían desembarcar en Vandellos II, o en Ascó al término del contrato en 2011. Vandellòs II, a día de hoy, todavía tiene margen para almacenar sus propios residuos de alta y media actividad, ya que tiene un 45% de sus piscinas libres -estima llenarlas entorno a 2020–. Sin embargo, los titulares de la central, la Asociación Nuclear Ascó-Vandellòs (ANAV),  ya se han adelantado a cualquier sugerencia por parte del Estado rechazando los residuos de la central ‘ex vecina’ Vandellòs I.

En Industria saben ya que es más duro negociar la prórroga necesaria del acuerdo con Francia sin haber ni siquiera iniciado el proceso para construir el ATC. Más correoso todavía fijar una fecha para el retorno de este material y eludir la sanción programada, de 49.545.17 euros. Como adelantaba ya en mayo el diario El País, Areva ofrece “devolver al silo atómico desechos más radiactivos que los de Vandellòs I pero en menor cantidad”. O vuelve una gran cantidad de residuos de media actividad o una mucho menor de desechos franceses activos durante miles de años. En ese caso, Francia exigiría más dinero al considerar que España se ahorraría millones en el transporte. En todo caso le servirá para compensar los problemas ‘domésticos’ con los residuos de alta generación.

Para los dilemas de Areva, el ATC en Zarra sería más favorable: más rápido en su construcción y estaría más distante de los residuos almacenados en Francia, para ventaja de la empresa nuclear paraestatal gala y de su opción de menos residuos de más alta intensidad. Aunque el 64% de la superficie del municipio de Zarra está protegida, el informe técnico de Industria valora la inmediata disponibilidad de los terrenos ofrecidos por el Ayuntamiento, lo que podría ahorrar dos años de “papeleo” antes de iniciar la construcción. Las urgencias de Areva se le encienden a Zapatero justo ahora que ha tenido que hacer malabarismos para evitar que los residuos nucleares del ‘caso Palomares’ le mancharan su periplo estadounidense. A la vista de la ruptura del pacto con EE UU por el que Departamento de Energía (DOE) se había comprometido a financiar y supervisar la limpieza y extracción de las parcelas contaminadas de Palomares, es muy posible que Moncloa tenga que buscar también una ubicación para otros 6.000 metros cúbicos de tierra contaminada.

Areva aprovecha además el ángulo muerto del retraso del ATC y el debate abierto por Oettinger sobre el Almacén Geológico Profundo para revivir las opciones de su macroplanta de reprocesamiento de combustible en La Hague (la misma en la que reposan los residuos de Vandellós) y presiona para reciclar en Francia los residuos españoles. Una alternativa que la decisión de Enresa de optar por un almacén a seis décadas y los cálculos de la Empresa Nacional de Residuos (el combustible reprocesado puede ser hasta un 60% más caro que el uraniuo enriquecido del mercado) habían aparcado, pero que el gigante francés resucita. Más aún ahora que el ‘divorcio’de Areva con la minera Berkeley Resources (que en junio decidía deshacerse de su  acuerdo con Berkeley y su participación en futuros yacimientos en Salamanca, después de tres años de apuesta a cuatro manos, como socio de referencia de la australiana) ha acabado con la opción de acuerdos en residuos nucleares con la gala al calor de la extracción del uranio en Saelices en alianza con la estatal Enusa. 

La ubicación del ATC de residuos de alta y media actividad no llegará ya bajo los calendarios previstos por el Ministerio y avalados en su momento por Moncloa: era principio de verano para el informe de Industria y agosto para la decisión final del Consejo de Ministros. Desde el Decreto de su convocatoria el 23 de diciembre de 2009 el propio Ministerio preveía haber enviado en los primeros días de julio un primer informe preeliminar. Hasta tal punto que, pocas horas antes del anuncio de Pacto e Estado entre PP y PSOE,  un portavoz de Industria -donde la noticia cogió a casi todos por sorpresa- adelantaba que la selección de candidaturas estaba casi ultimada y la decisión final se adoptaría en un consejo de ministros antes de las vacaciones estivales. La nuclear iba a ser la última revancha energética de Miguel Sebastián. Quiso servirla fría y buscarle platos ajenos, a contrapié de Moncloa. En los del Pacto del PP, la reversión del cierre de Garoña; en los de la Subcomisión, la posibilidad de garantizar la continuidad de los ocho reactores actuales hasta 2035; en los de la Ley de Economía Sostenible, la tercera vía para hacer llegar la vida útil de las centrales hasta los sesenta años; y en la complicidad con Salgado, Rubalcaba y el ala más ‘nuclear de Ferraz -con Jordi Sevilla al frente- una ubicación al menos al ATC.

El Almacén Centralizado de Residuos (ATC) se había convertido, como recuerda ahora el PSOE, en el salvoconducto -junto con el Plan de Industrialización de la zona- para la renovación sólo por cuatro años más de la licencia de la central, hasta su cierre en 2013. Pero a Sebastián se le han ido afogonando, uno tras otro, los cartuchos del renacer atómico. Ahora, en el ministerio, sólo saben que no se sabe nada, todo el proceso depende de nuevos factores en juego que ya no pueden controlar. No, al menos, todos ellos. Se resguardan en la demora ‘sine die’. Al fin y al cabo, después de casi cuatro años de retrasos desde las iniciativas originales de José Montilla y de seis años desde que en diciembre de 2004 el Congreso aprobó desarrollar los criterios para construir un ATC en España, desde Enresa, (la Empresa Nacional de Residuos), hasta la propia industria nuclear han encajado todos los argumentos para su posposición. Pero, en palabras de la misma Asociación de Municipios en Áreas Nucleares, sólo será “positivo si con el aplazamiento de la decisión se logra un mayor consenso y una planificación a largo plazo”. Y si ya Moncloa tenía problemas desde febrero para sintonizar los criterios de Industria con los recelos de los barones socialistas reacios a hospedar el almacén en Castilla la Mancha, Extremadura y Cataluña, más aún para incluir además en sus variables a las líneas rojas del Partido Popular y las CCAA gobernadas por él.

MONCLOA Y SUS CRITERIOS SE IMPONEN A INDUSTRIA

Sebastián quería “codazos” municipales para ponerle apellidos a los 700 millones de inversión del Almacén. A cambio de sacar de la ‘nevera’ de Moncloa su convocatoria, había aceptado ante Zapatero condicionar su licitación, a medida de las CCAA, el primer cementerio atómico nacional, pero no quería ponerlo difícil y se la jugó a Ferraz y Moncloa: la literalidad de su convocatoria sólo exigía el visto bueno del municipio, aunque decida el Consejo de Ministros. El ministro, después de seis años de vaivenes, buscaba finiquitar la negociación con la estatal gala por los residuos que deberían volver de Francia y esperaba hacerlo, además, sin cruzar las líneas rojas con las que Fernández Vara, Montilla y Barreda rechazan el Almacén Temporal Centralizado de Residuos. Pero ni la exigencia recién renovada por la patronal de las eléctricas, UNESA, para que se defina ya la ubicación final del ATC-“imprescindible”, en palabras de Pedro Rivero-, ni los reclamos de la AMAC, la Asociación de Municipios Afectados por Centrales Nucleares -que le recuerda a Sebastián que hay consenso social en Yebra (Guadalajara) y Ascó (Tarragona)-, la presidenta del CSN, o el presidente de Enresa, ni siquiera el día después de los comicios catalanes del 28-N le despejan al ministro la munición ni los aliados en Moncloa y Ferraz para solucionar el ‘entuerto’ del Almacén Centralizado.

El ATC aún duerme en el epicentro de todos los desencuentros atómicos en el que María Teresa Fernández De la Vega lo colocó antes de irse del Gobierno con la marcha atrás para la designación de Zarra (Valencia). Y desde este mes ya sabe que Pérez Rubalcaba no será su ‘liberador’, todo lo contrario. El titular de Interior es el primero en advertir que el ATC se ubicará en un municipio donde exista consenso “con su ayuntamiento” y con la Comunidad Autónoma afectada porque de lo contrario “no sería viable” y las “dificultades jurídicas pueden llevar a que sea un proceso interminable”.  Además, si finalmente el Consejo de Ministros consigue un consenso interno que le permita consumar la elección de Zarra, sea o no con acuerdo con la Generalitat Valenciana, ya sabe que se encontrará sobre la mesa no sólo con los recelos de Enresa, sino con la impugnación de la Asociación de Municipios Nucleares (AMAC) y sus 70 miembros. Se oponen a una decisión “basada en intereses políticos”, que dejaría el ATC fuera del perímetro de ninguna localidad con reactores atómicos (Zarra está a 11 km de Cofrentes) y experiencia nuclear, uno de los criterios que la convocatoria del ATC valoraba. Después de años trabajando mano a mano con el Ministerio de Industria y con Enresa, la Amac, hasta ahora no de los motores del impulso al ATC durante la última década, descontaba las ventajas técnicas de las candidaturas que apadrina, las de Yebra (Guadalajara) y Ascó (Tarragona).

El vicepresidente encabeza ahora el ala de Moncloa y Ferraz que, a la vista de los recelos de Camps, las tribulaciones de Montilla y las contradicciones del Partido Popular son partidarios de enterrar de nuevo el Almacén Temporal Centralizado de Residuos hasta la próxima legislatura, la misma pesadilla que Sebastián arrastra (heredada de los tiempos de Montilla en Castellana) desde hace cinco años. La ex ‘vice’ le aplicó sus galones de mando en junio de 2009, cuando en persona asumió el anuncio de la decisión del cierre de Garoña en 2013, en contra del criterio público del ministro y del informe técnico del CSN. Y lo hizo en septiembre, dejando en el limbo al almacén ante las protestas de Manuel Chaves y los socialistas valencianos.

Hoy, como le demarcaba el vicepresidente a Sebastián hace menos de dos semanas, el Ejecutivo ya sólo tiene claro que impondrá a Castellana 160 el consenso político y autonómico y que la posibilidad de reservar su designación hasta la siguiente legislatura, a partir de 2012, cobra fuerza. Ha pasado de exigir al Gobierno en octubre adoptar una decisión "cuanto antes" a claudicar ante Presidencia, en su última comparecencia pública y reconocer que los técnicos del Ministerio estudian más de un centenar de alegaciones presentadas al informe técnico del Gobierno para la ubicación del ATC y que -pese a las intenciones iniciales de primar los criterios técnicos- la decisión llegará si hay “el máximo consenso”. Lo hace consciente de que si tiene que llevar el futuro del ATC a latitudes políticas, no encontrará aliados: las cuatro candidaturas ‘idóneas’ -Zarra, Acó, Yebra y Villar- cuentan con el rechazo formal de sus presidentes autonómicos.

LAS CONTRADICCIONES DEL PP TAMPOCO AYUDAN

No es nada que -como Sebastián llegó a planificar en su momento, en el mes de julio- pueda revertirse gracias al Pacto de Energía frustrado con el PP, menos aún ahora que como reconoce el propio titular de Industria, es la vicepresidenta económica, Elena Salgado, la encargada de supervisar cualquier avance en ese acuerdo hoy congelado con el PP. Si el ministro buscó cuestionar la cerrazón nuclear de Zapatero -aún a costa de retrasar hasta otoño la adjudicación del Almacén de residuos, ATC- y resucitar las opciones para la central burgalesa, el viaje a ninguna parte con Génova ha vuelto a convertirse en el cómplice del entierro de Garoña y, de paso, en el ‘mejor no meneallo’ desde Génova y Ferraz ante el futuro de los residuos atómicos españoles. Y es que si las tribulaciones del uranio de Sebastián en todas sus vertientes -ATC de residuos, derechos de extracción, tasas nucleares y vida útil de las centrales- han dejado en evidencia las contradicciones entre Presidencia, Ferraz, la Fundación Ideas y el Ministerio, no han sido menos con las filas de la oposición del PP. Los silencios de María Dolores de Cospedal han terminado por coreografiar una carrera de rebajas y ofertas a la que se entregan, in extremis, los candidatos castellanomanchegos para tratar de compensar sus desventajas en la baremación técnica de Industria. El pleno de Villar de Cañas (en tercer lugar en la valoración de Industria) ha renunciado al 50% de las aportaciones anuales que generaría el silo atómico, si sale elegido para el ATC, 72 millones de euros en total.

Génova, sin postura oficial nacional sobre el modelo del Almacén Temporal de Residuos (ATC), (más allá de intentar canjearlo en su momento por opciones para Garoña si se ubicaba en Castilla y León), hizo trinchera común con José María Barreda y Guillermo Fernández Vara (en contra de Ferraz), para evitar que el almacén de residuos acabara en Yebra o Albalá. Pero ha chocado sables bajo la mesa con el Partido Popular Valenciano, hasta hacer que -después de dos meses de negociación con Industria ahora negada- el Presidente Francisco Camps se pronunciara en contra del ATC para Zarra, a contrapié del interés del vicepresidente del Consell, Juan Cotino. El Ejecutivo de Camps, a contrapié de la dirección nacional del partido, llegaba a poner sobre la mesa el precio de sus ‘compensaciones’: nada de “residuos nucleares sin trasvase del agua del Ebro”.

Paradojas ‘atómicas’, desde que el 17 de octubre se conoció que Zarra tenía más punto que el resto de poblaciones candidatas en el informe técnico del Ministerio de Industria para albergar el ATC, era el líder de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, el que exigía a Camps y a los grupos políticos con representación en las Cortes regionales una declaración conjunta de rechazo a la ATC. Un gesto que el presidente valenciano escenificaba a regañadientes y por sorpresa en Ayora, pero con la baza de la ambigüedad a mano, consciente de que la retirada del recurso que puso la Consejería de Medio Ambiente contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que declaraba agrícolas los terrenos donde se ubicaría el ATC, y por tanto no urbanizables permitiría a los terrenos continuar siendo agrícolas y no se podría construir en ellos. Nada que, tras el voto en contra del grupo popular en Les Corts el pasado 28 de octubre en contra de una proposición de Compromís pueda respaldar ya.

Un ‘tentetieso’ que desde Génova no le han podido imponer por igual al Partido Popular de Cataluña: los de Alicia Sánchez Camacho, en desafío abierto a Montoro, siguen impulsando la candidatura de Ascó, con la misma intensidad con la que antes de los comicios del 28-N, al margen de la postura de CiU y el PSC, la presidenta del PP catalán llegaba a exigir públicamente al Gobierno  “que cambie de postura' y conceda al municipio tarraconense la instalación del Almacén”. Montilla - aunque como ministro de Industria emitió un pliego de condiciones para que los ayuntamientos pudieran burlar el rechazo de las comunidades autónomas- pedía que se ubicara fuera de Cataluña el ATC (ya acoge tres reactores) pero ni la Generalitat ni CiU sancionarán directamente a los alcaldes catalanes que se han lanzado en la carrera nuclear. Aunque los de Artur Mas no se pronuncian, tras el rechado del Parlament (con los votos de los diputados del tripartito y CiU, y la abstención de los del PPC y Grupo Mixto), sobre la mesa del Ministro pesa la evidencia de que el 44% de la energía eléctrica que consume Cataluña proviene de las nucleares, frente al 20% de España. Y la victoria de CiU en las elecciones autonómicas en Tarragona, con la mitad de los 18 escaños y el mal resultado de ERC reviven las posibilidades de la candidatura de Ascó, que el alcalde de la localidad tarraconense -a pesar de ser también convergente- impulsa en colaboración con la Amac (la Asociación de Municipios con centrales nucleares) desde hace años. Creen que Mas no se opondrá a una candidatura defendida por las patronales catalanas -con la vista puesta en más de 700 millones y la creación de 380 empleos durante su construcción- aunque Miguel Sebastián siga teniendo en la mira de sus preferencias a Zarra, “el municipio que cuenta con mejor puntuación” del informe de la comisión interministerial y aunque el secretario general adjunto de CiU, Felip Puig, promete todas las trabas legales posibles si el Consejo de Ministros opta por Ascó.

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