edición: 2828 , Viernes, 18 octubre 2019
17/04/2009

España fue el Estado de la UE más condenado por incumplimientos en 2008

Javier Ardalán

España es el Estado de la Unión Europea (UE) que más condenas recibió del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) durante 2008 por incumplimientos de las Administraciones Públicas, con un total de 15. Los siguientes países más sancionados fueron Italia con 14 y el centro financiero luxemburgués, con 12. Ninguno de los restantes Estados comunitarios superó la decena de sanciones y la media de los Veintisiete estuvo en torno a las 3 sentencias.

En el casillero de España, además, hay que sumar otro pleito más por las mismas razones de incumplimientos del Estado, aunque esta fue desestimada por el Tribunal de la UE.

Las cuestiones prejudiciales, de carácter aclaratorio, iniciadas por España ascendieron a una docena, frente a las 71 de Alemania o las 39 de Italia. La media se situó en torno a las 11.

Nuestro país no estuvo encartado en algunos de los grandes temas tratados, fundamentalmente de carácter fiscal y, fundamentalmente relacionados con las vacaciones fiscales vascas enel Impuesto sobre Sociedades. Así, en materia de ayudas de Estado, el expediente Unión General de Trabajadores de La Rioja (sentencia de 11 de septiembre de 2008), el Tribunal de Justicia conocía de la cuestión de si unas medidas tributarias adoptadas por entidades infraestatales que establecen un tipo impositivo inferior al general de la ley del Estado español y unas deducciones de la cuota que no existen en el ordenamiento jurídico tributario estatal han de considerarse ayudas de Estado incompatibles con el mercado común por el mero hecho de que se aplican únicamente en el territorio de dichas entidades. Indicó que incumbe al órgano jurisdiccional remitente, único competente para identificar el Derecho nacional aplicable e interpretarlo.

En el asunto Promusicae (sentencia de 29 de enero de 2008), el Tribunal de Justicia declaró que el Derecho comunitario no obliga a los Estados miembros a divulgar datos personales, con objeto de garantizar la protección efectiva de los derechos de autor, en el marco de un procedimiento civil.

En una situación en la que una asociación sin ánimo de lucro que agrupa a productores y editores de grabaciones musicales y audiovisuales interpone una demanda con objeto de que se ordene a un proveedor de acceso a servicios de Internet revelar la identidad y la dirección de los titulares de determinadas líneas de abonado para poder ejercitar acciones civiles por vulneración de los derechos de autor, ni las Directivas relativas a la sociedad de la información y a la protección de la propiedad intelectual, en particular, de los derechos de autor,  ni las referentes ala protección de datos personales obligan a los Estados miembros a imponer el deber de comunicar datos personales con objeto de garantizar la protección efectiva de los derechos de autor en el marco de un procedimiento civil.

Entre el resto de los demás destacados es interesante destacar, el litigio Feryn (sentencia de 10 de julio de 2008, se planteaba la cuestión de si el hecho de que un empleador declare públicamente que no contratará a trabajadores de determinado origen étnico o racial constituye una discriminación directa en la contratación.

El Tribunal de Justicia consideró que sí, puesto que tales declaraciones pueden disuadir firmemente a determinados candidatos de presentar su candidatura y, por tanto, dificultar su acceso al mercado de trabajo. La existencia de tal discriminación directa no requiere que haya un denunciante identificable que alegue haber sido víctima de tal discriminación.

A continuación, el Tribunal de Justicia se pronunció sobre el tema de la prueba de la discriminación. Manifestó que las declaraciones públicas de que se trata bastan para presumir la existencia de una política de contratación directamente discriminatoria. Incumbe en tal caso a ese empleador probar que no se ha vulnerado el principio de igualdad de trato, lo que podrá hacer demostrando que la práctica real de contratación de su empresa no corresponde a esas declaraciones.

En materia de libertad de establecimiento, el asunto Cartesio (sentencia de 16 de diciembre de 2008) dio al Tribunal de Justicia la ocasión de precisar su jurisprudencia relativa al derecho de las sociedades a trasladar su domicilio dentro de la Unión. La cuestión prejudicial planteada al Tribunal de Justicia versaba sobre la compatibilidad, con los artículos 43 CE y 48 CE, de la legislación húngara que impide a una sociedad constituida en virtud del Derecho nacional trasladar su domicilio a otro Estado miembro manteniendo su condición de sociedad regida por el Derecho nacional del Estado miembro en que se constituyó. El Tribunal de Justicia respondió que, en el estado actual del Derecho comunitario, dichos artículos no se oponen a tal legislación.

En el caso Kadi y Al Barakaat International Foundatio se determinó la  competencia del Consejo para adoptar el Reglamento por el que se ordena la congelación de los fondos y otros activos o recursos económicos de las personas y entidades cuyo nombre figure en la lista aneja a dicho Reglamento, 4 adoptado a fin de aplicar, en la Comunidad Europea, las resoluciones del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, el Tribunal de Justicia consideró que el Tribunal de Primera Instancia había incurrido en un error de Derecho al declarar que los órganos jurisdiccionales comunitarios no tienen, en principio, competencia alguna para controlar la legalidad interna de dicho Reglamento.

Rüffert, fue un asunto  (sentencia de 3 de abril de 2008) en el que el Tribunal de Justicia abordó la cuestión de si la libre prestación de servicios se opone a la legislación de un Estado miembro según la cual el adjudicatario de un contrato público de obras debe comprometerse por escrito a pagar a sus trabajadores, como mínimo, la retribución prevista en el convenio colectivo aplicable y a imponer esta obligación a sus subcontratistas transnacionales que desplazan trabajadores a dicho Estado miembro, dando lugar el incumplimiento de dicho compromiso al pago de una penalización establecida contractualmente.

El Tribunal de Justicia declaró que, si bien en virtud de lo dispuesto en la Directiva 96/71, 19 sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios, un Estado miembro tiene la posibilidad de imponer salarios mínimos a las empresas establecidas en otros Estados miembros en relación con una prestación de servicios transnacional, no puede exigirles una cuantía de salario prevista en un convenio colectivo.

Por lo que respecta a la libre circulación de capitales, cabe reseñar el asunto Arens- Sikken (sentencia de 11 de septiembre de 2008), en el que se cuestionaba una normativa referente a la liquidación de los impuestos sobre sucesiones y sobre transmisiones patrimoniales a título gratuito que gravan un bien inmueble situado en un Estado miembro que no preveía la deducibilidad, a efectos de la liquidación de dichos impuestos, de las deudas por el exceso de adjudicación resultante de una partición hecha por el testador, cuando la persona cuya sucesión se abría no residía en el momento de su fallecimiento en dicho Estado sino en otro Estado miembro. El Tribunal de Justicia declaró que las disposiciones del Tratado relativas a la libre circulación de capitales se oponen a tal normativa.

Finalmente, cabe destacar también el litigio Truck Center (sentencia de 22 de diciembre de 2008), en que el Tribunal de Justicia respondió a una petición de interpretación de las disposiciones del Tratado relativas a la libre circulación de capitales en relación con la legislación belga sobre el impuesto de sociedades. En virtud de esta legislación, los intereses abonados por una sociedad residente a una sociedad beneficiaria residente en otro Estado miembro eran objeto de retención en la fuente (denominada retención sobre las rentas del capital mobiliario), mientras que quedaban exentos de dicha retención los intereses abonados a una sociedad beneficiaria residente. El Tribunal de Justicia declaró que las disposiciones del Tratado relativas a la libertad de establecimiento y a la libre circulación de capitales no se oponen a tal normativa fiscal.

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