edición: 2284 , Viernes, 18 agosto 2017
29/12/2008

España levanta los controles fiscales especiales sobre Gibraltar

Xavier Gil Pecharromán

La ley que suprime el Impuesto sobre el Patrimonio a partir del 1 de enero de 2009 no solamente deroga normativas tributarias, sino que incluye algunas novedades importantes. Así, las inversiones en los, hasta ahora, considerados paraísos fiscales de Chipre y Gibraltar ya no se verán sometidas a las mismas medidas de control fiscal que las inversiones realizadas en otros paraísos fiscales. Las modificaciones introducidas en los artículos 12.3, 21.1 y 107.15, del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades buscan la adaptación de la normativa tributaria española a los requerimientos europeos en materia de paraísos fiscales comunitarios, de tal forma que estos no puedan ser penalizados salvo cuando se trate de estructuras claramente abusivas, chapuceras y artificiales.

Esta medida, que va en la línea ya adoptada por otros muchos socios de la Unión Europea, coincide con el anuncio realizado por el Gobierno de Gordon Brown, una revisión de las regulaciones en los 'territorios dependientes de la Corona' que tienen un sector financiero sustancial. Y eso incluye a las islas del Canal o a la de Man, y también a Gibraltar.

A efectos de la Hacienda española, Gibraltar sigue siendo un lugar opaco, inaccesible, impenetrable, que tiene su zona de influencia es el sur de España y la Costa del Sol, donde campan a sus anchas las actividades relacionadas con el blanqueo de capitales provenientes  del urbanismo, la corrupción y el narcotráfico.

En el Peñón hay 28.000 sociedades activas, un número no registrado de fundaciones y trust. Es, además, el centro social de las principales compañías mundiales de apuestas por Internet, lo que preocupa a los expertos en lucha contra el lavado de tramas criminales.

El Gobierno británico aceptó en 2005 las condiciones de la Comisión Europea (CE) para desmantelar, de aquí a 2010, las exenciones fiscales de que disfrutan ciertas empresas constituidas en Gibraltar pero que no realizan actividad comercial o empresarial en el Peñón. Ésto significa que la colonia dejará de ser un paraíso fiscal tradicional.

Peter Caruana, primer ministro de la colonia británica, ha anunciado que el Gobierno de Gibraltar propondrá en el Foro de Diálogo firmar un acuerdo con España para garantizar la transparencia de las operaciones fiscales en el Peñón.

La medida, viene precedida, además, de una importantísima sentencia del Tribunal de Primera Instancia de la Unión Europea (TUE), que ha anulado el veto impuesto por la Comisión a la reforma del Impuesto sobre Sociedades gibraltareño al considerar que el Ejecutivo comunitario no ha podido demostrar que esta reforma aporte ventajas selectivas a las empresas establecidas en el Peñón.

La reforma, que es una parte importante en la nueva imagen de respetabilidad tributaria que busca Gibraltar, pretende suprimir el tipo del Impuesto sobre Sociedades, que es del 35 por ciento para las empresas residentes en el Peñón, y sustituirlo por un impuesto sobre la nómina y otro sobre la superficie ocupada, limitados ambos al 15 por ciento de los beneficios. Una sustancial ventaja competitiva sobre las sociedades situadas en España que seguirán pagando un 30 por ciento de tipo general y de la media comunitaria que se sitúa en el 24,5%.

El Ejecutivo comunitario bloqueó los cambios al considerar que, con ellos, las empresas registradas en Gibraltar se beneficiarían de un tipo impositivo mucho más bajo que el tipo de impuesto de sociedades aplicable en el Reino Unido.

La conclusión del Tribunal, el marco de referencia para apreciar la selectividad regional de la reforma fiscal, se circunscribe exclusivamente a los límites geográficos del territorio de Gibraltar y que, por tanto, “no puede llevarse a cabo ninguna comparación entre el sistema fiscal aplicable a las empresas establecidas en Gibraltar y el aplicable a las empresas establecidas en el Reino Unido, con el fin de demostrar la existencia de una ventaja selectiva en favor de las primeras”.

España estudia recurrir la sentencia al estar convencido el Ejecutivo de que Gibraltar sigue sumando puntos en sus pretensiones y es preciso atajar un agravio comparativo que deja a las empresas españolas en una clara desventaja, el mismo que afecta a las del Reino Unido.

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