edición: 2612 , Lunes, 10 diciembre 2018
27/01/2014
LA OREJA DE LARRAZ

España limitará su jurisdicción universal en el extranjero a los asuntos en que intervengan españoles

Xavier Gil Pecharromán

El Grupo Popular ha presentado una proposición de ley en el Congreso de los Diputados en la que introduce nuevos límites a la jurisdicción universal española. Así, tan sólo actuarán los tribunales españoles en los delitos de corrupción entre particulares o en las transacciones económicas internacionales, cometidos por un ciudadano español o extranjero que tenga su residencia habitual en España; siempre que el delito haya sido cometido por el directivo, administrador, empleado o colaborador de una empresa mercantil, o de una sociedad, asociación, fundación u organización con  sede o domicilio social en España, así como si se trata de la propia persona jurídica.

Se trata de un procedimiento poco habitual para un grupo parlamentario que sostiene a un Gobierno, puesto que tan sólo se emplea en aquellos casos en que se considera muy urgente que entre en vigor un determinado texto, por lo general, muy concreto.

Estas restricciones deberán aplicarse, incluso a las causas actualmente en trámite, pues los Tribunales españoles no pueden continuar procedimientos sobre los que ya carezcan de jurisdicción. Tan sólo se podrá juzgar en el extranjero a españoles, nativos o nacionalizados, y en situaciones muy definidas.

Así, por ejemplo quedará fuera de la jurisdicción española el caso de genocidio en Tíbet y un mes después se ordenó la búsqueda y captura del expresidente chino Jiang Zemin, el ex primer ministro Li Peng y otros tres altos cargos con responsabilidades en las décadas de 1980 y 1990 por su presunta participación en el genocidio. Se imputó en la causa al expresidente Hu Jintao por "dirigir" el genocidio en Tíbet y un mes después se ordenó la búsqueda y captura del expresidente chino Jiang Zemin, el ex primer ministro Li Peng y otros tres altos cargos con responsabilidades en las décadas de 1980 y 1990 por su presunta participación en el genocidio.

La proposición señala que la extensión de la jurisdicción española más allá de los límites territoriales españoles debe venir legitimada y justificada por la existencia de un tratado internacional que lo prevea o autorice, el consenso de la Comunidad internacional. Al tiempo, la regulación de la materia debe ajustarse a los compromisos derivados de la ratificación por España el 19 de octubre de 2000 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, como instrumento esencial en la lucha por un orden internacional más justo basado en la protección de los derechos humanos.

La nueva redacción dada a la Ley Orgánica del Poder Judicial, vendrá a regular que la  jurisdicción española podrá conocer de los delitos que hayan sido cometidos fuera del territorio nacional, siempre que los criminalmente responsables fueren españoles o extranjeros que hubieran adquirido la nacionalidad española con posterioridad a la comisión del hecho.

Además, el hecho deberá ser punible en el lugar de ejecución, salvo que, en virtud de un Tratado internacional o de un acto normativo de una Organización internacional de la que España sea parte, no resulte necesario dicho requisito. También, cuando el agraviado o la Fiscalía interpongan querella ante los Tribunales españoles o cuando el delincuente no haya sido absuelto, indultado o penado en el extranjero, o, en este último caso, no haya cumplido la condena. Si sólo la hubiese cumplido en parte, se le deberá  tener en cuenta para rebajarle proporcionalmente la que le corresponda.

Será competente la jurisdicción española para conocer de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional susceptibles de tipificarse, según la ley española, como  Genocidio, lesa humanidad o contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, siempre que el procedimiento se dirija contra un español o contra un ciudadano extranjero que resida habitualmente en España, o contra un extranjero que se encontrara en España y cuya extradición hubiera sido denegada por las autoridades españolas.

En el mismo caso se incluye el terrorismo, siempre que el procedimiento se haya cometido por cuenta de una persona jurídica con domicilio en España; existan víctimas de nacionalidad española;  el delito haya sido cometido para influir o condicionar de un modo ilícito la actuación de cualquier Autoridad española; , contra una institución u organismo de la Unión Europea que tenga su sede en España, contra un buque o aeronave con pabellón español o contra instalaciones oficiales españolas, incluyendo sus embajadas y consulados.

Los delitos de tortura y contra la integridad moral de los artículos 174 a 177 del Código Penal, cuando el procedimiento se dirija contra un español; o la víctima tuviera nacionalidad española en el momento de comisión de los hechos y la persona a la que se impute la comisión del delito se encuentre en territorio español.

En el caso de delitos de piratería y cualesquiera otros delitos regulados en el Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima, hecho en Roma, 10 de marzo de 1988, y en su Protocolo, hecho en Londres el 14 de octubre de 2005, así como los delitos contenidos en el Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil.

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