edición: 2619 , Miércoles, 19 diciembre 2018
11/06/2012

España, obligada a consolidar el vínculo entre deuda pública y crisis de la banca

Alemania gana tiempo tolerando un saneamiento bancario español sin explicitar condiciones
Mariano Rajoy y Angela Merkel
Carlos Schwartz

Durante dos meses el forcejeo entre el Gobierno español y las autoridades de la Unión Europea (UE) y los miembros del Consejo Europeo, en particular con Alemania, se desarrolló alrededor de una cuestión central. España no estaba en condiciones de acceder a los mercados para financiar los decretos 2/2012 y 18/2012. La presión mutua se acrecentó con el último de los decretos del 12 de mayo y la fallida operación de rescate encubierto de Bankia. La formulación de esta operación supuso un empeoramiento de las condiciones para la deuda soberana española y agudizó la imposibilidad de financiar en los mercados el conjunto de las necesidades del sector. Ante la creciente presión de los socios de la zona del euro el Gobierno buscó fórmulas que lo eximieran de las duras condiciones de un rescate soberano. El núcleo del problema, la imposibilidad de nuestro país de hacer frente a la crisis del sector bancario, se ha solapado con la posibilidad de que después de las elecciones del 17 de junio en Grecia se constituya un gobierno que pretenda revisar los acuerdos con la UE y esta suspenda la financiación al país. Para los socios de la UE los acontecimientos constituyen una carrera contra reloj en defensa de la moneda única.

Más del 90% de la cartera hipotecaria de la banca española está titulizada, y un 54% de esos títulos son cédulas hipotecarias. Durante una década esos productos estructurados fueron adquiridos por los bancos y cajas de Alemania y Francia. Lo último que desearía en este contexto cualesquiera de los dos gobiernos es la quiebra de un banco en España. Por su parte, para España ha quedado sellada la dependencia de la deuda soberana respecto de la crisis bancaria. De un lado, la deuda pública sufría los efectos de la crisis bancaria sin resolución. Del otro, los bancos no se podían sanear porque el Estado no lograba financiarse para ello precisamente por la existencia larvada de ese problema. La UE ha roto este vínculo perverso con la promesa de una inyección de recursos presuntamente suficiente y al mismo tiempo se asegura que el estado español responde indirectamente por los productos estructurados de la banca española ante los bancos europeos. Europa se asegura el rescate de sus propios bancos a costa del presupuesto público español.

Pero esos recursos se incorporan a la deuda pública. El espectro que se levanta ahora ante los inversores institucionales es la cuestionable capacidad de nuestro país de hacer frente a una montaña creciente de deuda, sin límite visible, en condiciones de caída en la recaudación fiscal y depresión económica. Existe ya un volumen gigantesco de compromisos financieros sin consolidar entre el Estado y la banca, como los avales por 130.000 millones de euros, y los recursos invertidos en saneamientos y comprometidos en los esquemas de protección de activos (EPA), y hay quien hecha cuentas sobre esos niveles de compromiso aunque no entren en el protocolo de déficit excesivo... de momento.

Para poder sortear la resistencia que oponía Alemania a un rescate con condiciones limitadas a la banca, el Gobierno apeló al Fondo Monetario Internacional y a la presidencia de Estados Unidos a través del Departamento del Tesoro. El razonamiento del Ejecutivo era lograr que las condiciones se impusieran a la banca que recibía ayudas y no al conjunto de la política económica del Gobierno. De otra parte, para Alemania y el núcleo de la Unión Europea, Francia incluida, la cuestión urgente era frenar el deterioro de la deuda soberana española y alejar el riesgo de una operación de rescate de conjunto del país para la que no hay recursos suficientes en los fondos europeos aun sumando todos sus recursos. Está por verse si ese objetivo se ha logrado.

La inminencia de las elecciones en Grecia el 17 de junio ha inclinado la balanza en favor de condiciones restringidas, aunque, la verdad sea dicha, estas no están aun sobre la mesa. Lo único que está claro es que la cifra de la operación puede alcanzar hasta los 100.000 millones de euros. Habrá que ver si el anuncio tiene el efecto esperado sobre los inversores internacionales que operan en los mercados de deuda soberana. El Gobierno actuó arrastrando los pies mientras la crisis bancaria era alimentada por la improvisación y jugó buena parte de su baza en Washington. Ante la inminencia de una pérdida de control en España finalmente Alemania accedió a actuar sin fijar las condiciones del paquete. Pero, tampoco este existe. Lo que hay es meramente un anuncio de un acuerdo básico para que en el futuro ese paquete se haga efectivo.

Para lograr que el acuerdo cristalice el FMI difundió en la madrugada del sábado su Programa de Evaluación del Sistema Financiero (PESF) para España. En la nota de prensa con la que se anunció el resultado del Programa se hace mención a una cifra de 40.000 millones de euros. Sin embargo esa cifra se menciona sólo como la que necesitarían varios bancos para “incrementar sus reservas de capital” de acuerdo con las directivas de Basilea III. Pero no existe una cuantificación final en el documento. Tampoco la hay en las 77 páginas del informe. Las estimaciones que el documento arroja se basan en buena medida en diversas estimaciones de mercado, que incluyen las efectuadas por las agencias de calificación. Antes bien el PESF insinúa que la cifra puede ser muy superior.

Básicamente el documento remite de forma permanente a las valoraciones del Banco de España y a las de la Autoridad Bancaria Europea, y establece parámetros propios sobre la base de las elaboraciones de los reguladores. Es relevante señalar que el PESF no sólo valora a los bancos, sino además a las compañías de seguros y a todo el sistema financiero y los reguladores. Respecto de este punto el FMI no se priva de señalar que el Banco de España carece de la deseable autonomía, no tiene una capacidad de sancionar a las entidades de crédito y puntualiza que esta es atribución del Ministerio de Economía.

También se lamenta de la falta de autonomía de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Es llamativo que haya un capítulo sobre el particular mientras en España el Gobierno se dedicó a socavar la autoridad del regulador. El FMI viene a decir que es al Gobierno a quien le toca intervenir y sancionar de acuerdo con la legislación española. Es más que dudoso que este Gobierno tenga la aspiración de reforzar la autonomía del regulador. Algo que ha dejado entrever al evitar a toda costa designar como Gobernador del Banco de España al ex consejero del Banco Central Europeo (BCE), José Manuel González Páramo.

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