edición: 3028 , Viernes, 14 agosto 2020
01/08/2017
La cuarta gran economía de la Eurozona

España pugna por salir del humillante aislamiento institucional en Europa

El Estado español figura poco y mal en los organismos europeos, deficiencia que se quiere corregir en los próximos meses
Juan José González
En medios financieros y políticos parece haber coincidencia en que la resolución del Banco Popular por las autoridades bancarias europeas cierra otro capítulo más de la humillante posición en la que se encuentra España en Europa y en particular en su entramado institucional. Para la clase política española la decisión bancaria, una forma manu militari impuesta por Bruselas no resiste un análisis comparativo si éste se llevase a cabo con, por ejemplo, Italia, el miembro consentido de la Unión, bien representado (sobrevalorado) en sus instituciones. Para los financieros, en cambio, la decisión bancaria es un capítulo más desprecio y deshonra de las instituciones hacia España y que, según asienten convencidos algunos líderes empresariales, la resolución del banco español no será la última muestra del menoscabo hacia la cuarta mayor economía de la Eurozona. Es probable que España tenga alguna oportunidad a corto plazo de mejorar esa posición, pues varias instituciones deberán renovarse a lo largo de los próximos veinte meses. Es  probable que la posición española mejore como consecuencia del `milagro económico´ registrado en los últimos meses y que parece que se prolongará en los próximos. Ahora todo parece probable.
Sucede cada vez, de cuando en cuando, en que una decisión europea se convierte en una bofetada política para España. El episodio más reciente, aún caliente, es la resolución exprés de la autoridad bancaria sobre la entidad financiera Banco Popular y su venta al Banco Santander. Dejando a un lado consideraciones técnicas sobre el estado financiero de la `víctima´, su solvencia insuficiente o no, o la imposibilidad de alcanzar algún acuerdo de fusión o semejante con otra u otras entidades, la solución del organismo se juzga, desde el punto de vista político, como una humillación y agravante comparativo con el tratamiento de otras crisis bancarias, en este caso, italianas, a la postre rescatadas por las autoridades locales.

El trato de favor de Bruselas hacia las entidades, hacia el Estado italiano, supone un agravio comparativo con el trato recibido por las mismas autoridades en el caso español, en el caso del Banco Popular. El desenlace de la crisis bancaria ha servido -está sirviendo- para hacer entrar en razón a algunos miembros del Gobierno español, entre los que se encuentra su vicepresidencia, para que emprendan una ofensiva sin más dilación, sin esperar a otros movimientos de las autoridades económicas y políticas que, según varias informaciones, estarían contemplando algunas compensaciones, bien en forma de plazos, bien en forma de nombramientos de los que estarán sujetos a renovación en los próximos veinte meses, entre ellos, los primeros puestos en rango de autoridad del Banco Central Europeo.

Si en el apartado de las decisiones bancarias el menoscabo del peso de España en las instituciones es claro y definido, en el de la economía lo es aún más. Y en este sentido, las cifras de la expansión económica, presente y según las estimaciones, futura, no se quedan en un simple ejercicio de coyuntura, puntual o anecdótico, sino que dibuja una trayectoria de comportamiento ejemplar, de seguimiento de las políticas de austeridad marcadas por Europa. Los efectos de la trayectoria se pueden medir hoy en forma numérica con previsiones que en breve, seguramente algún instituto privado mejorará elevando el crecimiento económico por encima del 3,3%.

Podría decirse que en términos de valoración la eficiencia de la economía española no está considerada en la Eurozona por sus avances y logros, sino tan sólo por las elevadas cifras del déficit público. Pero con todo, es decir, con la elevada carga de la deuda -su servicio- la política de reformas aplicada en España, eso sí, siguiendo las órdenes, el dictado de los miembros más radicales de Europa, lleva a razonar que la deuda pública podrá ser compensada en su mayor parte en la medida en que se logre mantener la actividad y el crecimiento económico en los próximos meses.

Y así, conscientes y convencidas las autoridades españolas de su infrarrepresentación institucional, del escaso peso político y baja consideración como Estado miembro y cuarta economía de la Eurozona, se están intensificando los contactos al más alto nivel político para conseguir un reconocimiento político que se traducirá en una mejora de la representación institucional. En este sentido, desde el Fondo Monetario Internacional, se estaría trabajando para que España saliera beneficiada de la próxima oleada de cambios en las altas instituciones de la Unión.

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