edición: 3028 , Viernes, 14 agosto 2020
23/01/2015
Movimientos políticos

España quiere sacudirse la norma para reestructurar su deuda

El nuevo escenario económico justificaría la revisión del artículo 135
Parece que la iniciativa de Pedro Sánchez no iba tan descaminada
Juan José González
El debate hasta ahora en la sombra sobre la polémica reforma del artículo 135 de la Constitución Española, cobra intensidad en el inicio informal de la campaña electoral y en medio de la crisis griega. La reforma de la citada norma es un asunto, convertido por adopción, ideológico y que dará mucho que hablar a lo largo del presente curso político. La oposición al Gobierno coincide ahora en que los firmantes de aquella reforma (acordada por socialistas y populares) fue más lejos de lo que exigía el Gobierno alemán, ya que al establecer que el pago de la deuda primaba sobre cualquier gasto presupuestario, dejaba atados de pies y manos otros gastos de vital importancia. El debate, sin embargo, puede haberse activado en un buen momento, cuando parece obligado dar una solución a la impagable deuda griega, pero sobre todo, por el giro en las condiciones económicas en España.
El escenario que en su día, mediados del año 2011, pudo justificar, según criterio alemán, la adopción de medidas extraordinarias en previsión de males mayores, se convierte ahora en el mejor aliado de una revisión de aquella reforma del artículo 135 de la carta magna. Las condiciones que establecía la norma en su redacción pueden considerarse hoy (y también entonces) como leoninas si se tiene en cuenta que, ante una situación de renegociación de la deuda, que no es otra cosa que mejorar las condiciones de pago de lo debido, el deudor español, en este caso el Estado, se vería impedido por parte de los acreedores, en virtud de la citada norma.

En una ocasión, el ministro de Economía Luis de Guindos, no dudó en dejar muy claro que en caso de intervención soberana, los técnicos de la `troika´ contarían con el 135 para imponer cualquier decisión, cualquier reforma. La advertencia del ministro quería expresar que la reforma de la norma constitucional, aprobada por mayoría en el Parlamento español, no dejaba lugar a planteamientos de soberanía o de necesidad extrema para bordear la norma. Sin embargo, con las principales magnitudes macroeconómicas en mejores condiciones y ante las expectativas de crecimiento para el presente y el próximo ejercicio, comienza a cobrar más sentido la revisión de la reforma del polémico artículo.

Después de tres años y medio desde la aprobación de la citada reforma constitucional, el escenario económico ya no es el mismo, incluso, en los términos que entonces justificaron la urgencia de la medida, se han modificado de forma radical. Por tanto, el Gobierno ya contaría a su favor con unas mejores condiciones objetivas para abordar la revisión. Condiciones como son el control de la financiación pública, el control del déficit público, aunque el objetivo comprometido con Bruselas no esté logrado, y la confianza de los inversores en la recuperación económica, como ponen de manifiesto el riesgo soberano, a punto de bajar de los 100 puntos básicos, así como el precio del bono español, ahora en cifras históricas.

El ambiente general en Europa, parece mostrarse ahora más propicio hacia la reforma (casi obligada) de las condiciones financieras de la deuda griega, tanto en ampliación de plazos como, incluso, en reducción de intereses y principal. Y es aprovechando esa corriente de revisión donde podría tener cabida los cambios en la norma española. El carácter limitativo del artículo, alcanza a casos tan extremos como que, llegado el momento, ni el acuerdo entre el Estado español (deudor) y otro Estado acreedor podría llegar a buen puerto, puesto que la norma constitucional no permite, siquiera, para modificar la reestructuración de la deuda ni la quita ni la modificación de plazos de pago o reducción del tipo de interés.

Al margen de que la revisión del artículo se vaya a plantear con mayor intensidad en la presente campaña electoral, siempre será más favorable que se plantee antes en ese marco general de revisiones europeas, que verse obligado el partido, o partidos, con mayor representación, a incorporarla al paquete de temas que serán objeto de la próxima reforma constitucional.

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