edición: 2612 , Lunes, 10 diciembre 2018
31/05/2012
En la antesala de la intervención
Luis de Guindos, ministro de Economía y Competitividad

España sólo pedirá ayuda con las auditorías en la mano

Montoro y De Guindos buscan cómo hacer un hueco en las cuentas públicas al nuevo endeudamiento del sector
Juan José González

Si un gobierno no permite que quiebre un banco, sólo queda el rescate público, aseguran que fue la sentencia que le trasladó Mario Draghi, presidente del BCE a Mariano Rajoy hace apenas dos semanas en la reunión del Eurogrupo celebrada en Barcelona. El presidente del Gobierno español se mostró reticente a la sugerente salida que Draghi le ponía sobre la mesa al considerar que la petición de ayuda, aunque limitada al sector financiero, sería acogida en los mercados como la antesala del rescate al Estado. El Ejecutivo dispone desde esa fecha de las cuentas del BCE sobre el impacto de un “rescate al sector financiero”, de modo que Rajoy tan sólo estaría esperando a conocer el avance de los resultados de las auditorías en marcha para formalizar la petición de ayuda al Fondo Europeo para el Sistema Financiero. La elección de esta última carta, por la que “delega” en los resultados de esos trabajos su futura decisión de apelar al fondo, no es, si no, una muestra de que el Ejecutivo se espera lo peor. De ese supuesto depende la decisión política, al entender que sólo la magnitud del “agujero” que, teóricamente, descubrirían las cuentas bancarias, “legitimaría” la apelación al fondo de rescate. Así que, hasta entonces, emoción garantizada.

Cuando todavía no hay señales que muestren el agotamiento del orgullo patrio, el jefe del Ejecutivo contempla sin inmutarse –o lo disimula bien- la lluvia gruesa de las cifras. Estas llegan en tandas, por todas partes y están marcadas ahora por los dos termómetros que miden la intensidad de la fiebre: la prima de riesgo superando los 535 puntos y la salida de 20.000 millones de euros del sector bancario en el Ibex35. Las primeras cifras estiman que el agujero que descubrirán los trabajos de los auditores en todo el sector se situará en el entorno de los 80.000 millones a 100.000 millones, cantidad que ya tienen en cuenta la inyección de recursos necesarios para empezar a poner en orden las cuentas de Bankia. A primera vista, parece que se trata de una cifra “amiga”, piadosa y respetuosa con el “medio ambiente” de tensión. Es previsible que la cifra final se acerque más a los cien mil que a los ochenta mil millones.

Cree el Ejecutivo que la crisis del sector financiero se va a solventar con transformar en capital los 4.200 millones de crédito aportados por el Frob a Bankia, cuando en realidad el problema que tiene ante sus ojos son 300.000 millones de pasivo que el Estado acaba de tragarse con la nacionalización de esa entidad. Los analistas internacionales parecen ser más certeros y estiman en cantidades ligeramente superiores a los 200.000 millones las ayudas que necesitará el resto del sector financiero, también con múltiples problemas. Aseguran que el presidente español recuerda en ocasiones con notable amargura el caso de Irlanda, unas imágenes que impactaron con fuerza en las retinas del primer ministro, y que en su día llevó a que el Ejecutivo irlandés tomara la decisión salomónica de salvar a sus bancos a costa de provocar un agujero en las cuentas públicas que no dejó más salida que pedir el rescate a los socios europeos.

Cristóbal Montoro y Luis de Guindos ya han comenzado a modificar criterios contables para hacer un hueco en las cuentas públicas a las necesidades a que obligará el saneamiento que salga de las auditorías en marcha. Una cantidad que no podrá exceder de un tercio del total estimado, es decir, cerca de 65.000 millones, puesto que los otros 135.000 millones, o más, según fijen las auditorías, será el dinero que no podrá salir de las arcas del Estado, o lo que es lo mismo, estará obligado a endeudarse en el mercado de capitales, o solicitar el rescate a Bruselas.

Así las cifras, es razonable pensar en el vértigo que pueden llegar a sufrir en Moncloa cuando se plantean que el “contratiempo” financiero les puede salir por el 30% del PIB, lo que traducido en votos puede resultar un fiasco. Para el Ejecutivo es una cuestión de honor y de elección porque en cualquier caso el daño al país, a los ciudadanos y el propio Gobierno se antoja inevitable. Por el momento, continúan inmersos en los cálculos de futuro, por comprobación del día a día, los costes derivados de convivir con una prima de riesgo en el entorno de los 535 puntos básicos, es decir, la deuda de las próximas décadas.

Con este planteamiento de presente, Mariano Rajoy y sus ministros parecen echar un órdago al futuro, convencidos de que la coyuntura puede depararles alguna buena noticia. Colocados en la tesitura de esperar o seguir adelante, intentan evitar por todos los medios que el coste del saneamiento financiero no sea unilateral y evitar el menor impacto en las cuentas públicas. Por tanto, el planteamiento de futuro pasa, necesariamente, por esperar al movimiento de las dos variables en curso: resultados de las auditorias y elecciones en Grecia. En cualquier caso, todo a una carta.

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