edición: 2558 , Jueves, 20 septiembre 2018
21/02/2017
LA OREJA DE LARRAZ

España tiene dos meses para transponer la Directiva que protege a los denunciantes de abusos de mercado

Xavier Gil Pecharromán
España cuenta con un periodo de dos meses para transponer Directiva de Ejecución sobre la comunicación de posibles infracciones (o infracciones reales) del Reglamento sobre abuso de mercado a las autoridades competentes, si no la Comisión Europea amenaza con llevar este retraso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
El objetivo fundamental de esta normativa es que las personas que deseen denunciar una infracción no puedan verse disuadidas de hacerlo por miedo a represalias, discriminación o divulgación de datos personales. La norma, se  inscribe en el código normativo sobre abuso de mercado y exige a los Estados miembros que establezcan mecanismos eficaces de comunicación de infracciones de dicho Reglamento.

Además, detalla los procedimientos de protección de los denunciantes y de los denunciados, el sistema de seguimiento de las denuncias y el de protección de los datos personales.

Se defiende que las autoridades competentes permitan la comunicación anónima, y los mecanismos de protección de la Directiva y se apliquen cuando un denunciante anónimo decida revelar posteriormente su identidad a las autoridades competentes. Los denunciantes deben poder escoger entre efectuar la comunicación mediante procedimientos internos, si estos existen, o directamente a la autoridad competente.

Se considera muy importante y necesario que el personal especializado de la autoridad competente y los miembros del personal de dicha autoridad que reciban acceso a la información facilitada a la misma por un denunciante cumplan con la obligación de secreto profesional y confidencialidad cuando comuniquen los datos tanto en el interior de la autoridad competente como al exterior de la misma, también cuando una autoridad competente abra una investigación o adopte medidas de ejecución subsiguientes en relación con la comunicación de infracciones.
       
Los Estados miembros deben garantizar que se registren adecuadamente todas las comunicaciones de infracción, que se puedan obtener dichas comunicaciones de la autoridad competente y que la información facilitada en las mismas pueda utilizarse como prueba, en su caso, en las medidas de ejecución. Los Estados miembros deben garantizar el cumplimiento de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y de la legislación nacional de transposición de dicha Directiva.

La protección de los datos personales de los denunciantes y de los denunciados es esencial para evitar el trato injusto o daños a la reputación derivados de la divulgación de datos personales, en especial los datos que revelen la identidad de la persona de que se trate.

En consecuencia, además de la legislación nacional de protección de datos que transponga la Directiva 95/46/CE, las autoridades competentes deben establecer procedimientos adecuados de protección de datos destinados específicamente a la protección de los denunciantes y de los denunciados que incluyan un sistema seguro en el interior de la autoridad competente con derechos de acceso restringido únicamente para el personal autorizado.

 Puede ser necesaria la transmisión, por parte de la autoridad competente, de los datos personales relacionados con las comunicaciones de infracción con objeto de evaluar una comunicación de infracción y llevar a cabo las acciones de investigación y ejecución necesarias. Al transmitir los datos a la autoridad competente o a terceros, las autoridades competentes deben respetar la confidencialidad en la medida de lo posible, de conformidad con el Derecho nacional.

Los derechos del denunciado por infracción del Reglamento (UE) no 596/2014 deben estar protegidos para evitar daños a su reputación u otras consecuencias negativas. Además, los derechos de defensa y de acceso a vías de recurso del denunciado deben ser plenamente respetados en cada fase del procedimiento derivado de la comunicación de que se trate.

Los Estados miembros deben garantizar el derecho de defensa del denunciado, incluido el de acceso al expediente, el de ser oído y el de una vía de recurso efectiva contra una decisión relativa al denunciado con arreglo a los procedimientos vigentes establecidos en la legislación nacional en el contexto de las investigaciones o los procesos judiciales subsiguientes.

La revisión periódica (al menos una vez cada dos años) de los procedimientos de las autoridades competentes debe garantizar que estos procedimientos sean adecuados y avanzados y, por lo tanto, sirvan para su cometido. Para ello, es importante que las autoridades competentes evalúen sus propias experiencias e intercambien experiencias y buenas prácticas con otras autoridades competentes.

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