edición: 2889 , Jueves, 23 enero 2020
16/12/2019

España, aún sin Gobierno pero el debate sobre las pensiones arrecia en una operación de ablandamiento

Las plataformas sociales de pensionistas se mueven al ralentí con expectativas en una posible coalición
Carlos Schwartz
El debate sobre el futuro de las pensiones, cuyo eje central es si son o no sostenibles desde el punto de vista de la financiación por parte de la Seguridad Social, arrecia en los medios de más audiencia, en particular en la televisión y no precisamente la pública. Los grupos de interés están calentando motores frente a un tema que es vital para el sector financiero español, tanto los bancos como las compañías de seguros. En medio de una rentabilidad decreciente por los bajos tipos de interés y en ausencia de un margen financiero la apuesta del sector es fuerte en materia de un régimen de pensiones privadas complementario. El hecho que la ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, haya redactado un plan de reformas económicas destinado a cumplir con la Comisión Europea (CE) en mayo pasado en el que se incluye en su página 31 una reforma de las pensiones que incorporaría los criterios de la denominada “mochila austriaca” mantiene al sector financiero esperanzado en que este objetivo se cumpla.
Para encajar un proyecto de este tipo se requiere una nueva transformación de las normas laborales, lo que implicaría derogar la mayor parte de las reformas anteriores, es decir la del PSOE con José Luis Rodríguez Zapatero y la del PP con Mariano Rajoy. Un paso que requeriría un compromiso de los agentes sociales involucrados. Esto supone que los grandes sindicatos como CCOO y UGT deberían prestar consentimiento. Algo que no se puede descartar por anticipado, porque ninguno de los dos ha sido tajante respecto del rechazo a una operación de este tipo. Ambos, por cierto, han dado su aprobación a reformas anteriores en materia del régimen de pensiones como la posibilidad de establecer planes de pensiones privados de empresa, en cuya gestión participan y de los que reciben ingresos en concepto de comisiones de gestión. El sector financiero confía en Calviño en este sentido, lo cual obligaría a hacer un retrato de la ministra que en el caso de que se materialice un Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, tiene reservado el cargo de vicepresidenta del gobierno para Asuntos Económicos y de Ministra de Economía. El sector financiero tiende a considerar a la ministra en funciones como un “apéndice de Bruselas en el gabinete”.

En esta lectura, la paz con la CE depende de su presencia en el Gobierno y de que el gasto público, y por consiguiente el déficit y su financiación, pase por su filtro. Algunas entidades financieras, más bien pocas, han tejido una relación directa con la Moncloa desde la moción de censura que encumbró a Pedro Sánchez a la presidencia. Esta aproximación ha sido en parte una operación destinada a romper el aislamiento de Sánchez del mundo empresarial y un mecanismo destinado a mantener un canal de comunicación abierto con la presidencia. Es este canal el que ha difundido la aceptación de un pacto para una coalición que requiere finalmente votos ajenos, entre ellos los de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), para materializarse. 

Esa aceptación viene blindada, en parte, por los compromisos no explícitos entre el gobierno en funciones y un sector del mundo empresarial que pasan en gran medida por el programa de reformas del gobierno presentado por la ministra Calviño a Bruselas, y un horizonte de renovables en el sector de la energía. Una operación de esta naturaleza en materia de pensiones va a poner el lazo en el cuello de Unidas Podemos, lo que ha llevado a su dirigente Pablo Iglesias a señalar en una carta a sus militantes en noviembre que habrá que tragar sapos. Dentro de la plataforma de pensionistas, Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE), se han manifestado algunos dirigentes en el sentido de dar una tregua a las negociaciones para una coalición del PSOE con UP, y en cualquier caso la Coordinadora como tal emitió un comunicado de apoyo a la formación de un “Gobierno de Progreso”. La cuestión es cómo van a reaccionar las plataformas sociales de pensionistas si al final el plato que se sirve en frío es el de la “mochila austriaca”. Teniendo en cuenta que, además, para acometer ese proyecto sería necesaria una nueva reforma laboral. Esta última pieza algunos sectores del PSOE están dispuestos a presentarla como una derogación de las anteriores reformas, como anzuelo a los sectores que mantienen este objetivo como reivindicación.

La evolución de esta cuestión va a marcar en cierta medida la estabilidad de una coalición como la que pretenden Sánchez e Iglesias. El primero aspira a que el acuerdo con UP les sirva de amortiguador frente a las plataformas sociales en las que el aliado tiene una posición firme, como COESPE, mientras que el segundo dice que tendrán que tragar sapos. Pero la realidad es que las plataformas sociales en el fondo no son de nadie, y el tener canales de comunicación con ellas, o la simpatía y en algunos casos la adhesión directa de algunos de los dirigentes, no es garantía de nada. Finalmente una Junta de Portavoces se puede revocar y nombrar una nueva.

Es por ello que en cierta medida los acontecimientos en Francia, huelga general incluida, donde lo que está en juego es una reforma de las pensiones, es seguida con el rabillo del ojo por los sindicatos españoles y desde luego algunas de las corrientes dentro de las plataformas de pensionistas. Es necesario tener en cuenta que una parte del movimiento de pensionistas en el País Vasco se ha unido a la convocatoria de huelga general para el 30 de enero hecho por el sindicato nacionalista ELA-STV y el más radical LAB. Tanto CCOO como UGT se han marginado del movimiento y algunos sectores dentro de la COESPE afirman que una parte del movimiento de pensionistas vasco quiere romper con la caja única de la Seguridad Social, y argumentan esto para no formar parte de esa convocatoria de huelga general. La movilización de pensionistas en el País vasco ha mostrado hasta ahora una masividad y unidad quizá superior al resto de España. La jornada del 30 de enero será un barómetro de lo que se puede esperar como respuesta en materia de reforma de las pensiones si lo que se acomete se lleva por delante las expectativas sociales.

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