edición: 2598 , Lunes, 19 noviembre 2018
08/11/2018
LA OREJA DE LARRAZ

España, por debajo de los países de su nivel económico en calidad de las instituciones y lucha contra la corrupción

Javier Ardalán
En el contexto de las economías avanzadas, España presenta un déficit de calidad institucional que se concentra en los aspectos de calidad regulatoria, respeto a la ley y los contratos y, sobre todo, control de la corrupción. Además, la dinámica de los últimos tiempos muestra una trayectoria ligeramente decreciente.
Así se deduce de los datos del Informe ‘Los costes económicos del déficit de calidad institucional y la corrupción en España’, publicado por la Fundación BBVA, que explican que en 2013 la Comisión Europea preguntó a casi 8.000 empresas de toda la Unión su parecer sobre este asunto en un barómetro especial, en cuya muestra aparecían más de 300 compañías españolas. 

El 93% de las empresas españolas encuestadas señalaron que el favoritismo y la corrupción eran un obstáculo para la competencia empresarial (una cifra solo superada por las empresas eslovenas, 94%) y el 90% dijo que existía corrupción en la contratación pública por parte de las autoridades regionales y locales (una cifra que baja solo al 83% cuando se refiere a la contratación que está en manos de autoridades nacionales).

A nivel del conjunto de los ciudadanos españoles, la desconfianza en el funcionamiento de las principales instituciones del sistema político ha alcanzado también un nivel preocupante. Esta desconfianza se une a la pérdida de capital social (la confianza y disposición a cooperar entre los miembros de una sociedad) que ha generado la crisis económica.

El indicador combinado de calidad institucional arroja en España un valor de 6,74 frente a un valor de 8,1 para la media Francia, Alemania y Gran Bretaña, de 6,2 para la media de países como Italia, Grecia y Portugal y de 7,7 para los Estados Unidos. Así pues, España aparece con un marco y un desempeño de las instituciones de gobernanza inferior al de los primeros países que constituyen la principal referencia, aunque superior al de los países mediterráneos.  Con respecto a los países mediterráneos, España aparece notablemente por encima de Italia y Grecia, aunque por debajo de Portugal

La calidad de las instituciones de gobernanza españolas se sitúa en un nivel muy elevado cuando tomamos como referencia el conjunto de todos los países del mundo. No obstante, la calidad institucional está en España por debajo de lo que le correspondería de acuerdo con el nivel de desarrollo alcanzado por su economía. Ambas realidades son piezas fundamentales para el desarrollo económico de los países, tanto más cuanto más avanzados son. Los costes económicos de la corrupción van mucho más allá del montante de los fondos públicos indebidamente apropiados ya que debilita elementos clave del funcionamiento de una economía. 

El entorno institucional de un país constituye la base sobre la que interactúan las empresas y los trabajadores de una economía e incluye elementos como la agilidad del sistema judicial, la calidad regulatoria, el vigor e independencia de los organismos de control del ejecutivo, la transparencia del sector público y la eficiencia administrativa.

La corrupción y la baja calidad institucional reducen los niveles de inversión porque disminuyen la rentabilidad de los proyectos empresariales e incrementan su incertidumbre, desvían recursos humanos y financieros hacia la búsqueda de rentas en lugar de dedicarlos a actividades productivas y desincentivan el emprendimiento y la innovación orientando los esfuerzos hacia la búsqueda de privilegios. La baja calidad de la gobernanza y la corrupción se traducen en menor productividad, mayor desempleo y salarios inferiores a los que serían posibles con mejor entorno institucional. 

Una parte de los problemas institucionales del país puede radicar en la despreocupación que los españoles han manifestado tradicionalmente por la política. De acuerdo con la ola 2010-2014 del World Values Survey y una muestra aleatoria de 1.189 individuos, un 77,5% de la población española manifestaba en esos años que la política era poco o nada importante en su vida. 

Los ciudadanos deberían ser conscientes de que la transparencia y la rendición de cuentas de los gobiernos, la independencia y agilidad de la justicia o la calidad regulatoria de las instituciones públicas no son artículos de lujo intelectual sino factores que, conjuntamente, resultan claves para mejorar a largo plazo el empleo y los ingresos de toda la población. Afortunadamente, esta actitud de despreocupación ha cambiado sustancialmente en los últimos años.  

El cálculo del efecto que tendría una mejora de la calidad institucional sobre el nivel de renta admite distintos escenarios y resultados. Ahora bien, todas las calibraciones realizadas dan lugar a un notable impacto potencial. Los niveles de empleo y renta de los españoles podrían obtener un notable impulso a largo plazo si se elevara la calidad institucional y de gobernanza del país. Planteando como modesto objetivo para el cálculo de esos beneficios, llevar la calidad institucional en España al nivel que le correspondería de 

De acuerdo con la productividad actual de su economía, se obtiene un incremento potencial a largo plazo del PIB per cápita de alrededor del 20% (del 10,7% bajo los supuestos más conservadores y del 30,4% bajo los supuestos más optimistas). 

Suponiendo que el impacto se produjera a lo largo de un período de unos 15 años, esto significaría una elevación del crecimiento medio anual de la economía durante ese período en torno a 1,2 puntos porcentuales. Con todo, la comparación de la calidad institucional y de gobernanza de los países y la cuantificación del impacto económico que tendría su mejora son tareas difíciles que están sujetas a márgenes de error no despreciables.

El reto de mejorar la calidad de las instituciones de gobernanza no es trivial puesto que incluye aspectos muy diversos que van más allá del control de la corrupción y que abarcan cuestiones como la fortaleza de los organismos de control, la calidad regulatoria, la eficiencia administrativa, la agilidad del sistema judicial, la transparencia del sector público y el buen desempeño del gobierno en la prestación de servicios públicos. En todo caso, y además de por razones éticas y políticas, la mejora de la calidad de la gobernanza debe constituir una pieza clave de la estrategia de desarrollo de la economía española a largo plazo.

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