edición: 3097 , Viernes, 27 noviembre 2020
21/10/2020

Estados Unidos demanda a Google por violar legislación antimonopólica en el mayor caso en dos décadas

Justicia presentó la acción judicial con la firma de 11 fiscales ante una corte federal en la capital
Carlos Schwartz
La acción contra Google, la filial de Alphabet, era esperada desde hace tiempo y la empresa tenía conocimiento de que se estaba sustanciando la iniciativa que apunta al núcleo del negocio del buscador. La demanda se centra en la política contraria a las normas de la competencia para preservar su posición dominante en buscadores de Internet y los sistemas de gestión de anuncios del buscador que tiene una presencia dominante en todo el mundo. La Comisión Europea (CE) también ha manifestado su preocupación por diversos aspectos de la política de Google a la que ha multado el año pasado en más de un asunto el año pasado. El caso fue presentado ante una corte federal en la capital, Washington, constituye el reto judicial más duro contra una empresa tecnológica en más de 20 años y puede tener vastas repercusiones sobre el conjunto del sector que se concentra en Silicon Valley. La empresa contó con la simpatía de usuarios de Internet y de la comunidad política estadounidense hasta que su expansión y creciente posición dominante en la última década atrajo el interés de las administraciones públicas con revelaciones sorprendentes respecto de su forma de actuar para asegurar que esa posición dominante no era menoscabada por ningún competidor.
La acción judicial sostiene que Google mantiene una posición de portero, o árbitro de acceso, para Internet a través de una red ilegal de acuerdos comerciales que implican la exclusión de los competidores en muchos ámbitos. Según el Gobierno Google utiliza miles de millones de dólares obtenidos con los ingresos publicitarios a través de su plataforma para pagar a los fabricantes de telefonía móvil, compañías que transportan la señal, y otros navegadores como Safari de Apple, para mantener a su navegador propietario vinculado a Google como página de búsqueda por defecto.

La consecuencia de esta política es que Google es el buscador predeterminado en millones de ordenadores personales en Estados Unidos y en el resto del mundo, lo que impide a los competidores siquiera penetrar en el sector de la búsqueda de información. La demanda también afirma que existen acuerdos por los cuales Google está pre cargado en los sistemas operativos de los terminales inteligentes Android y que no puede ser borrado de estos. De acuerdo con el Gobierno Google impide de forma ilegal que los buscadores competidores sean pre cargados en terminales telefónicos mediante acuerdos para compartir ingresos con los fabricantes de los terminales. 

Google es propietaria o controla el 80% de las preguntas a los buscadores en Estados Unidos. Esto implica que los competidores no pueden obtener un número mínimo de preguntas para efectuar búsquedas que les permita alcanzar una escala que les permita competir, dejando a los consumidores con menos posibilidad de elección a la hora de la búsqueda y con menor desarrollo de la innovación tecnológica y a los anunciantes con precios menos competitivos. Google respondió a través de una portavoz afirmando que la demanda del Gobierno tenía serias deficiencias, la “gente usa Google por elección propia, y no porque se los fuerce o por que no puedan encontrar alternativas”. La empresa dijo que daría una respuesta más amplia a lo largo del día. Las acciones de Alphabet abrieron la sesión con un aumento del 1% antes de la apertura del mercado más amplio pero cuando ya se sabía que la demanda estaba por presentarse. 

La empresa con sede en Mountain View, California, está sentada sobre una tesorería de 120.000 millones de dólares en metálico no va a retroceder ante un pleito de la Administración, afirman los analistas. La empresa siempre ha argumentado que hace frente a una severa competencia en todas sus áreas de actividad y que sus productos y plataformas ayudan a las pequeñas y grandes empresas llegar hasta sus nuevos clientes. La defensa de Google ante sus críticos de todo tipo ha sido siempre que brinda sus servicios sin coste o con un coste muy bajo a los consumidores socavando el argumento tradicional sobre los asuntos de competencia que atribuyen a los usuarios un perjuicio por los precios aplicados en condiciones monopólicas por las empresas en posiciones dominantes de mercado. El Departamento de Justicia ha desarrollado una investigación de más de un año antes de presentar la demanda.

La investigación se ha hecho en el contexto de una preocupación más amplia respecto de un puñado de empresas que desempeñan un papel desproporcionado en la economía estadounidense y la vida diaria de los ciudadanos. Si Google pierde el caso se verá obligado a implementar la forma en que desarrolla su negocio por orden judicial lo que abrirá una brecha para que la competencia se pueda introducir en el mundo de los buscadores en el que Google tiene un monopolio de hecho.

La demanda no incluye posibles acciones para rectificar la situación en el mercado, aunque normalmente estas medidas para remediar la situación se suelen dar a lo largo del proceso judicial. Un funcionario del Departamento de Justicia dijo que ninguna medida se ha descartado de antemano, lo cual puede incluir modificaciones estructurales a cómo se desarrolla el negocio por parte de Google como filial de Alphabet. Pero, por el otro lado, un triunfo de Google puede ser una derrota inapelable para el Gobierno en su intento de poner orden en las posiciones de dominio de mercado de un grupo de empresas tecnológicas que bloquean de hecho el desarrollo de la competencia en el sector a escala internacional con especial incidencia en Europa. Pero un revés del Gobierno puede desatar una respuesta del parlamento con nuevas medidas acordadas en el Congreso lo que sí afectaría de forma determinante al desarrollo del negocio en el futuro.

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