edición: 2574 , Lunes, 15 octubre 2018
05/02/2009
Observatorio Jurídico

Estafa. Interpretación restrictiva de la doctrina de la autoprotección de la víctima

Datadiar

Una absoluta falta de perspicacia, una estúpida credulidad o una extraordinaria indolencia para enterarse de las cosas, puede llegar a ser causa de que la defraudación, más que un producto de engaño, deba considerarse tanto efecto de censurable abandono, como falta de la debida diligencia. Eso sí, la ponderación del grado de credulidad de la víctima no puede hacerse nunca conforme a reglas generales estereotipadas. De hacerlo así se corre el riesgo de desproteger a quien por razón de sus circunstancias personales es más vulnerable y precisa de mayor tutela, pues la metodología del fraude admite estrategias bien distintas, con un grado de sofisticación variado.

Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo núm. 284/2008, de 26 de mayo.

El engaño constitutivo de estafa debe ser “bastante”, es decir, de suficiente entidad objetiva para confundir al sujeto pasivo, si bien que no deben descartarse las circunstancias subjetivas para valorar la suficiencia del engaño.

Se excluye este elemento típico en los casos de falta de autoprotección o descuido de la diligencia exigible al sujeto pasivo, cuando tuvo éste a su alcance verificar la realidad de los hechos determinantes de la conducta engañosa (v. gr. acudiendo al Registro de la Propiedad para comprobar la inexistencia de cargas o gravámenes de la cosa vendida, o la misma titularidad de la finca que se transmite etc.

El elemento sustancial del error hace que este delito sea de los denominados “de relación” en que deben concurrir el sujeto que engaña y el engañado, sin que la posición de este último pueda ser ocupada por las máquinas o cosas inertes que carecen de voluntad y, por ello, no son susceptibles de engaño (v. gr. máquinas dispensadoras de cosas o servicios).

EN STS de 5 de diciembre de 2003 (Ponente Saavedra Ruiz) se declara que en el negocio bancario de descuento mercantil no se produce un desplazamiento de riesgo en contra de la entidad bancaria.

Destacaremos aquí la STS de 12 de febrero de 2004 (Ponente Soriano Soriano) que, con claridad, resume los parámetros que ha ido perfilando la jurisprudencia a la hora de valorar la suficiencia del engaño:

"Sobre este extremo resulta oportuno recordar lo afirmado por esta Sala, entre otras, en la Sentencia nº 298 de 14 de marzo de 2003, que "la concurrencia del engaño, elemento nuclear de la estafa, sólo será bastante si tiene idoneidad o entidad suficiente para provocar error en una persona que haya cumplido con unos deberes mínimos de diligencia". Esta misma Sala ha puntualizado sobre el particular que "todo tráfico mercantil esta inspirado simultáneamente por la pauta de la confianza y de la desconfianza, y de acuerdo con tal idea no existirá engaño bastante cuando el sujeto pasivo no haya actuado con arreglo a la pauta de la desconfianza a que estaba obligado" (S. 29-octubre-1998).

En la misma sentencia referida de 14-3-2003 (caso Urbanor) se analizan la magnitud y condiciones del engaño para inducir a error, partiendo de unos principios doctrinales sostenidos por esta Sala, que se resumen del siguiente modo:

a) La valoración de la eficacia causal del engaño debe realizarse caso por caso, calibrando las cicunstancias y condiciones concretas de las personas intervinientes, engañador y engañado, y los usos mercantiles aplicables (S.T.S. de 22-diciembre-2000). Débese, por tanto, desterrar cualquier conceptuación generalizadora, acudiendo a cada una de las situaciones concretas que la variopinta realidad nos ofrezca.

b) Procede excluir, a su vez, la relevancia típica del engaño objetivamente inidóneo cuando la representación errónea de la realidad captada por el sujeto pasivo deriva de un comportamiento suyo imprudente, no inducido por artimañas o ardides del sujeto activo. En tal supuesto el error de aquél no es imputable objetivamente al engaño de éste, ni por ello las circunstancias subjetivas de la víctima en este caso convierten en idóneo un engaño que objetivamente no lo es (S.T.S. 1873, de 4 de diciembre de 2000).
 
c) Como enseña la Sentencia 1343 de 5 de julio de 2001 "es perceptible una evolución de la doctrina desde una posición objetivista, en la cual el engaño bastante sería el capaz de inducir a error a una persona medianamente perspicaz, frente a otra predominantemente subjetivista que pone el acento en la posibilidad e incluso en la obligación en que se encuentra el sujeto pasivo de reaccionar diligentemente frente a la mendacidad del activo".

d) Finalmente, para conmensurar la eficacia del engaño hemos de partir de una regla, que sólo excepcionalmente puede quebrar. Esta regla podemos enunciarla del siguiente modo: "el engaño ha de entenderse bastante cuando haya producido sus efectos defraudadores". Sería difícil considerar que el engaño no es bastante cuando ha sido efectivo y se ha consumado la estafa".

ANTECEDENTES DEL CASO QUE ANALIZAMOS

Baltasar, quien se dedicaba a la instalación de aparatos electrónicos en embarcaciones, primero como autónomo, y después por cuenta de la Marine Service, S.L. y teniendo una relación comercial dilatada en el tiempo con determinados clientes de la localidad de San Vicente de la Barquera, debido a problemas de solvencia económica que estaba atravesando en el año 2003, decidió girar diversas letras de cambio, sin estar debidamente aceptadas para ser descontadas en las entidades bancarias donde los clientes tenían sus depósitos económicos y solían cargar los efectos de pago debidamente librados.

En los meses de Julio a Septiembre de 2003, el acusado descontó en la cantidad Caja Cantabria tres letras de cambio, por importe de 5.957 euros en total, a cargo de la cuenta que Juan Pablo tenía en dicha entidad, sin que éste les hubiere aceptado, ordenando su pago, o tuviera deuda pendiente alguna con el acusado.

De igual modo, y por los mismos motivos de lograr un enriquecimiento ilícito, el acusado giró en agosto de 2003 otra letra contra la cuenta corriente que Marcos tiene en Banco de Santander, por importe 941 euros que fue indebidamente abonada a aquel, sin estar debidamente aceptada, ni obedecer a una deuda real, existente y lícita.

El acusado lograba descontar los efectos a las entidades bancarias por la continuada relación comercial que mantenía con los perjudicados quienes no podían advertir al Banco de la maniobra defraudativa, al estar ausentes en sus domicilios en aquellas fechas haciendo la costera del bonito, propia del trabajo que habitualmente realizan y que conocía el acusado; sin que pudieran oponerse a su pago en tiempo y forma.

Por los anteriores hechos la Audiencia Provincial de Cantabria (Sección 3), con fecha 4 de abril de 2007, dictó sentencia condenando al acusado como autor de un delito de estafa. Contra la sentencia de instancia recurre en casación el condenado, desestimando el Tribunal Supremo todos los motivos alegados en la sentencia que estudiamos.

RAZONAMIENTO JURÍDICO

La doctrina de esta Sala (Sentencia 17 de noviembre de 1999 y Sentencia de 26 de junio de 2000, núm. 634/2000 , entre otras) considera como engaño "bastante" a los efectos de estimar concurrente el elemento esencial de la estafa, aquél que es suficiente y proporcional para la efectiva consumación del fin propuesto, debiendo tener la suficiente entidad para que en la convivencia social actué como estímulo eficaz del traspaso patrimonial, valorándose dicha idoneidad tanto atendiendo a módulos objetivos como en función de las condiciones personales del sujeto engañado y de las demás circunstancias concurrentes en el caso concreto. La maniobra defraudatoria ha de revestir apariencia de realidad y seriedad suficiente para engañar a personas de mediana perspicacia y diligencia, complementándose la idoneidad abstracta con la suficiencia en el específico supuesto contemplado.

Es entendible (STS 1024/2007, 30 de noviembre) que la jurisprudencia de la Sala Segunda, en aquellos casos en los que la propia indolencia y un sentido de la credulidad no merecedor de tutela penal hayan estado en el origen del acto dispositivo, niegue el juicio de tipicidad que define el delito de estafa. La STS 928/2005, 11 de julio recuerda que la Sala, en diversas sentencias, ha delimitado la nota del engaño bastante que aparece como elemento normativo del tipo de estafa tratando de reconducir la capacidad de idoneidad del engaño desenvuelto por el agente y causante del error en la víctima que realiza el acto de disposición patrimonial en adecuado nexo de causalidad y en su propio perjuicio a la exigencia de su adecuación en cada caso concreto y en ese juicio de idoneidad tiene indudablemente importancia el juego que pueda tener el principio de autorresponsabilidad, como delimitador de la idoneidad típica del engaño. Como afirma un autor clásico de la doctrina penal española «Una absoluta falta de perspicacia, una estúpida credulidad o una extraordinaria indolencia para enterarse de las cosas, puede llegar a ser causa de que la defraudación, más que un producto de engaño, deba considerarse tanto efecto de censurable abandono, como falta de la debida diligencia», y en el mismo sentido la STS de 21 de septiembre de 1988 afirma que el derecho penal no debería constituirse en un instrumento de protección patrimonial de aquéllos que no se protegen a sí mismos. Más recientemente no faltan pronunciamientos de la Sala en este mismo sentido y así la STS 161/2002 de 4 de febrero, con cita de otras sentencias -SSTS 1285/98 de 29 de octubre, 529/2000 de 27 de marzo, 738/2000 de 6 de noviembre, 2006/2000 de 22 de diciembre, 1686/2001 de 24 de septiembre - tiene declarado que «no puede acogerse a la protección penal que invoca quien en las relaciones del tráfico jurídico económico no guarde la diligencia que le era exigida en atención al puesto que ocupaba en el contexto en el que se produce el engaño». En el mismo sentido SSTS 880/2002 de 14 de mayo y 449/2004 de 2 de abril .

En tales supuestos, la ponderación del grado de credulidad de la víctima no puede hacerse nunca conforme a reglas generales estereotipadas. De hacerlo así se corre el riesgo de desproteger a quien por razón de sus circunstancias personales es más vulnerable y precisa de mayor tutela, pues la metodología del fraude admite estrategias bien distintas, con un grado de sofisticación variado.

En el presente caso, sin embargo, la argumentación del recurrente acerca de una falta de autotutela por parte de Juan Pablo y Marcos, incurre en un llamativo desenfoque en la identificación de los elementos del delito de estafa. La estrategia defraudatoria puesta en marcha por el acusado tuvo como destinatarios, no a aquellas dos personas a cuyo cargo se giraron las letras, sino a los empleados del banco que, confiados en la integridad de los títulos valores y en la existencia de relaciones comerciales previas entre denunciantes y denunciado, aprobaron el descuento de las cambiales. El recurrente confunde a los engañados con los perjudicados. De ahí que cualquier reproche formulado a quienes deberían haber asumido el mandato de pago incorporado al título valor, carece de validez. Cuando aquéllos se percatan de que con cargo a su patrimonio se habían girado varias letras de cambio que no respondían a ningún negocio causal que justificara su puesta en circulación, el delito de estafa había sido ya cometido.

PRECEDENTES JURISPRUDENCIALES SOBRE LA AUTOPOTECCIÓN AUTORRESPONSABILIDAD DE LA VÍCTIMA

Con frecuencia el Tribunal Supremo ha hecho aplicación de dicha doctrina sobre autoprotección o autoresponsabilidad de las víctimas, declarando que carece de idoneidad el engaño – y por tanto se desvanece este esencial elemento normativo del tipo-, cuando en función de parámetros objetivos y subjetivos pudo el sujeto pasivo cerciorarse de la realidad de la situación desfigurada por el sujeto activo, (vgr. acudiendo al Registro de la Propiedad para verificar si el crédito hipotecario se hallaba inscrito –STS 5 de mayo de 1998-; o bien si la finca estaba libre de cargas –STS 19 de julio 1983 y 13 de noviembre de 1990-; si el piso ofrecido en venta existía realmente y la titularidad correspondía a quien se presentaba como propietario STS 27 de noviembre de 2003, etc.). Exigiendo mayor diligencia incluso cuando se trata de profesionales de la actividad en cuyo ámbito se situaba el fraude (vgr. empleados de entidades bancarias en cuanto a la comprobación de la seriedad de los libramientos de letras presentadas al descuento, solvencia del presentante y buen fin de cheques ingresados en cuenta STS 22 de diciembre de 2000).

La anterior doctrina, en algunos casos aplicada con extrema rigurosidad, había dado lugar a la creencia bastante extendida de que se había producido en la práctica una especie de desplazamiento del riesgo e inversión de las condiciones en que se desenvuelven las relaciones sociales y jurídicas, de las que el engaño representa una situación anormal, y sobre todo en el tráfico mercantil basado en la confianza, la seriedad y la buena fé de la contratación, en que no es exigible a las partes contratantes desplegar una actitud de prevención o inicial desconfianza respecto de la intenciones de los demás implicados en las relaciones negociales.

Destacaremos aquí, entre otras muchas, dos Sentencias, las SSTS de 2 de abril de 2004 y  26 de abril de 2004, que cuentan con precedentes en igual sentido (STS 5 de diciembre de 2003; 22 de diciembre de 2003; 5 de mayo de 2003 y 23 de octubre de 2002), y que son exponente de las matizaciones introducidas en aquella doctrina al destacar que la idoneidad del engaño debe superar el doble control objetivo, radicado en la suficiente entidad desde la perspectiva de lo que socialmente debe considerarse usual u ordinario, y el subjetivo referido a las circunstancias personales de todo tipo que concurran en el engañado (edad, cultura, profesión, entorno social etc.), a fin de determinar que en cada caso el error provocado en éste ha sido causalmente producido por la maquinación fraudulenta del sujeto activo. En consecuencia, la doctrina denominada de la “autoprotección” debe aplicarse restrictivamente porque la tutela penal debe amparar a la generalidad de las personas y no solo los especialmente prevenidos o desconfiados. El desplazamiento del riesgo debería limitarse a los episodios especialmente burdos, cuya inveracidad es fácilmente comprobable.

La primera de las Sentencias que hemos anticipado, la STS de 2 de abril de 2004 (Ponente Giménez García) considera bastante el engaño consistente en el otorgamiento de escritura pública de venta y la utilización de poderes en vigor, seguido del pago efectuado mediante entrega de pagarés emitidos por una entidad,  de cuya solvencia no tenía por qué dudar los vendedores quienes, lejos de incrementar el riesgo de error desde su condición de empresarios, atravesaban una situación personal angustiosa derivada de la enfermedad que padecía uno de los cónyuges.

Por su parte, la STS de 26 de abril de 2004 (Ponente Colmenero Menéndez de Luarca) viene a destacar que cuando la entidad del engaño se considere adecuada a lo que socialmente es suficiente para provocar error, se excluye el deber de autoprotección. En el caso de autos, los dos acusados, actuando de acuerdo y empleando el mismo modo de operar, repitieron en cuatro ocasiones la conducta consistente en presentarse en un establecimiento de venta de automóviles, interesándose en cada caso por la adquisición de un vehículo que dejaban apalabrado en cuanto al precio, que siempre sería objeto de financiación. Anunciaban que al cabo de unos días se pasaría determinada persona que era el verdadero comprador, con la documentación y datos requeridos para la transferencia y operación financiera. En efecto, la persona indicada comparecía con documentación falsificada referida al DNI que se exhibía y dejaba copia, declaración de Renta del último año y nómina de la empresa para la que supuestamente trabajaba el adquirente, consiguiendo que en los tres primeros casos la operación se cerrase según lo previsto por los acusados y el tercer individuo que obraba de acuerdo con ellos, asimismo acusado. Así fue que se hicieron con tres vehículos valorándose respectivamente en 2,8 millones de ptas., 1,5 millones y 3 millones, si bien que el cuarto intento resultó fallido porque el empleado del concesionario dijo conocer al titular del DNI aportado, cuyo nombre no coincidía con la fotografía que estaba adherida a dicho documento, por lo que se avisó a la Policía procediéndose a la detención de los tres implicados. Se pone así de manifiesto lo sofisticado del engaño en sí mismo y su aptitud para provocar error en tres establecimientos distintos atendidos por profesionales de la venta de vehículo:

"En relación con estas exigencias hemos dicho en alguna ocasión que alguna clase de precauciones pueden ser exigibles en la víctima, en función del caso concreto, para evitar el engaño. Así como determinadas conductas que faltan en parte a la verdad en la presentación de una operación mercantil pueden ser valoradas como adecuadas socialmente, también puede considerarse de la misma forma la observancia de una mínima diliencia orientada a la protección frente a posibles engaños. Sin embargo, la exigencia de una cierta diligencia en la puesta en marcha de los deberes de autoprotección no puede llevarse hasta el extremo de significar la imposibilidad real y efectiva de la estafa, toda vez que su eficacia la excluiría en todo caso, ni tampoco puede conducir a instaurar en la sociedad un principio de desconfianza permanente que obligue a comprobar exhaustivamente toda afirmación de la contraparte negocial. La diligencia exigible será la propia del ámbito en que se desarrollen los hechos según los usos habituales en el mismo, de forma que la omisión de aquélla pudiera considerarse una conducta excepcional, por su negligencia evidente. De otro lado, las circunstancias del caso concreto pueden conducir a considerar adecuada al uso social, al que antes se hizo referencia, la debilitación de ese deber de autoprotección, precisamente porque los mecanismos utilizados por el autor del hecho inciden directamente sobre ella. Podemos afirmar en definitiva que el engaño será bastante si ha sido capaz de provocar un error en el sujeto pasivo que éste no debiera haber evitado mediante una conducta diligente, exigible socialmente en el marco del hecho concreto ejecutado (STS n° 956/2003, de 26 de junio).

En el caso actual la conducta consistió en una preparación de la relación negocial mediante entrevistas personales de los acusados con los vendedores, que se limitaron a exigir las fotocopias de la documentación necesaria para la tramitación de la adquisición y de la financiación, que fue aportada por aquellos. No puede dejar de valorarse en este sentido, para aceptar dentro del marco de la normalidad la actuación de los vendedores, que la misma forma de operar fue aceptada en tres establecimientos distintos, descubriéndose en el último caso exclusivamente como consecuencia de ser cliente conocido quien figuraba como adquirente del vehículo, lo que permitió comprobar que no era correcta la fotografia que aparecía en la documentación que se aportaba.

Por lo tanto, solo una especial diligencia, no exigible en el marco de la clase y de las características de la operación que se realizaba, podría haber dado lugar al descubrimiento del engaño frustrando así la estafa. Ello permite considerar bastante la maquinación engañosa llevada a cabo por los acusados".

En STS de 2 de noviembre de 2004 (y, paralelamente, en STS 7 de julio de 2005 (ambas del mismo Ponente, Sr. Berdugo Gómez de la Torre) encontramos el siguiente pronunciamiento:

“Singularmente, en el delito de estafa, no basta para realizar el tipo objetivo con la concurrencia de un engaño que causalmente produzca un perjuicio patrimonial al titular del patrimonio perjudicado, sino que es necesario todavía, en una plano normativo y no meramente ontológico, que el perjuicio patrimonial sea imputable objetivamente a la acción engañosa, de acuerdo con el fin de protección de la norma, requiriéndose, a tal efecto, en el art. 248 CP. que ello tenga lugar mediante un engaño "bastante". Por tanto, el contexto teórico adecuado para resolver los problemas a que da lugar esta exigencia típica es el de la imputación objetiva del resultado.

Como es sabido, la teoría de la imputación objetiva parte de la idea de que la mera verificación de la causalidad natural no es suficiente para la atribución del resultado, en cuanto, comprobada la causalidad natural, se requiere además verificar que la acción ha creado un peligro jurídicamente desaprobado para la producción del resultado, que el resultado producido es la realización del mismo peligro creado por la acción y en cualquier caso, que se trate de uno de los resultados que quiere evitar la norma penal.

En consecuencia, el primer nivel de la imputación objetiva es la creación de un riesgo típicamente relevante. El comportamiento ha de ser, pues, peligroso, esto es, crear un determinado grado de probabilidad de lesión o puesta en peligro del bien jurídico protegido. El juicio de probabilidad (prognosis posterior objetiva) requiere incluir las circunstancias conocidas o reconocibles que un hombre prudente en el momento de la acción más todas las circunstancias conocidas o reconocibles por el autor sobre la base de sus conocimientos excepcionales o al azar.

Por ello modernamente se tiende a admitir la utilización de cierto contenido de "subjetividad" en la valoración objetiva del comportamiento con la idea de que no es posible extraer el significado objetivo del comportamiento sin conocer la representación de quien actúa. En el tipo de la estafa esos conocimientos del autor tienen un papel fundamental, así si el sujeto activo conoce la debilidad de la víctima y su escaso nivel de instrucción, engaños que en términos de normalidad social aparecen como objetivamente inidóneos, sin embargo, en atención a la situación del caso particular, aprovechada por el autor, el tipo de la estafa no puede ser excluido. Cuando el autor busca de propósito la debilidad de la víctima y su credibilidad por encima de la media, en su caso, es insuficiente el criterio de la inadecuación del engaño según su juicio de prognosis basado en la normalidad del suceder social, pues el juicio de adecuación depende de los conocimientos especiales del autor. Por ello ha terminado por imponerse lo que se ha llamado modulo objetivo-subjetivo que en realidad es preponderantemente subjeto.

Ahora bien, destaca la doctrina, que el riesgo creado no debe ser un riesgo permitido. En la medida en que el engaño se contenga dentro de los limites del riesgo permitido es indiferente que la víctima resulte en el supuesto particular engañada por su excesiva credibilidad aunque ello sea conocido por el autor. La adecuación social del engaño excluye ya la necesidad de valoraciones ulteriores sobre la evitabilidad o inevitabilidad del error. En consecuencia, el juicio de idoneidad del engaño en orden a la producción del error e imputación a la disposición patrimonial perjudicial comienza a partir de la constatación de que el engaño no es de los socialmente adecuados o permitidos.

Como último estadio de la imputación objetiva adquiere especial relevancia en el tipo de la estafa el alcance de la protección de la norma, que constituye un criterio fundamental para delimitar el ámbito típico de la estafa y llevar s sus justos términos el principio de la función de protección subsidiaria que corresponde al Derecho penal.

En este contexto adquiere su verdadero significado la cuestión de la lesión por la víctima de sus deberes de autoprotección a la que se refiere la sentencia de esta Sala de 29.10.98, para negar la adecuación de la conducta al tipo objetivo de la estafa
(…) La cuestión de cuando es exigible un comportamiento tendente a la evitación del error depende de cada caso, de acuerdo con las pautas sociales en la situación concreta y en función de las relaciones entre el sujeto activo y el perjudicado.

Se trata de un problema de distribución de riesgos y fundamentación de posiciones de garante, por ejemplo, una estrecha relación mercantil basada en la confianza puede fundamentar el deber de garante en el vendedor que tiene la obligación de evitar la lesión patrimonial de la otra parte.

Con todo existe un margen en que le está permitido a la víctima un relajamiento de sus deberes de protección, de lo contrario se impondría el principio general de desconfianza en el trafico jurídico que no se acomoda con la agilidad del sistema de intercambio de bienes y servicios de la actual realidad socio-economica. El ámbito del riesgo permitido dependerá de lo que sea adecuado en el sector en el que opere, y entre otras circunstancias, de la importancia de las prestaciones que se obliga cada parte, las relaciones que concurran entre las partes contratadas, las circunstancias personales del sujeto pasivo y la capacidad para autoprotegerse y la facilidad del recurso a las medidas de autoprotección.

En suma, cuando se infringen los deberes de autotutela, la lesión patrimonial no es imputable objetivamente a la acción del autor, por mucho que el engaño pueda ser causal -en el sentido de la teoría de la equivalencia de condiciones- respecto del perjuicio patrimonial. De acuerdo con el criterio del fin de protección de la norma no constituye fin del tipo de la estafa evitar las lesiones patrimoniales fácilmente evitables por el titular del patrimonio que con una mínima diligencia hubiera evitado el menoscabo, pues el tipo penal cumple solo una función subsidiaria de protección y un medio menos gravoso que el recurso a la pena es, sin duda, la autotutela del titular del bien. Se imponen, pues, necesarias restricciones teleológicas en la interpretación de los tipos penales, de modo que la conducta del autor queda fuera del alcance del tipo cuando la evitación de la lesión del bien jurídico se encontraba en su propio ámbito de competencia. En conclusión esta doctrina afirma que solo es bastante el engaño cuando es capaz de vencer los mecanismos de autoprotección que son exigibles a la víctima. Si la utilización de los mecanismos de autoprotección que son exigibles al sujeto pasivo son suficientes para vencer el engaño, éste es insuficiente -no bastante-producir el perjuicio patrimonial en el sentido del tipo de la estafa”.

En STS 28 de julio de 2005  (Ponente Bacigalupo Zapater) se aprecia que no hubo engaño bastante: los empleados del Banco en cuestión omitieron cualquier comprobación de seguridad para verificar la corrección de la solicitud de la operación de crédito. Este se otorgó a favor de persona que no era cliente del Banco, cuya nómina no se comprobó, el dinero se ingresó en cuenta que ni siquiera correspondía al peticionario del préstamo, y no descubrieron que en realidad estaban contratando con persona incapaz.

Tanto la interpretación del antiguo art. 528 CP, como la del vigente art. 248 que, en realidad, acogió en una redacción moderna la doctrina elaborada respecto del primero, ha venido sosteniendo  que los distintos elementos del tipo objetivo del delito de estafa deben estar ligados entre sí por una  relación de causalidad. La opinión mayoritaria ha entendido que esta relación de causalidad se  debe fijar de acuerdo con los criterios de la conditio sine qua non, mientras la opinión minoritaria ha  estimado que es suficiente con determinar la causalidad en la forma que postula la teoría de la  causalidad adecuada. Este último punto de vista tiene por consecuencia la exclusión del ámbito de  protección de la estafa de los errores que son más consecuencia de la credulidad poco responsable  del sujeto pasivo o de su incuria respecto de la marcha de los propios asuntos patrimoniales.  Nuestra jurisprudencia se ha inclinado por este último punto de vista, particularmente, sin embargo,  en aquellos supuestos en los que el sujeto pasivo dispone de posibilidades especiales de  autoprotección como, por ejemplo, en el caso de los bancos (confr. SSTS de 22.2.1991; 5. 5.1998; 29.10.1998; 22.6.1999;  27.11.2000; 12.12.2000; 20.12.2000; 22.12.2000; 11.7.2005). En tales  casos la relación de causalidad entre el engaño y el error se ha considerado desde la perspectiva  de la teoría de la causalidad adecuada y no simplemente de la teoría de la equivalencia de las  condiciones (conditio sine qua non).

Equipo Jurídico Datadiar.com

JURISPRUDENCIA

Ley 5/2008, de 24 de abril, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista. (BOE núm. 131 de 30 de mayo de 2008).
I. Las mujeres han sido esenciales en la construcción y defensa de los derechos y las libertades a lo largo de la historia. A pesar de ello, gran parte de nuestras sociedades no ha reconocido el papel histórico de las mujeres y no ha garantizado sus derechos.
La ley del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista parte de la premisa que los derechos de las mujeres son derechos humanos. La violencia machista es una grave vulneración de estos derechos y un impedimento para que las mujeres puedan lograr la plena ciudadanía, la autonomía y la libertad.

Orden EHA/114/2008, de 29 de enero, reguladora del cumplimiento de determinadas obligaciones de los notarios en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales (B.O.E. núm. 27 de 31 de enero de 2008).
La condición de fedatarios públicos que ostentan los notarios determina su constante participación en operaciones económicas y financieras y el riesgo, también, de que pueda utilizarse su actividad dentro de los cada vez más complejos procesos de blanqueo de capitales. Asimismo, los notarios, en su consideración de funcionarios públicos, están sujetos a un deber de colaboración con la Administración General del Estado cuyo cumplimiento está resultando ser de gran eficacia en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales.

LEGISLACIÓN

Penal

Delito de coacciones. Delito de descubrimiento y revelación de secretos. Responsabilidad civil. Daños morales. Delito de descubrimiento y revelación de secretos. Autor. Abogados. TRIBUNAL SUPREMO (Sala 2ª). Sentencia de fecha: 27 de mayo de 2008.
Secreto, relativo a determinadas infidelidades, que es conocido por un particular ilegalmente y entregado a sus abogados para coaccionar a su hermana a renunciar a la legítima. Incongruencia omisiva: alega el recurrente que la sentencia recurrida no se ha pronunciado sobre la agravante del artículo 22.3 del Código Penal en la que se aumenta la pena por haber ejecutado el hecho mediante precio, recompensa o promesa. Se desestima: la agravante invocada no resulta de aplicación a los abogados, pues nos encontramos ante una actuación profesional que por su propia naturaleza debe ser retribuida. Responsabilidad civil. Daños morales: recurrente que presentaba un síndrome ansioso depresivo. Delito de descubrimiento y revelación de secretos: el artículo 197.5º CP. no abarca la investigación ilícita de infidelidades o relaciones sexuales de cualquier índole, sino solamente aquellas que se refieran a la orientación sexual de la víctima. Autor. Abogados: acusados que tienen conocimiento de la información por su condición de profesionales y la utilizan para chantajear a una persona.

Mercantil

No puede oponer la asegurada la necesidad del litigio para esclarecer la causa del hecho determinante de la responsabilidad objeto de aseguramiento.  TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha 28 de mayo de 2008.
En el presente caso, la aseguradora recurrente no abonó la suma indemnizatoria amparándose en la incertidumbre existente acerca de las causas del siniestro, y, subsiguientemente, sobre la responsabilidad de su asegurado. Y es cierto que ninguno de los diversos informes que fueron emitidos con ocasión del siniestro fueron capaces de señalar con precisión cuál fue la causa material del origen del incendio. Pero también es cierto que quedó claro desde el primer momento que el fuego se originó en la vivienda del demandado asegurado, y que desde ella se propagó al resto de los elementos del inmueble, de manera que desde un principio era fácilmente representable la causa jurídica del siniestro, mediante la imputación objetiva del resultado dañoso a partir de ese incontestable hecho, y de la evidencia de una falta de cuidado o de diligencia del asegurado, que igualmente cabía inferir razonablemente del mismo, conforme a los criterios jurisprudenciales que han quedado expuestos en el precedente Fundamento de Derecho.

El derecho a la indemnización nace con el siniestro, y la sentencia que finalmente fija el «quantum» tiene naturaleza declarativo, no constitutiva. TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 30 de mayo de 2008.
El derecho a la indemnización nace con el siniestro, y la sentencia que finalmente fija el "quantum" tiene naturaleza declarativo, no constitutiva, es decir, no crea un derecho ex novo sino que se limita a determinar la cuantía de la indemnización por el derecho que asiste al asegurado desde que se produce el siniestro cuyo riesgo es objeto de cobertura. No se trata, en definitiva, de la respuesta a un incumplimiento de la obligación cuantificada o liquidada en la sentencia, sino de una obligación de la aseguradora que es previa a la decisión jurisdiccional, cuyo crédito debía haberse reconocido al acreedor.

Civil

Opción de compra de bien inmueble realizado sin el consentimiento de la esposa. Tribunal Supremo. Sentencia de fecha: 23 de julio de 2008
Los cónyuges deben elevar a escritura pública la venta por estar correctamente ejercitado el derecho de opción de compra. Así las cosas, un futuro pleito sobre la falta de consentimiento en el contrato de opción de compra opuesta por la mujer frente al marido y a la optante podría dar lugar a una sentencia contradictoria con el actual pleito que sí ha reconocido, sin entrar a conocer del consentimiento de la mujer al contrato por defectos procesales, la existencia del derecho de opción de compra.

Unión de hecho. Consecuencias económicas de su disolución. Reclamación de la conviviente con base en la existencia de una sociedad de pérdidas y ganancias. Tribunal Supremo. Sentencia de fecha: 8 de mayo de 2008
En cuanto a los efectos de la ruptura de la convivencia "more uxorio", el tribunal sentenciador se atuvo a la doctrina jurisprudencial que, con fundamento en el principio general de la protección del conviviente perjudicado por el cese de la relación, atribuye a éste el uso de la vivienda familar por un periodo concreto de tiempo.
 
Laboral

Indemnización derivada de accidente de trabajo. Responsabilidad empresarial. Falta de contradicción entre las decisiones sometidas a contraste. TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 18 de julio de 2008.
El art. 217 LPL exige –para la viabilidad del RCUD– -que exista contradicción entre la resolución judicial que se impugna y otra decisión judicial, lo que se verifica por el contraste entre la parte dispositiva de las sentencias que contienen pronunciamientos diversos respecto de hechos y pretensiones sustancialmente iguales, no por la diferente fundamentación jurídica de las resoluciones sometidas a comparación, de forma que es la existencia de fallos contradictorios [«se hubiere llegado a pronunciamiento distintos», sostiene el art. 217 LPL] y no la diversidad de ratio decidendi, el presupuesto del recurso extraordinario de casación para la unidad de la doctrina.

Fomento de empleo por la contratación indefinida de un trabajador minusválido. TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 26 de mayo de 2008
El cese del trabajador en el puesto de trabajo es voluntario respecto una actividad absolutamente próxima a la anterior en relación con una situación de minusvalía preexistente a la contratación y no sobrevenida. Finalmente no debe olvidarse que el objeto del RD 1451/1983, de 11 de mayo, era favorecer la incorporación de los minusválidos, tanto originarios como sobrevenidos, a puestos de trabajo en la empresa ordinaria.

Administrativo

Recurso de casación en interés de la Ley. Doctrina legal: “No puede entenderse que un vial, por el mero hecho de no estar incluido en el correspondiente Inventario de Bienes Municipales , no es de titularidad municipal.  Tribunal Supremo. Sentencia de fecha: 21 de mayo de 2008-09-16
Ningún precepto del Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local (R.D.L. 781/86, de 18 de Abril ), ni del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de 13 de Junio de 1986 (artículos 17 a 36 ), permite concluir que el Inventario tenga efectos constitutivos para el dominio público, de forma que sólo los bienes incluidos en él lo sean, o que sólo mediante su inclusión en él pueda probarse su condición de tales.

Impugnación requerimiento del Plan de acondicionamiento de vertedero de residuos. Tribunal Supremo. Sentencia de fecha: 17 de junio de 2008
No existe en absoluto infracción del principio de eficiencia en la actuación de la Administración (artículo 3.2 de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre ), ya que ésta ha actuado con la eficiencia que el Real Decreto 1481/01 le impone; actuar como quiere la mercantil recurrente hubiera significado que la Administración incumpliera su obligación de controlar la adecuación de los vertederos preexistentes a las previsiones de aquél.

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